En los últimos años, las discusiones sobre la regulación legal de las drogas, y en particular el cannabis, se han trasladado desde los márgenes de los debates sobre políticas de drogas. Actualmente, más de 50 países han adoptado marcos regulatorios para el cannabis medicinal, mientras que un número creciente de jurisdicciones ha regulado el uso no médico de adultos. Es esencial que estos marcos legales estén diseñados para permitir avanzar en justicia social, inclusión y derechos humanos.

La regulación de una droga no es una solución mágica que resuelva todos los resultados dañinos de la prohibición. La regulación legal tiene el potencial de convertirse en una poderosa herramienta para reparar décadas de criminalización, exclusión y falta de acceso a una atención médica adecuada.Sin embargo, los mercados legales también pueden ser capturados por intereses corporativos, no incluir medidas integrales para reparar los daños ocasionados por la «guerra contra las drogas» y criminalizar aún más a las personas que permanecen en los espacios ilegales persistiendo inevitablemente fuera de cualquier mercado regulado.

Para abordar este desafío, La International Drug Policy Consortium (IDPC) propone veinte principios en los que deberían basarse cualquier marco regulatorio de los mercados de cannabis, ya sea para fines médicos o para uso no médico de adultos. Dichos principios están dispuestos en cinco categorías:

1) los mercados legales deben proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas, proporcionándoles acceso integral a los servicios de salud, y toda la gama de derechos y protecciones normalmente concedido a los consumidores en los mercados legales.

2) Los mercados legales deben promover la justicia social buscando reparar los daños de las políticas punitivas, y asegurar que las comunidades más afectadas por la prohibición, que en muchos casos han sido oprimidas en base a cuestiones de raza, identidad de género u orientación sexual, sean capaces de hacer la transición al mercado legal, si quieren.

3) Los marcos deben promover modelos de negocios y políticas comerciales internacionales que promuevan la inclusión económica, el desarrollo sostenible, y justicia climática en todo el ámbito local, regional y cadenas de suministro globales.

4) Las reformas legales deben eliminar los castigos por uso personal de drogas y actividades auxiliares, incluyendo las sustancias o actividades que quedan fuera del alcance de los mercados regulados. Si aún se imponen sanciones por actividades relacionadas con el tráfico, las respuestas punitivas deben ser estrictamente proporcionales y acompañadas de otras intervenciones.

5) La regulación legal debe adoptar una perspectiva de género, con el fin de corregir el desproporcionado daño y exclusión experimentados por mujeres bajo la prohibición.

Además, es importante monitorizar de forma iterativa y adecuada los mercados y los patrones de consumo.

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