A pesar de la imagen internacional de Costa Rica como un país «pura vida», sin ejército y promotor de la paz perpetua, la realidad interna muestra un panorama mucho más sombrío en cuanto a sus políticas de drogas. Detrás de esta fachada pacífica, el Estado ha implementado una política de persecución hacia los usuarios de drogas, priorizando la proyección de un compromiso internacional contra el narcotráfico por encima de los derechos y el bienestar de sus propios ciudadanos.
La legislación costarricense sobre drogas es muy precisa al definir las 14 acciones que pueden llevar a una persona a ser castigada por delitos relacionados con drogas. Específicamente, la Ley 8204 prohíbe las acciones de comercializar, suministrar, fabricar, elaborar, refinar, transformar, extraer, preparar, cultivar, producir, transportar, almacenar y vender los productos y sustancias prohibidas por esta ley, o cultivar las plantas de las que se obtienen. No obstante, más que ser categorías delictivas sustentadas en criterios formales, la normativa ha seguido el modelo internacional de penalización “escalonada”, que busca abarcar todas las fases del proceso de comercialización de sustancias ilícitas, cerrando cualquier posibilidad de impunidad (Espinoza, 2009).
Sin embargo, esta meticulosidad en la legislación no se refleja en los criterios para interpretar el grado de involucramiento de los sentenciados en el tráfico de drogas. Aunque el uso personal de sustancias ha sido despenalizado, la ley carece de directrices que permitan diferenciar entre la posesión de drogas con fines de venta y aquella destinada al consumo personal.
Este vacío en la legislación permite una persecución desproporcionada de usuarios y pequeños distribuidores de drogas, quienes carecen de los recursos jurídicos necesarios para defenderse, mientras que los grandes traficantes a menudo eluden los procesos judiciales. De esta forma, la ambigüedad de la ley convierten el marco legal en una herramienta de criminalización selectiva, facilitando interpretaciones arbitrarias sobre quién puede ser considerado un “delincuente” y dejando a los más vulnerables a merced de un sistema punitivo.
A pesar de las reformas en la legislación de drogas, una porción significativa de los recursos de seguridad se sigue destinando al decomiso de sustancias de uso personal. Este amplio margen de acción que tienen las fuerzas de seguridad, ha resultado en numerosos abusos y en la criminalización injustificada de consumidores, perpetuando un ciclo de estigmatización y marginación.
La ineficacia del sistema legal en la lucha contra el narcotráfico se evidencia en las estadísticas del Ministerio de Justicia y Paz de 2023, que revelan una realidad preocupante: de las 3,840 personas sentenciadas por delitos de drogas en Costa Rica, solo el 0.02% fueron condenadas por legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, y el 8.5% por tráfico internacional (Ministerio de Justicia y Paz, 2024). En contraste, la mayoría de los condenados son individuos implicados en delitos menores, relacionados principalmente con la distribución a pequeña escala. Estos datos evidencian una política que castiga a los eslabones más débiles de la cadena de distribución de drogas, mientras que los verdaderos actores operan con mayor libertad, eludiendo el control estatal.
En este contexto, surge la interrogante: ¿Es esta una política fallida o una estrategia deliberada?
El presidente Rodrigo Chaves ha destacado en su discurso oficial un aumento en el número de detenciones y decomisos de cocaína, subrayando que las nuevas tecnologías implementadas en el mega puerto de APM Terminals permitirán rastrear mercancías con drogas, garantizando que «ni una onza» pasará desapercibida (Semanario Universidad, 2024). Si bien el discurso oficial posiciona a Costa Rica como un país aliado a la estrategia de la Guerra contra las Drogas, los datos del Ministerio de Seguridad Pública presentan una realidad distinta: aunque en 2023 hubo un aumento del 6% en las incautaciones respecto a 2022, este último fue el año con el nivel más bajo de decomisos en los últimos seis años. Paralelamente, 2023 registró un récord de homicidios relacionados con disputas entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico (Semanario Universidad, 2024), y en 2024, esta tendencia parece seguir en aumento.
Mientras tanto, las cárceles continúan saturándose con personas de clase baja condenadas por delitos menores relacionados con drogas, y los procesos judiciales se ralentizan debido al exceso de casos abiertos. En este escenario, el sistema judicial muchas veces actúa como un instrumento para mantener el orden establecido, perpetuando desigualdades económicas explicables históricamente.
Esta persecución estatal no se limita al ámbito legal, sino que se extiende al terreno social, impactando profundamente la percepción pública. La criminalización de los usuarios de drogas genera un clima de desconfianza y refuerza estereotipos negativos asociados al consumo. Al enfocar la atención en la demonización del consumidor, se ignoran las condiciones sociales y económicas que subyacen al fenómeno del narcotráfico. Esto distorsiona la comprensión del problema y limita la búsqueda de soluciones efectivas.
En los últimos años, Costa Rica ha centrado su atención en las condiciones de vulnerabilidad social de la población penitenciaria, especialmente en las personas de bajos recursos dentro del sistema carcelario. Aunque este enfoque es crucial para visibilizar las desigualdades y las necesidades específicas de esta población, también presenta riesgos si se convierte en el único punto de atención. Sin un esfuerzo consciente para desestigmatizar la figura del “delincuente”, estas iniciativas podrían terminar perpetuando la misma narrativa de criminalización que intentan desafiar.
Además, el énfasis exclusivo en la vulnerabilidad social de quienes cometen delitos relacionados con drogas ha dejado fuera del análisis a otros perfiles involucrados, que no necesariamente viven en condiciones de precariedad. Aquellos en posiciones más altas dentro de las redes de tráfico, rara vez son objeto de estudios profundos por parte de las instituciones estatales. Esta falta de investigación sobre otras formas de delincuencia contribuye a una comprensión limitada de las dinámicas del tráfico internacional de drogas, perpetuando la criminalización desproporcionada de los sectores más vulnerables.
En conclusión, el enfoque de Costa Rica en la lucha contra las drogas revela una paradoja entre su imagen internacional como país pacifista y la realidad de una persecución desproporcionada hacia los usuarios y pequeños distribuidores. Es esencial reformar la ley y priorizar políticas de salud pública y reducción de riesgos para lograr una política de drogas más equitativa y eficaz.
Fuentes bibliográficas:
Espinoza, Walter. (2009). Delitos de tráfico de drogas: actividades conexas y su investigación. Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial.
Ley N° 8204: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Costa Rica: Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2010.
Ministerio de Justicia y Paz. 2024. Población privada de libertad sentenciada por delitos contra la Ley de Psicotrópicos según delito cometido, 2023. Costa Rica.
Murillo, Álvaro. “Decomiso de cocaína en 2023 volvió a quedar lejos del promedio 2018-2021 pese a escáneres en Moín.” Semanario Universidad. 8 de febrero de 2024. https://semanariouniversidad.com/pais/decomiso-de-cocaina-en-2023-volvio-a-quedar-lejos-del-promedio-2018-2021-pese-a-escaneres-en-moin/#:~:text=Datos%20oficiales%20entregados%20por%20el,de%20los%20%C3%BAltimos%20seis%20a%C3%B1os.