Colombia – La crisis del coronavirus ha hecho más visibles ciertas fallas en nuestra sociedad, apuntando a la necesidad de tener mejores políticas para subsanarlas. Por ejemplo, los desafíos de nuestro sistema de salud, el aumento de la violencia de género en cuarentena, la alta informalidad laboral o los retos de la educación virtual en el mundo rural. Sin embargo, poco se ha hablado de las políticas de drogas que nos rigen, sus altos costos y baja efectividad, y la necesidad de transitar hacia políticas basadas en la evidencia y con enfoques de derechos humanos y salud pública.
La epidemia sirve también para iluminar un rincón habitualmente oscuro del debate público: cómo nuestra política de drogas punitiva alimenta la crisis carcelaria que se vive en el país, la cual se ha intensificado con la propagación del coronavirus. Es además particularmente relevante abordar la cuestión tras la expedición del Decreto 546 de 2020, mediante el cuál se realizarán excarcelaciones por la emergencia sanitaria. Decreto que excluye los delitos de drogas.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con corte al 14 de abril, en Colombia hay 120.885 personas privadas de la libertad en 132 establecimientos carcelarios. En suma, todos ellos cuentan con una capacidad teórica de 80.928 plazas; cruzando ambas cifras resulta un hacinamiento del 49,37 por ciento. Esta no es una crisis nueva, todo lo contrario. Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado el Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles, por su hacinamiento y por las condiciones deplorables al interior de los centros penitenciarios.
