“Es apenas el temblor que despierta al sistema”: así fue la Conferencia Internacional de Reducción de Daños en Bogotá

La 28ª Conferencia Internacional de Reducción de Daños (HR25) se celebró en Bogotá, Colombia, del 27 al 30 de abril. Un hecho histórico cargado de simbolismo con América Latina como protagonista y líder en impulsar políticas de drogas basadas en la justicia social, los derechos humanos, con un enfoque decolonial y de género.

Marina Sardiña | Bogotá (Colombia)

«Estamos aquí echándole más tierra a la tumba de la prohibición para que germine la vida», enfatizó en su discurso Julián Quintero, director de la organización Acción Técnica Social, durante el acto de apertura de la 28ª Conferencia Internacional de Reducción de Daños (HR25) que se celebró en Bogotá a finales de abril. «En Colombia nos volvimos expertos en innovar para fracasar en la prohibición (…) necesitamos una política de drogas que reconozca la diversidad territorial y ancestral«, continuó Quintero durante uno de los discursos más aplaudidos por el auditorio.

El hecho de que la conferencia se realizara en un país de Abya Yala, convocando a casi mil personas de todo el mundo procedentes de distintos ámbitos: activistas, liderazgos comunitarios, personas consumidoras, académicas, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y representantes de gobiernos, tiene un fuerte simbolismo. 

Marca también una ruta hacia el liderazgo en políticas de drogas y de reducción de daños con más justicia social, más equitativas y decoloniales desde el Sur Global, que según destacaron varias conferencistas: «No es un receptor pasivo de las políticas impuestas, sino un agente con voz propia y capacidad de decisión».

Muchas de las personas participantes fueron críticas con el asistencialismo del Norte Global a los países del sur en materia de reducción de daños, y lo fácil que el sistema colapsa cuando surge una crisis o un Gobierno contrario a estas políticas, en referencia a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos y el desmantelamiento de USAID, que impactó fuertemente en la financiación de proyectos que cubrían temas relacionados con la salud de personas y comunidades históricamente vulnerabilizadas: migrantes, LGBTIQ+ o población carcelaria. 

«La construcción de una masa crítica global, de gobiernos y organizaciones frustradas con el statu quo, es una nueva estrategia de incidencia colectiva», remarcó la embajadora en misión especial para la Política Global de Drogas de Colombia y representante permanente de la ONU en Viena, Laura Gil, apuntando a que «hablar de drogas» desde el Sur Global es también hablar de democracia, paz y dignidad, a través de una diplomacia transformadora «que no impone, persuade». 

Durante la apertura, la HR25 otorgó este año el Premio Nacional Rolleston a la colombiana Inés Elvira Mejía Motta, conocida como la «madre» de la reducción de daños en el país. En su discurso afirmó que la importancia de la reducción de daños radica en la resistencia a la censura y al control que las sociedades y los Estados «intentan imponer sobre los cuerpos y las conciencias libres». 

 

«No hay política legítima sobre drogas que excluya a la persona»

Por todo ello, el punto de encuentro no fue baladí. Colombia, y su población, han padecido durante décadas la fallida «guerra contra las drogas», que todavía deja altas cifras de violencia y muerte en todo el territorio. «Durante más de 50 años nos hicieron una promesa bastante simple: más represión igual a menos drogas. En realidad, solo nos cumplieron la mitad de la promesa, la parte de la represión», expresó en su intervención el miembro de la Cámara de Representantes y político independiente, Daniel Carvalho Mejía.

Durante los cuatro días que duró el evento –del 27 al 30 de abril–, la reducción de daños moduló una agenda enfocada también en cuestionar el prohibicionismo y punitivismo desde diversas posturas encauzadas bajo un enfoque de género, medioambiental, territorial, decolonial y un férreo énfasis en salud pública. «El ser humano debe estar en el centro. No hay política legítima sobre drogas que excluya a la persona», dijo en su intervención la ministra de Justicia (ahora exministra) del país anfitrión, Ángela María Buitrago. 

Buitrago fue clara en su discurso: «No se trata de promover el consumo, sino de reconocer el derecho a tomar decisiones informadas, autónomas y conscientes». Por ello, el valor tan destacado de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, que desplegaron sus stands con información y pedagogía sobre el consumo de sustancias de forma segura, y los métodos y mecanismos que utilizan para la reducción de daños en sus países, como el testeo de drogas. Mientras, en las salas contiguas se realizaban decenas de conferencias, paneles, charlas y debates en torno a las políticas de drogas enmarcadas bajo el lema de la conferencia: «Sembrando Cambios para Promover Justicia» y el objetivo común de un abordaje desde los derechos humanos.

 

Mujeres usuarias de sustancias: de criminalizadas a alzar la voz sin miedo

Beatriz Maldonado mide unos 1,50 metros, pero su voz se alarga más que su sombra cuando narra su historia personal de prisión y destierro en una de las prisiones más crueles de México. Inicia así: «Fui una mujer encarcelada por un delito de drogas. Triplemente sentenciada: por no ser una buena madre, una buena mujer y una buena ciudadana. Le rompí el corazón y la ilusión al Estado». 

