La Revista Española de Sanidad Penitenciaria publica en su último número los resultados de un estudio, pionero en el mundo, donde se caracteriza el estado de salud y apoyo social percibidos, la calidad de vida, la vida en prisión y el uso de cannabis en una muestra de reclusos españoles.

La investigación —elaborada por el Centro de Atención y Seguimiento en Drogodependencias del Centro Penitenciario de Brians (Fundación Salud y Comunidad), ICEERS y la Universitat Rovira i Virgili— se llevó a cabo con la colaboración de los propios internos, personas vulnerables y estigmatizadas inscritas en programas de promoción de la salud en el entorno penitenciario, quienes se reunieron en diversas ocasiones con los investigadores para diseñar la encuesta y contactar con la población reclusa, formando parte de un proceso de creación de conocimiento científico.

«En este proyecto se involucran personas con experiencia en el uso de drogas y conocimientos directos de la vida carcelaria con el fin de diseñar e implementar acciones de promoción de la salud dirigidas a ellos mismos y hacia otros compañeros y compañeras. También es un espacio de apoyo mutuo y educación entre iguales», asegura el educador social Raúl Jiménez Vinaja, uno de los investigadores del proyecto.

Motivos para consumir cannabis

Uno de los motivos principales que adujeron los reclusos para consumir cannabis era reducir el uso de otros medicamentos o drogas, por lo que la utilización de esta planta supone una estrategia de reducción de riesgos y daños. Otras razones citadas incluyeron la disminución del estrés o de la tristeza y el hecho de dormir mejor. En general, el consumo de cannabis por parte de los reclusos constituye una conducta que busca paliar o amortiguar algunos de los efectos perjudiciales sobre la salud que tiene la vida en la cárcel. «La utilización de cannabis por parte de personas que han experimentado usos intensos de sustancias psicoactivas puede suponer una interesante alternativa a las diferentes herramientas existentes en la actualidad para la mejora de la calidad de vida», añade Raúl.

Asimismo, mediante análisis estadísticos, se evaluaron diversas variables que pudiesen predecir la salud autopercibida de los sujetos. Los investigadores encontraron que la única que funcionaba como predictora era el número de visitas recibidas, lo cual da cuenta de la importancia del apoyo social y de los vínculos afectivos para el mantenimiento de una buena salud y calidad de vida. «En el propio espacio de los agentes de salud, pretendemos generar relaciones de apoyo, seguridad y confianza, ya que esto y el sentimiento de pertenencia a un grupo social hace que te sientas fortalecido y con un mejor estado de salud», señala Miriam Imbermón, otra de las investigadoras.

Contradicciones políticas

Por otra parte, el artículo argumenta la urgente necesidad de realizar algunos cambios en las políticas penitenciarias, como la prohibición del papel de liar en las cárceles de Cataluña, lo cual fuerza a los reclusos a utilizar métodos de consumo mucho más perjudiciales y peligrosos.

«En este estudio hemos encontrado que el cannabis resulta de utilidad para sobrellevar las condiciones estresantes que implica la vida en la cárcel, y que permite reducir la medicalización, que es un problema importante entre la población penitenciaria. En un contexto social en el que se está debatiendo sobre la necesidad de implementar un programa de cannabis medicinal, nuestra investigación aporta evidencias sobre la pertinencia de que dicho eventual programa se extienda al ámbito penitenciario», destaca el doctor José Carlos Bouso, coordinador del estudio.

El doctor Bouso, director científico de ICEERS, participó el martes como experto en la subcomisión del Congreso de los Diputados para estudiar la regulación del cannabis medicinal, donde recordó a los representantes políticos que «las propiedades médicas y la seguridad del cannabis utilizado bajo control médico cuentan con más evidencia que la mayoría de los medicamentos que existen hoy día en las farmacias». Su regulación en el ámbito penitenciario implicaría, por tanto, una mayor calidad de la sustancia y la posibilidad de evitar trapicheos y extorsiones.

Finalmente, el artículo pone en evidencia la necesidad de realizar más estudios sobre la utilización de cannabis en el entorno penitenciario, con el fin de desarrollar programas de reducción de riesgos que mejoren la calidad de vida de un sector de la población especialmente vulnerable y estigmatizado.