Me quedó grabada en la retina esta frase que me dijo hace unos meses Joan Colom, subdirector general de Adicciones, de VIH, ITS y Hepatitis Víricas de Cataluña. Aunque estas palabras puedan parecer una obviedad, dejan una huella muy definida de por qué si un mundo sin consumo de drogas es una utopía, las políticas que prohíben ese consumo también lo son. Solo partiendo de la realidad del consumo podemos confeccionar soluciones eficaces, políticas públicas que aborden todas las vulnerabilidades de una persona que consume drogas. Hablamos de la estrategia de reducción de riesgos y daños, un enfoque no exento de polémica, muy presente en países como Canadá, Países Bajos o España, que toma impulso en Colombia.
La estrategia de reducción de riesgos y daños forma parte del cambio de narrativas sobre drogas en el que Colombia viene trabajando desde la sociedad civil y las instituciones. “Es un enfoque que busca retornar la dignidad y la humanidad de las personas que usan drogas. Estas personas han sido uno de los grupos más estigmatizados y deshumanizados por las políticas que han criminalizado durante mucho tiempo el consumo”, apunta Inés Elvira Mejía, consultora en política de drogas.
En este contexto, Colombia promulgó el año pasado la Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico” con un capítulo dedicado a la reducción de daños. Tras la crucial resolución de marzo de 2024 en la que la 67º Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas votó, por primera vez, incluir las medidas de reducción del daño en los textos internacionales, no es casualidad que este enfoque empiece a tomar un papel clave en las políticas de drogas.
La reducción de riesgos y daños es una estrategia transversal que abarca todo el contexto de una persona que consume estupefacientes y busca minimizar el impacto negativo que este consumo puede tener en su vida. No es un enfoque novedoso, se lleva trabajando en él desde hace más de 30 años a raíz de la epidemia de heroína de los años 80, pero sus formas han variado para dar lugar a nuevas miradas.
En el año 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una advertencia en relación a las “consecuencias imprevistas” del impacto que las políticas de drogas únicamente centradas en la interdicción y la prohibición estaban teniendo. Por primera vez se reconocieron los aspectos negativos y se introdujo el término “reducción de daños”. Entre otros, la UNODC hacía mención a la creación de mercados negros criminales en torno a las sustancias psicoactivas, al desplazamiento del consumo a barrios más humildes y con menos servicios de atención, y a la estigmatización de las personas usuarias: el enfoque prohibicionista estaba empujando a la exclusión social e invisibilización de las personas que usaban drogas. A partir de este momento se generó una gran apertura hacia la búsqueda de otras miradas más humanas y efectivas.
Así, el abordaje viró hacia lo sanitario y, ahora, este enfoque de salud se conjuga con lo social, el ámbito laboral o el judicial para poder dar una respuesta completa a todas las vulnerabilidades. Una estrategia que abandona el prohibicionismo y el abstencionismo y a través de la cual se ofrece seguridad a la persona usuaria y a la comunidad. Por ejemplo, repartiendo jeringas para evitar su reutilización o que se compartan, recogiéndolas del espacio urbano, impulsando espacios de consumo supervisado que aseguren una rápida actuación ante una sobredosis o atendiendo a factores estructurales como la vivienda o el trabajo.
“Hay que mirar todas las vulnerabilidades y todos los vectores de opresión. Lo que se ha venido evidenciando es que, cuando se reducen esas vulnerabilidades, el consumo de sustancias no es necesariamente problemático. Realmente lo que está por debajo de las problemáticas asociadas al consumo muchas veces no es la sustancia misma, sino todas las exclusiones”, apunta Silvie Ojeda, directora de comunicación de Metzinères, cooperativa de Barcelona que crea entornos de cobijo para mujerxs que usan drogas y sobreviven a múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia.
La sociedad civil: voz clave en el proceso
La sociedad civil ha tenido un papel fundamental en la búsqueda de respuestas a la problemática que las drogas han creado en muchas comunidades de Colombia. Ejemplo de ello es el trabajo en Bogotá de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde el 2009 con gobiernos y organizaciones para promover “los derechos humanos de las personas que consumen sustancias psicoactivas desde un enfoque de prevención y reducción de riesgos y daños”. ATS cuenta con el dispositivo de base comunitaria ‘Cambie’, la primera sala de consumo supervisada de Sudamérica.
Para Ana María Rueda, coordinadora de la unidad de seguimiento y análisis sobre la política de drogas en la Fundación Ideas para la Paz, “las instituciones colombianas han sido quienes han promovido la reducción de daños. Sin embargo, los cambios de gobierno han generado cambios en estos apoyos y es la sociedad la que ha sostenido en el tiempo estas intervenciones”. Según Ana María, el reto ahora es que se promulgue una estrategia nacional de reducción de daños que genere sostenibilidad en el tiempo a estas acciones y que conecte las iniciativas de la sociedad civil, de los gobiernos locales y de la cooperación internacional.
En palabras del exviceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Camilo Umaña, durante la ‘Presentación de los resultados del proceso de asistencia técnica para el diagnóstico y fortalecimiento de la estrategia nacional de reducción de daños y riesgos’ el pasado 24 de septiembre en Bogotá, “la sociedad civil tiene el rol de guiar a las instituciones hacia las intervenciones más apropiadas. Es un rol también de alertar sobre aquellos procesos que puedan no estar siendo bien adaptados a esos contextos y es un rol de mayor proximidad sobre todo en contextos donde hay más vulnerabilidad y más desconfianza frente a las instituciones. La sociedad civil permite articular los procesos más allá de la duración de las políticas”.
Parece indiscutible que las comunidades son las grandes expertas de su contexto y, por tanto, su voz es fundamental en el diseño de políticas públicas conectadas con la realidad y sostenibles en el tiempo. Aunque el estigma frente al consumo de drogas sigue atravesando e invisibilizando mundialmente a usuarios y usuarias, son cada vez más las iniciativas que abordan la reducción de riesgos y daños. Un enfoque que pone en el centro la vida. Nuevas narrativas que desmovilizan la llamada “guerra contra las drogas” para dar paso a espacios de respeto, justicia y salud para las personas que consumen sustancias.
