¿Qué ha pasado?

Este año los preventólogos de las drogas hemos visto con desagradable sorpresa como algunos centros educativos y policías locales realizaban en las aulas actuaciones claramente represivas y antieducativas respecto a la presencia de tóxicos. Como sería ejecutar registros, algunos integrales (dejar al menor desnudo) y entrar en las aulas con perros antinarcóticos, saltando el derecho a la intimidad, causando aún más segregación juvenil y estigmatizando a alumnos con dificultades.

Ante esto algunos nos quejamos amargamente de estas actuaciones, ya que sabemos que no sólo no son preventivas, sino todo lo contrario. Las quejas curiosamente no tuvieron mucho seguimiento por parte de la Comunidad Preventiva. ¿Por qué? Pues porque se considera que los centros educativos y las policías locales son socios estratégicos de la prevención.

¿Socios estratégicos de la prevención?

De hecho, desde hace tiempo se realiza prevención en las aulas, y suele ser en forma de talleres de sensibilización. Ahora bien, estos talleres han ido cogiendo un talante más normativo que holístico, por eso cada vez los ejecutan más agentes de los mozos de escuadra que no entidades y gente del ramo social y educativo. No se quiere que el alumnado tenga una dialéctica en este tema, sino unas instrucciones claras de «esto no se hace ni se toca». La estrategia es pedagógicamente cuestionable si quien se tiene delante son adolescentes y jóvenes. Tanto da, lo políticamente correcto parece más conveniente que el sentido común.

Sin embargo, el caso es que esta perspectiva normativa en prevención conecta perfectamente con la lógica policial y de ahí a las intervenciones represivas hay medio milímetro. La Comunidad Preventiva creo que se está equivocando de pleno, ya que la prevención está decantando a posturas contrarias a ella misma. Por ejemplo, sabemos que cuando Portugal cambió su política represiva en ofrecer apoyo, simplemente fueron mejorando en cuestiones importantes, como bajar las muertes por sobredosis y la disminución del consumo de drogas por parte de escolares.

Con la idea de mantener socios estratégicos, se está renunciando a defender las ideas salutogénicas en materia de drogas, perjudicando a nuestros jóvenes. Sobre todo que no se enfaden los del Instituto ni la Policía Local… No parece una gran idea.

No parece una gran idea

El caso es que los centros educativos y las policías locales, además son muy reglamentarios y normativos por su naturaleza, aunque los primeros quizás no deberían serlo tanto. El punto es que se acaban ciñéndo al marco normativo general en materia de seguridad. En este sentido, si este marco se llama circunstancialmente Ley Mordaza, entonces nos garantizamos la vulneración de derechos fundamentales, ya que esta ley ya ha sido denunciada por la ONU por estos motivos. Además, es esta ley la que habilita a un agente a dejar desnudo a un menor por una sospecha de tenencia de cannabis.

¿Y ahora qué?

Para acabar, ¿qué postura debería tomar la Comunidad Preventiva? Desde un punto de vista social y educativo se debería de denunciar firmemente esta situación. Aunque alguien pueda ofenderse, quizás cuando se dé cuenta de la realidad agradecerá haber sido avisado. También se debería pedir la suspensión de protocolos, reglamentos y normativas porque están condicionados por la Ley Mordaza.

Por otra parte, se debería interpelar a los políticos para que se percaten de que están siendo el brazo del ex ministro Alberto Fernández Díaz cuando la policía local actúa así. Crear debates en este sentido nos debe liberar de las cloacas del Estado, que es de donde sale esta maloliente Ley. Priorizar alianzas estratégicas con quien ni se da cuenta de ello, a costa de la prevención, es tirarse un tiro en el pie.