Desde los albores de la humanidad las drogas han estado presentes como aliadas del ser humano. En Mesopotamia, el opio calmaba el dolor físico y emocional; en la Grecia antigua, el pharmakón simbolizaba tanto el remedio como el veneno; y en las culturas precolombinas las plantas psicoactivas eran puentes entre la vida y lo divino. Sin embargo, lo que alguna vez fue sagrado y cotidiano, con el tiempo se convirtió en objeto de prohibición y estigma. La institucionalización del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano marcó el inicio de una cruzada contra aquellas sustancias ajenas a la fe. Lo que no encajaba en los dogmas cristianos fue calificado como herejía, símbolo del diablo. Se quemaron los libros y se persiguió el conocimiento. Occidente olvidó durante siglos el saber acumulado.
Con la modernidad, las drogas reaparecieron, ahora como productos del comercio global. Las potencias coloniales explotaron recursos y exportaron sustancias psicoactivas que se integraron en sus economías. Las Guerras del Opio (s. XVIII y XIX) mostraron cómo las drogas podrían ser armas de dominación geopolítica. En el s.XX, el prohibicionismo tomó forma. Leyes como la Harrison Act de 1914 en EE.UU. criminalizaron ciertas sustancias al vincularlas a comunidades racializadas y la xenofobia. En los 70, Nixon, acorralado por los movimientos contra la guerra de Vietnam, institucionalizó la llamada «Guerra contra las Drogas». Sin embargo, su asesor J. Ehrlichman reconoció que dicha guerra no más que una herramienta para perseguir a las comunidades afroamericanas y a la izquierda militarista, contrarias a la intervención militar.
Desde entonces, la comunidad mundial persigue, reprime y criminaliza a las gentes y a los pueblos, en una cruzada moral por la supuesta salud de la humanidad. Pero el fracaso es evidente: lejos de desaparecer, las drogas son más abundantes que nunca. La producción y el consumo alcanzan records históricos cada año. Mientras, sigue creciendo la criminalización, la violencia y la desigualdad. Entre las más afectados están las mujeres y los colectivos disidentes, quienes han sido marginados tanto por el sistema como por el estigma social.
Para muchas mujeres, especialmente en comunidades rurales y empobrecidas, la participación en el microtráfico o cultivo es cuestión de supervivencia. Sin alternativas, es su única forma de sostener a sus familias. Ocupan los eslabones más débiles de la cadena del narco, siendo más vulnerables frente a las fuerzas de seguridad. Carnes de cañón, son las primeras en recibir la violencia comunitaria que la prohibición genera en esas zonas. Solo en 2020, México, atrapado en su feminicidio sistemático y narcoviolento, cobró la vida de casi 2000 mujeres. Los estados afectados por el narcotráfico se vuelven estados fallidos. La corrupción corroe sus estructuras y debilita sus sistemas judiciales, mientras la única respuesta suele ser la militarización. Los principales beneficiarios son las industrias de la seguridad: fuerzas armadas, cárceles privadas, cuerpos policiales que monopolizan los recursos de los estados, en lugar de destinarse a servicios públicos y desarrollo de la sociedad.
En este contexto, las mujeres envueltas en el narcotráfico comparten una realidad común: según datos de WOLA, el 56% son víctimas de violencia doméstica, el 87% cuidadoras, el 72% acusadas por delitos no violentos, y el 62% sin antecedentes penales. Pero la justicia no contempla estas circunstancias y son encarceladas en masa con mayor severidad que los hombres. Los delitos relacionados con drogas son la principal causa de encarcelamiento femenino a nivel mundial. La prisión preventiva es abusiva: se les aplica hasta tres veces más. Las condiciones carcelarias son especialmente crueles para ellas. Muchas, siendo las principales cuidadoras, ven devastadas sus familias. Sentencias desproporcionadas condenan a sus hijas a la exclusión social, empujándoles al círculo vicioso del narcotráfico. En el caso de las personas LGBTQ+, las consecuencias son aún más graves: las mujeres trans son alojadas en cárceles que no corresponden con su identidad, exponiéndoles a abusos y aislamiento, y excluyéndolas de programas de rehabilitación y reducción de daños.
Así mismo, las comunidades más empobrecidas han sido objetivo directo de las campañas más sanguinarias del último siglo como las ejecuciones extrajudiciales promovidas por Duterte en Filipinas desde 2016. En comunidades indígenas y rurales, la guerra ha significado la pérdida de derechos económicos, culturales y ambientales. La erradicación de cultivos se ha realizado sin construir alternativas. La criminalización de prácticas ancestrales como el uso tradicional de la hoja de coca viola sus derechos culturales. Además, estrategias como la fumigación aérea destruyen ecosistemas vulnerables, sus medios de vida, generando desplazamientos masivos y crisis humanitarias.
A esta lista de agravios se suma la violencia de género vinculada al consumo. Las mujeres usuarias tienen mayor probabilidad de sufrir violencia de su pareja, y viceversa. Estigmatizadas como transgresoras de roles tradicionales, son doblemente castigadas: por consumir y por no ajustarse a las normas sociales. Este estigma reduce su acceso a programas de apoyo y asistencia. La invisibilidad y la falta de perspectiva interseccional es evidente en esta guerra. Faltan datos desagregados y metodologías que aborden particularidades como la pobreza, la desigualdad estructural y los roles de cuidado. Sobran políticas antidrogas diseñadas desde una perspectiva punitiva masculina que no han dejado de fracasar.
La derrota de esta guerra es innegable. No ha resuelto los problemas asociados al consumo y al narcotráfico y ha profundizado las desigualdades estructurales, desestabilizado comunidades enteras y erosionado los derechos humanos de los más vulnerables. Sin embargo, las alternativas existen. Países como Portugal han demostrado que la despenalización del consumo combinada con políticas de salud pública reduce significativamente los daños. Movimientos liderados por mujeres y disidencias, como Metzineres en España, han creado espacios seguros, brindando apoyo y dignidad a quienes han sido marginadas. Instrumentos como el Protocolo de Género del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Colombia están implementado perspectiva de género. Proyectos comunicativos como Elementa DDHH en México desintoxican las narrativas asociadas al estigma de las drogas.
Replantear las políticas de drogas desde un enfoque basado en derechos humanos, justicia social y perspectiva de género no solo es urgente, es imprescindible. Este cambio no depende únicamente de gobiernos e instituciones, sino también de la acción colectiva y el reconocimiento del valor de las voces de mujeres, disidencias y comunidades indígenas. Ellas, las más afectadas, deben ser las protagonistas de un cambio necesario.
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