Ecuador refuerza su política de drogas con un enfoque militar
La reelección de Daniel Noboa en Ecuador confirma la continuidad de una estrategia centrada en el uso del poder militar y policial frente al narcotráfico, sin señales claras de que el país vaya a transitar hacia un enfoque más integral centro en los derechos humanos. El artículo de TalkingDrugs destaca esta línea de acción, y otros elementos recientes permiten ampliar la comprensión del complejo escenario que enfrenta el país.
Durante la campaña presidencial, surgieron acusaciones contra Noboa Trading, empresa bananera de la familia del mandatario, por posibles vínculos con el narcotráfico. Se denunció que algunos cargamentos de banano habían sido utilizados para ocultar cocaína destinada a Europa. Aunque Noboa negó cualquier implicación directa, reconoció que su empresa colaboró con las autoridades en las investigaciones, según InSight Crime.
Una de las medidas más contundentes de su primer mandato fue la «Operación Metástasis«, lanzada en diciembre de 2023. Esta iniciativa derivó en la detención de más de 30 jueces, fiscales, policías y funcionarios acusados de colaborar con redes del crimen organizado. La operación destapó la profunda infiltración del narcotráfico en el sistema judicial y de seguridad del país, aunque también generó inquietud por la ausencia de reformas estructurales que refuercen la independencia institucional.
En abril de 2024, un referéndum nacional avaló nuevas facultades para el Ejecutivo en su lucha contra el crimen organizado. Entre las medidas aprobadas están el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, la extradición y el endurecimiento de penas. Estas reformas fueron respaldadas por una población cada vez más afectada por la violencia, pero criticadas por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre el debido proceso y las garantías constitucionales.
Además, para financiar el despliegue de estas políticas de seguridad, el gobierno aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. Esta decisión fiscal ha sido ampliamente debatida por su posible impacto en el costo de vida y su efecto regresivo, afectando más a los sectores populares en un contexto de elevada informalidad laboral.
A pesar del despliegue militar, diversos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre la falta de políticas sociales que atiendan las causas estructurales de la violencia y el narcotráfico. No se han implementado reformas profundas en la Policía ni en el sistema penitenciario, y siguen sin fortalecerse los programas de prevención, inclusión social o alternativas económicas en comunidades vulnerabilizadas.
Ecuador ha pasado en pocos años de ser un país de tránsito a convertirse en una plataforma clave en el tráfico internacional de cocaína. La disputa entre organizaciones locales ha llevado a niveles récord de violencia, especialmente en Guayaquil y Esmeraldas. En este contexto, el gobierno ha apostado por una narrativa de «guerra contra las drogas» que, aunque bien recibida por parte de la ciudadanía, deja interrogantes abiertos sobre su sostenibilidad y eficacia.
