Redacción-
Entidades y profesionales instan a mantener el Servicio de Adicciones y Salud Mental del Hospital San Juan de Reus tras la destitución de su directora, la doctora Tre Borràs. Este servicio, que ha sido un referente durante cuarenta años por su atención asistencial y su impacto comunitario, ha perdido 2,5 profesionales, lo que ha provocado un aumento en los tiempos de espera para los usuarios, que ahora alcanzan una media de 45 días. Una campaña en contra del desmantelamiento del servicio ha obtenido más de 2.000 firmas de apoyo, entre las cuales se destacan entidades sociales de todo el país, universidades e instituciones internacionales, como la Drug Policy Alliance y la Federación Catalana de Drogodependencias.
La destitución de la doctora Borràs se atribuye a una pérdida de confianza por parte de la dirección médica y la gerencia del hospital, así como a discrepancias en la visión y en la implementación de los servicios del plan de acciones sobre drogas de Reus. Borràs ha resaltado la importancia tanto del servicio asistencial que se brinda desde hace cuarenta años como de los programas y servicios de naturaleza social. Por ejemplo, ha mencionado el trabajo realizado en el centro de la Isleta, un espacio de acogida para usuarios ubicado en el antiguo hospital.
La campaña para mantener el servicio ha recibido un amplio respaldo por parte de diversas entidades e instituciones. Oriol Romaní, catedrático emérito de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y antropólogo, ha resaltado el apoyo de más de 2.000 personas, incluyendo 40 entidades sociales de Cataluña y España, profesionales de 70 servicios de tratamientos y federaciones especializadas en adicciones, profesores de 21 universidades y ocho instituciones internacionales, como la Correlation-European Harm Reduction Network.
Romaní ha destacado que este amplio apoyo se debe a que el servicio es un referente difícil de encontrar a nivel global, tanto por su capacidad de innovar en las políticas de atención de drogas como por su capacidad para establecer redes a través del tejido social. Además, ha enfatizado que la decisión de desmantelar el servicio no se debe a una línea estratégica bien fundamentada, sino que parece responder a la privatización y al modelo de «sálvese quien pueda» de otros lugares, como el de Ayuso en Madrid.
Quim Gómez, presidente de la Asociación Reus Somos Útiles (ARSU), ha expresado su preocupación de que el desmantelamiento del servicio resulte en su privatización. Ha denunciado que la reducción de personal, incluyendo médicos, psicólogos, psiquiatras y educadores, desestabilizará a los usuarios y provocará un aumento en el consumo de medicamentos. Además, ha advertido que esto generará un aumento del gasto económico en enfermedades como el VIH o la hepatitis, que podrían prevenirse con un servicio de reducción de daños y prevención de riesgos. En última instancia, Gómez ha afirmado que quienes más perderán serán los ciudadanos, ya que se recortarán servicios públicos que, a su parecer, deberían mejorarse.
