Redacción

«El actual sistema de prohibición de sustancias psicoactivas, que se deriva de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (Naciones Unidas, 1972), y la criminalización de las personas que las poseen, ha tenido un impacto limitado en el control del suministro de drogas. Además estas políticas han venido acompañadas de graves consecuencias sanitarias, sociales, financieras y políticas negativas«. Con esta clara declaración de intenciones empieza el artículo «A public health based vision for the management and regulation of opioids» [Una visión basada en la salud pública para el manejo y la regulación de los opioides] publicado por Elsevier, la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo y escrito por Brain Emerson, ministro de sanidad en Columbia Británica (British Columbus) y Mark Headen de la escuela de Población y Salud Pública de la Universidad de la Colombia Británica, en marzo de 2021.

El Consejo de Oficiales de Salud de la Columbia Británica, que representa a los médicos de salud pública de la Columbia Británica, Canadá, ha propuesto un marco regulatorio basado en la salud pública (Consejo de Oficiales de Salud de Columbia Británica, 2011), que se ha utilizado para articular modelos de regulación post-prohibición de estimulantes, cannabis (Haden y Emerson, 2014) y psicodélicos (Haden, Emerson y Tupper, 2016). El objetivo del estudio es plantear ahora una regulación para los opioides.

El actual modelo, como señalan, deja dos vías de oferta; el mercado negro, con las consecuencias en delincuencia, estigmatización y adulteración consecuentes; y la comercialización farmacéutica, que ha generado una promoción de estos productos incrementando el consumo y los daños. «De hecho, el acceso médico mal regulado ha dado lugar a que las personas pasen del acceso al sistema médico al mercado ilegal, con el consiguiente aumento de los daños«, citan en el artículo.

Él desafió actual para Brain Emerson y Mark Headen es «equilibrar los beneficios de los opioides con los daños, principalmente las muertes por sobredosis relacionadas con los opioides, las enfermedades infecciosas y el trastorno por consumo de opioides«. Para ello proponen un modelo de regulación post-prohibición de los opioides. Dividen su artículo en varios de los aspectos principales que debería tener en cuenta, como el acceso a la sustancia, su producción y distribución, las políticas de salud pública que deben acompañarla y la reducción de riesgos.

A continuación destacaremos la idea principal de cada capítulo.

Acceso

Para acceder a la sustancia describen tres modelos, en una graduación de mayor supervisión del estado a menor supervisión.

En los tres modelos habría dos licencias o tarjetas que permitirían la compra de opioides. Una licencia básica para adquirir productos opioides débiles (por ejemplo, semillas de amapola, vainas y tallos secos de amapola, té de amapola, opio y formulaciones de píldoras de baja concentración para usar en casa). Y una licencia avanzada, para adquirir productos de mayor concentración.

En los modelos 1 y 2 sería necesario hacer cursos de capacitación para cada una de las licencias. En el caso del modelo 1 impartidas por el gobierno, y en el caso del modelo 2 por alguna agencia externa. Estos cursos, serían básicamente cursos de reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo de opioides. En el modelo 3 plantean que estos cursos no sean obligatorios para adquirir la licencia o tarjeta.

Las personas podrían perder las licencias si están involucradas en un delito relacionado con la sustancia, por conducción de vehículos o maquinaria bajo los efectos de los opioides, o si desarrolló un trastorno inestable por consumo de opioides. En el caso del modelo 3 la persona podría apelar a esta decisión.

La mayor particularidad del modelo 1 es la supervisión del estado frente a la 2 y la 3, que plantean mecanismos burocráticos y leyes que aseguren la total privacidad de los datos.

Distribución

En el modelo de distribución hablan de dispensarios con límite de edad para acceder, añadiendo materiales de reducción de daños como la naloxona y limitando la cantidad que puede ser adquirida. Sobre el precio de venda, remarcan que debería ser una balanza entre un precio que no sea un reclamo y a la vez sea competitivo con el mercado negro.

Apuestan por prohibir la promoción de los productos, como la marca, la publicidad, la colocación de productos, el respaldo y el patrocinio de celebridades, al igual que la promoción de productos para todos los profesionales de la salud.

Producción

Plantean una regularización del autocultivo, pero las producciones destinadas a la venda y las transacciones, seguirán unos controles exhaustivos parecidos a los del cannabis medicinal y no medicinal en Canadá o a la de algunos productos químicos.

El texto asegura que «Muchos problemas de salud pública están determinados por factores sociales y económicos, de los cuales un determinante significativo de la salud es la distribución desigual de la riqueza«, y por ello plantean, «un enfoque equitativo para la distribución de la riqueza relacionada con los opioides que apoye a los pequeños productores y cultivadores y evite la concentración de la riqueza por parte de las grandes corporaciones«.

Promoción de la salud

Destacan la promoción de la salud como un elemento principal. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud describe los requisitos previos para la salud como la paz, la vivienda, la educación, la alimentación, los ingresos, un ecosistema estable, los recursos sostenibles, la justicia social y la equidad. En este sentido, los autores consideran que parte del dinero obtenido de la regulación podría ir destinado a programas de promoción de la vivienda, de nutrición o de estigma y discriminación.

Además consideran que es necesario hablar en la educación pública de opioides desde la objetividad y no desde el miedo.

Reducción de daños

En un modelo como el que describen consideran que es importante tener una buena batería de recursos de reducción de daños como programas de distribución de suministros de jeringuillas, servicios de consumo supervisado y servicios de análisis de drogas en la calle. Además la naloxona estaría ampliamente disponible y sería barata, para que cualquiera la comprara en las farmacias habituales y en todas las instalaciones donde se venden opioides para uso doméstico.

Evaluación

Aseguran que como nuevo modelo es necesario una evaluación constante, atenta a los movimientos del mercado negro, de la industria farmacológica y del impacto en la sociedad, y ser flexibles en modificar el modelo cuando sea necesario.

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