El relato –y la sombra– de Beatriz se alargan y adquieren una materia con cuerpo propio. Entonces, deja de ser «chiquita» y se viste con un traje que le encaja a medida: lideresa, activista y fundadora de la organización Mujeres Unidas por la Libertad (México), que lucha por los derechos de las mujeres encarceladas por delitos de drogas en su país y por una perspectiva de género, salud mental, derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. 

«Fui juzgada sin perspectiva de género. Condenada por la ley, pero también por la sociedad». De su historia de torturas y vejaciones nace su lucha. Tras salir de la cárcel cumplió con la promesa que le hizo a sus compañeras, alzar la voz, tomarse las calles y regresar para reclamar por los derechos de ellas y de las 14.000 mexicanas encarceladas por delitos de drogas. 

En 2020, México aprobó la Ley de Amnistía que buscaba la justicia y restitución de derechos reconociendo el impacto de políticas punitivas en personas y comunidades vulnerabilizadas. Maldonado critica que no ha sido eficaz: «La ley de amnistía en nuestro país dice que todas las mujeres que fueron encarceladas por el uso de drogas tendrían la oportunidad de buscar una alternativa. No existe la logística para liberar a nuestras mujeres por el delito de drogas que llevan años sin sentencia. Tenemos que erradicar el punitivismo desde las políticas públicas». 

Algo similar sucede en Colombia con la Ley de Utilidad Pública, sancionada en 2023 y que cuenta con menos de 200 mujeres en libertad acogidas a la norma. «Para que la ley funcione se necesita capacitar a jueces, fortalecer la presentación de solicitudes por parte de las mujeres y asegurar el acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo», explica Isabel Pereira, investigadora de DeJusticia. 

El enfoque punitivo del sistema judicial y policial afecta de forma desproporcionada a las mujeres, también a las usuarias de sustancias. La mayoría de las mujeres privadas de la libertad están por delitos relacionados con drogas; muchas veces son castigadas con mayor severidad por romper el «mandato de género». «En algunos casos, los jueces aplican sentencias más severas porque quieren castigar esta traición al mandato de género», explica Pereira. 

La conferencia de reducción de daños tuvo como protagonistas a mujeres que desde distintos ámbitos trabajan para desafiar la estigmatización, romper con las desigualdades estructurales y la aplicación de un enfoque de género real en las políticas de reducción de daños. 

La investigadora de DeJusticia se muestra también crítica con la reducción de daños y la falta de financiamiento, señalando su insuficiencia para incorporar un enfoque de género, llevando a que muchas veces no responda a las realidades específicas de las mujeres usuarias. En muchos casos, la única «oferta institucional» es la retirada de la custodia de sus hijos, sin considerar otras necesidades como su salud.

 

Enfoques integrales y comunitarios: hacia una reducción de daños más ecológica

En la agenda participaron diversas lideresas indígenas y comunitarias, que remarcaron la necesidad de ampliar la noción de «reducción de daños» hacia los perjuicios causados a la «Madre Tierra», especialmente por la «guerra contra las drogas». La lideresa indígena Nasa, Luz Mery Panche Chocué rechazó el concepto de «sustitución de cultivos de uso ilícito», alegando que las plantas no son ilegales ni ilícitas. «La coca no es ilegal. Lo ilegal es el modelo económico que la pervierte».

Los daños de las políticas de drogas mundiales sobre la tierra y quienes la trabajan fueron destacados por activistas campesinas como Claudia Lopera, que apuntó cómo la transición olvida a quienes han puesto el cuerpo durante décadas: «Las campesinas, las madres, las niñas de los territorios rurales» y continuó con una reivindicación que tiene el eco de miles como ella: «las políticas deben construirse desde el territorio, con la voz de quienes han vivido el conflicto, no desde los escritorios en Bogotá o en Viena». 

En la misma línea, desde el vecino Brasil, Dandara Rudsan de la Iniciativa Negra por una Nueva Política de Drogas emocionó a los asistentes con su llamado: «No será posible alcanzar un estado de paz y justicia sin garantizar el derecho a la tierra, sin reforma agraria y sin la participación directa de las comunidades y pueblos tradicionales en el desarrollo de políticas». 

Por su parte, Paula Kahn, miembro de la Coalición Internacional para la Reforma y la Justicia Ambiental de la Policía de Drogas y de la Alianza de Políticas de Drogas Indígenas Internacionales, apeló a la interseccionalidad y el trauma histórico del colonialismo, el genocidio o el imperialismo como un factor significativo en la iniciación del uso de sustancias. 

La reunión bianual evidenció cómo las políticas prohibicionistas y el punitivismo derivan en políticas patriarcales, racistas y coloniales. «Es crucial que construyamos la memoria histórica para entender cómo el colonialismo, la abducción masiva, el tráfico, el ensalzamiento y la explotación laboral extrema transformaron la relación humana con las sustancias psicoactivas y el uso humano de las sustancias psicoactivas», dijo Kahn.

Pese a los avances y casos de éxito expuestos en el congreso, quedaron patente las resistencias estructurales de muchos Estados para acoger políticas de reducción de daños sin estigmatización, así como la falta de financiación para su implementación. «Esto es una señal de que el debate global sobre drogas ha entrado en una nueva fase. Una fase que valora la rendición de cuentas más que el silencio, y el progreso más que la inercia», concluyó Laura Gil. Una conversación sobre la que ahora orbitan y guían países históricamente marginados de la discusión: «este no es el final del camino, es apenas el temblor que despierta al sistema».