Desde hace unos días voy leyendo el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Para quien no la conozca, se trata de un órgano independiente y cuasi judicial creado en virtud de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Formada por 13 miembros, se trata del organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento de las diferentes Convenciones y tratados que conforman el actual sistema político global en relación a las drogas.

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Este año, la JIFE abre el informe con un capítulo con un título más que llamativo: “La salud y el bienestar de la humanidad: dificultades y oportunidades para la fiscalización internacional de drogas”. En él, muestra su absoluto convencimiento de que el camino correcto es insistir en el estricto cumplimiento de las Convenciones y de que las “consecuencias no deseadas” fruto de su aplicación, son más una responsabilidad de los Estados que un producto de ellas mismas.

Esta primera parte del Informe insiste en que la salud y el bienestar mundial son las principales prioridades del sistema internacional de (des)”control” de las drogas. Por ello, sólo acepta como lícito (en todos sus sentidos) los usos médicos y científicos de drogas, siendo todo lo demás un “uso indebido” que hay que prevenir y eliminar si se produce. Valga como muestra de esto último la llamada de atención a Francia por su intención de poner en marcha las salas de consumo supervisado que, paradójicamente, cuentan con una sólida evidencia científica de su capacidad para reducir los daños en las personas consumidoras que más riesgo tienen de sufrirlas: las inyectoras:

“En ocasiones anteriores la Junta ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la apertura de salas de consumo de drogas no fuese compatible con las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas. La JIFE recuerda a todos los Estados que el objetivo último de las medidas de tratamiento del abuso de drogas debe ser el abandono del consumo de drogas por medio del tratamiento de la adicción, tratamiento que debería ir acompañado de medidas de rehabilitación y de reinserción social. Por consiguiente, toda forma de asistencia que se ofrezca a las personas que padezcan drogodependencia debería prestarse en un marco que contemple la remisión activa de esas personas a servicios de tratamiento” (p. 23).

Esta resistencia a contemplar medidas válidas que no sean aquellas que exclusivamente se dirigen a la abstinencia posiblemente descansa, entre otras cosas, en una visión moral y paternalista del consumo de drogas. Este paternalismo queda más que evidente cuando se nos dice que:

“Las sustancias psicoactivas, estén o no fiscalizadas internacionalmente, no son productos ordinarios, en el sentido de que gran parte de los ingresos de los vendedores provienen de consumidores que no pueden controlar su hábito ni su adicción de forma voluntaria ni racional. Incluso en un hipotético sistema político, social y jurídico en el que se asumiera que no deben restringirse las decisiones de consumo de la población adulta y que se debe dar libertad a los productores para satisfacer y fomentar la demanda de los consumidores mediante la mercadotecnia, podría ser razonable hacer una excepción en el caso de las sustancias psicoactivas. Ello tendría por objeto proteger a los consumidores de su falta de conocimientos y de los errores al adoptar decisiones (que el propio consumo de la sustancia podría agravar), reducir al mínimo las enfermedades y los fallecimientos evitables, y proteger a otras personas de las consecuencias del comportamiento bajo los efectos de las drogas” (p. 2).

Pero, con este claro posicionamiento paternalista en relación a las drogas y los consumidores, la JIFE falla estrepitosamente a la hora de considerar un aspecto central que determina el fracaso del sistema actual de (des)”control” de las drogas: que la realidad nos indica que la demanda de drogas, igual que las drogas mismas, ha existido, existe y existirá siempre. Reducir los daños que las drogas ocasionan a la población de todo el mundo, así como los generados por una política inadecuada, pasa necesariamente por reconocer, aceptar y aprender a convivir con una demanda de estos productos que es necesario regular de manera adecuada y no con una simple prohibición. Mientras este reconocimiento, aceptación y aprendizaje no se produzca, la vida de millones de personas en el mundo tendrán como amenaza unas políticas que deberían servir para protegerlas, no para castigarlas.