El informe ‘Atlas de Adicciones de España‘ ofrece por primera vez una visión global y territorializada del conjunto de servicios que existen en el país para atender las adicciones. Se trata de una herramienta clave para comprender el estado actual del sistema, identificar carencias y sentar las bases para políticas públicas más equitativas, efectivas y centradas en las personas.

El Atlas responde a una necesidad urgente: hasta ahora no existía en España un inventario completo y sistemático de los recursos específicos para la atención a las adicciones. La dispersión de competencias, la diversidad de modelos autonómicos y la escasa visibilidad de algunos dispositivos dificultaban tener una imagen clara del sistema.

El estudio está elaborado con el objetivo de mapear, analizar y contextualizar los servicios específicos de atención a las adicciones en el conjunto del Estado. No se limita a un simple inventario, sino que también analiza su distribución territorial, el nivel de cobertura, el tipo de población atendida, la especialización por tipo de adicción y las características de los dispositivos.

Además, se identifican más de 1.200 recursos específicos distribuidos por toda España, incluyendo centros de tratamiento ambulatorio, unidades de desintoxicación hospitalaria, comunidades terapéuticas, dispositivos de reducción de daños, servicios de intervención precoz, recursos especializados en adicciones sin sustancia, y programas dirigidos a adolescentes o personas con medidas judiciales.

El contexto actual de las adicciones en España se caracteriza por una doble transformación. Por un lado, las adicciones sin sustancia están creciendo y generando una demanda de atención que no siempre encuentra respuesta en los dispositivos tradicionales, más centrados en el consumo de drogas. Por otro lado, la crisis social y económica ha incrementado los factores de vulnerabilidad que afectan tanto al inicio como al mantenimiento de las adicciones.

El Atlas muestra que la cobertura de servicios es desigual según las comunidades autónomas, no solo en número de recursos, sino también en su nivel de especialización y accesibilidad. Existen zonas con escasa presencia de dispositivos específicos, lo que obliga a muchas personas a desplazarse largas distancias o depender únicamente de recursos generalistas. También se constata una infrarepresentación de servicios para adolescentes, mujeres con cargas familiares o personas en situación de calle.

También se observa una fragmentación institucional en la respuesta: muchos dispositivos funcionan con poca coordinación entre servicios sociales, salud mental, sistema sanitario, justicia o educación. Esto debilita los procesos de atención integral y sostenida en el tiempo, especialmente en casos complejos.

Por otro lado, el patrón predominante en la atención a las adicciones en España está centrado en modelos ambulatorios, especialmente para las adicciones con sustancia. El abordaje terapéutico suele combinar intervención psicológica, farmacológica y psicoeducativa, con dispositivos de refuerzo para inserción social y laboral.

Sin embargo, el informe advierte que las adicciones sin sustancia están aún poco integradas en este modelo. Muchos centros carecen de profesionales o programas específicos para tratar el juego patológico, el uso problemático de tecnologías o las compras compulsivas. Además, la formación de los equipos varía notablemente según la comunidad autónoma y el tipo de entidad. Por ello se propone avanzar hacia un modelo de atención centrado en la persona, con enfoque biopsicosocial y perspectiva de derechos. Esto implica reforzar la coordinación entre servicios, garantizar la continuidad asistencial y reconocer la importancia de la prevención y la reinserción como parte esencial del proceso terapéutico.

Como conclusión se especifica que, aunque existen numerosos recursos y profesionales comprometidas, el sistema necesita reformas estructurales para responder mejor a las necesidades actuales:

  • Desarrollar una estrategia nacional que marque criterios comunes, promueva la equidad territorial y garantice financiación estable.

  • Ampliar y visibilizar los servicios para adicciones sin sustancia, con formación especializada y protocolos adaptados.

  • Fomentar la prevención y la atención precoz, especialmente en población joven.

  • Garantizar la inclusión de colectivos vulnerabilizados, como mujeres, adolescentes, personas migrantes o en situación de exclusión.