Correlation – European Harm Reduction Network, Eurasian Harm Reduction Network Association y Rights Reporter Foundation han elaborado un documento conjunto sobre la necesidad de manterner abiertos los centros de reducción de daños

Las personas que usan drogas son consideradas un grupo en riesgo durante la epidemia
del COVID-19. Con frecuencia, estas personas se encuentran en los márgenes de la sociedad,
con un menor o inexistente acceso a vivienda, empleo, recursos económicos, sociales o de salud.
Así mismo, se enfrentan con discriminacion estructural y criminalización en la mayoría de los
países. Muchas personas que usan drogas sufren múltiples problemas de salud – entre los cuales
se encuentran EPOC, HIV, TB, cáncer y otras enfermedades que afectan el sistema inmunitario -,
lo cual puede incrementar el riesgo (fatal) de contraer COVID-19. Con frecuencia, los servicios de
reducción de daños son el único punto de contacto a través del cual las personas que usan drogas
pueden acceder a los servicios de salud. Además de estos actividades, los servicios de reducción
de daños ofrecen también apoyo básico y fundamental, y tienen la capacidad de vincular estas
poblaciones con otra serie de dispositivos salvavidas.
Por estos motivos, pedimos lo siguiente a los gobiernos locales y nacionales, así como a las
organizaciones internacionales a cargo de establecer medidas de seguridad:

1. Garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios de reducción de daños y
de bajo umbral para las personas que usan drogas durante la epidemia del COVID-19. Estos
incluyen en particular la Terapia de Sustitución de Opiáceos (TSO), el Tratamiento Asistido con
Heroína (TAH), los Programas de Intercambio de Jeringuillas (PIJ), el suministro de naloxona, y el
continuo acceso a las Salas de Consumo Asistido. Además de esto, es necesario ofrecer servicios
básicos e indispensables, incluyendo albergues y centros sociales, duchas, vestimenta, y comida,
entre otros. Estos servicios son de especial importancia para las personas sin hogar, o aquellas que
viven en la calle.

2. Garantizar fondos adecuados para los servicios de reducción de daños y de bajo
umbral, y dotar al personal y usuarios con equipamiento y suministros adecuados contra las
infecciones (jabón, desinfectante de manos, mascarillas desechables, pañuelos de papel, ect.)

3. Reconocer la importancia y el papel fundamental de la reducción de daños y otros
servicios de bajo umbral en la pandemia del COVID-19, y abordar la vulnerabilidad específica
de las personas que usan drogas, y otras poblaciones relacionadas.

4. Desarrollar recomendaciones y normativas específicas para los servicios de reducción
de daños con los que responder a la situación vulnerable de las personas que usan drogas, y
otras poblaciones relacionadas. Estas pautas deben desarrollarse en estrecha cooperación con las
comunidades afectadas y las organizaciones que les ofrecen apoyo, y deben basarse en las pautas
internacionales de la OMS, las recomendaciones, evidencias, y/o regulaciones nacionales referidas
all COVID-19.

Más específicamente, pedimos lo siguiente:

5. La TSO y TAH deben mantenerse, y las regulaciones para poder llevarse al domicilio
deben establecerse o extenderse para que los pacientes tengan la oportunidad de acudir al centro
de tratamiento lo mínimo posible. Así mismo, se debe garantizar el acceso a través de farmacias.

6. Los PIJ deben proporcionar a las personas que usan drogas grandes cantidades de
agujas, jeringuillas y otra parafernalia para minimizar la cantidad de contactos. Además, se
deben proporcionar contenedores especiales en los que poder desechar en el hogar las agujas,
jeringuillas y otros materiales.

7. Los servicios de reducción de daños deben proporcionar materiales para la prevención
del COVID-19 e información para el personal, los voluntarios y los usuarios del servicio, incluyendo
jabón, desinfectantes de manos (a base de alcohol que contengan al menos un 60%), pañuelos,
cestas de basura y mascarillas desechables para las personas que muestran síntomas tales como
fiebre, tos y estornudos (si las normativas nacionales lo exigieran).

8. Los centros sociales, albergues y las salas de consumo asistido deben asesorar y
apoyar a las personas que usan drogas en la prevención de infecciones por COVID-19. Los
usuarios de estos servicios deben lavarse las manos al entrar, y se recomienda no quedarse dentro
más tiempo del necesario. La comida se puede preparar para llevar, y comer al aire libre. Es necesario
tomar aquellas medidas necesarias que apoyen el distanciamiento social, y las habitaciones deben
estar constantemente ventiladas. Se debe evitar la saturación de los servicios de reducción de
daños, albergues y salas de consumo asistido, estableciendo medidas de seguridad, por ejemplo,
minimizando la duración de la visita, el número máximo de visitantes, or regulando el ingreso una vez
al día. Aquellas personas que cuente con vivienda permanente deben ser estimuladas a quedarse
en casa y acceder los servicios simplemente a recoger aquellos materiales de uso que necesiten.

9. El estado de salud de las personas que usan drogas debe vigilarse atentamente. Si
alguien muestra síntomas, tales como fiebre y tos, se deben proporcionar máscaras faciales y se
debe asegurar un reconocimiento médico. Se deben establecer acuerdos de cooperación con los
servicios de salud pública, otras unidades de salud relacionadas, y los hospitales para garantizar
apoyo médico directo, seguimiento y el tratamiento.

10. Se debe disponer de albergues nocturnos y residencias para las personas sin hogar,
en los que exista una separación entre aquellos que no estén infectados y quienes estén infectados
y necesitan ser puestos en cuarentena, sin necesidad de atención y tratamiento médico específico
en un hospital. Los albergues nocturnos y residencias deben cumplir con las normas de seguridad
generales para el COVID-19, y las personas no deben estar expuestas a riesgos adicionales de
infección por falta de plazas, saturamiento de los servicios, y atención médica insuficiente.

11. Los servicios que requieran de grupos, como reuniones y consultas, deben cancelarse
y posponerse hasta nuevo aviso, o alternativamente organizarse online. Las nuevas admisiones a
tratamiento se deben suspender temporalmente. Así mismo, se deben suspender las medidas de
coerción (por ejemplo, derivaciones a tratamiento provenientes de los tribunales / fiscalía / policía,
visitas de los funcionarios de libertad condicional, etc.). El análisis de muestra de orina se debe
eliminar.

12. Los servicios de reducción de daños deben establecer un ambiente de trabajo seguro
y asegurarse de que el personal esté bien informado y protegido contra las infecciones. Las
organizaciones deben identificar las funciones y puestos de trabajo fundamentales, y planificar
cobertura alternativa que asegure la prestación de servicios.

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