Hace unos días el Tribunal Supremo dictó una sentencia que desestimaba la petición de responsabilidades a la industria tabaquera por parte de la familia de un fumador que murió de cáncer de pulmón en 1993. Este fallo es una «antología del disparate», afirma el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Esta entidad, que agrupa a expertos en tabaquismo, considera que dicha sentencia es suficiente «botón de muestra» para desconfiar de que la vía judicial sea la más idónea para encauzar este tipo demandas. Ello sería así «porque la industria tabacalera española da la impresión de ser el único sector industrial en el mundo que no responde legalmente por los daños que causa, a pesar de que su producto acaba prematuramente con la vida de uno de cada dos de sus clientes».
En su opinión, el Supremo «niega evidencias científicas sólidas e indiscutibles» establecidas en algún caso hace más de 50 años y refrendadas por importantes agencias de investigación. «La sentencia afirma que no existe una relación causa-efecto entre el tabaco y el cáncer de pulmón que acabó con la vida del demandante», apunta el Comité, que recuerda que en mayo de 1995 Pedro Pérez, presidente de Tabacalera, todavía empresa pública, aseguraba que fumar con moderación «es bueno para la salud y que «echarse» 15 pitillitos al día no sólo no es perjudicial, sino que contribuye a prevenir enfermedades». «Es evidente que los fumadores españoles han sido doblemente víctimas: de las enfermedades y de las mentiras», asegura el CNPT.
Dice también la sentencia que desde hace años se advierte de que fumar puede ser perjudicial para la salud. «Sin embargo, lo cierto es que la práctica totalidad de los fumadores se convierten en adictos a la nicotina antes de llegar a los 18 años, que es la edad legal para poder decidir. Ignoran los jueces que jamás se ha reconocido por parte de las tabacaleras que su producto induce adicción en la totalidad de sus consumidores», exponen los expertos en tabaquismo.
El Supremo acaba aceptando que el tabaco es un factor de riesgo que puede generar determinadas enfermedades, especialmente «si se consume en exceso». Para el Comité esto es «un nuevo insulto», pues «no existe un consumo ni dosis segura de tabaco: el tabaco a cualquier dosis es perjudicial para la salud».
Tique de compra
Con la legislación española en la mano, la familia del fallecido hubiese tenido que aportar «los tiques de compra de todas y cada una de las cajetillas consumidas en su vida, y demostrar, de paso, que no existía una causa alternativa a su cáncer de pulmón».
Las leyes de otros países, en cambio, prevén que «basta con demostrar una relación estadísticamente significativa entre el humo de tabaco y el tumor para condenar al fabricante», subraya el CNPT, que recuerda que la probabilidad de un fumador de contraer un cáncer de pulmón es entre 10 y 20 veces mayor que la que tiene un no fumador, y más del 90% de los casos de esta enfermedad son atribuibles al consumo de tabaco.
Por último, los profesionales de la lucha contra el tabaquismo comentan que el control del tabaco no se resolverá en los juzgados sino en el Parlamento mediante la aplicación rigurosa del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que supone incrementar los impuestos, promover espacios públicos y lugares de trabajo sin humo, y educar a la sociedad sobre los verdaderos efectos del consumo de tabaco y de la exposición a sus vapores tóxicos y cancerígenos.
Subir los impuestos
El Parlamento Europeo aprobó el martes un informe sobre el aumento de los impuestos con los que se grava el tabaco. El texto propone que se imponga, para 2014 y de una forma gradual, un mínimo de 1,50 euros de tributos por cada paquete. También anima a prohibir los anuncios de tabaco y a realizar campañas educativas al respecto.
De esta forma se persigue eliminar la distorsión del mercado interno que supone que los Estados miembros mantengan tipos impositivos tan diferentes y promover la convergencia tributaria en el seno de la UE. Además, los europarlamentarios confían en que esta norma ayude a hacer frente al contrabando y contribuya a reducir el consumo de tabaco un 10% en un plazo de cinco años.
Concretamente, el informe sugiere que se aplique un impuesto mínimo de 64 euros por cada 1.000 cigarrillos para 2012 y que esta cifra se incremente a 75 euros a partir de 2014. Esta cantidad es inferior a la que manejaba la Comisión Europea, que pretendía llegar a los 90 euros por cada 1.000 cigarrillos para 2014.
Esto implicaría que, a partir de ese año, un paquete de 20 cigarrillos estaría sometido a un impuesto mínimo de 1,50 euros, frente a los 1,80 euros que pedía el Ejecutivo comunitario.
Para que este incremento de impuestos resulte eficaz en la lucha contra el tabaquismo, los europarlamentarios consideran que debería venir acompañado «de la prohibición de la publicidad del tabaco y de la puesta en marcha de campañas de educación».
