Redacción – Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las encuestas en población general estiman que 1 de cada 2 mujeres en el estado español ha sufrido violencia a lo largo de su vida y una de cada 5 durante el pasado año.
Entre las mujeres que consumen sustancias, la violencia aumenta. Las mujeres que usan drogas sufren más violencia física y sexual pero además sufren estigma y violencia institucional en forma de barreras de acceso.
Cerca de la mitad de las usuarias de drogas por vía inyectada han sufrido violencia física y/o sexual en el último año. En un estudio realizado en centros de reducción de daños, el 42,2% de las participantes declaró haber sufrido agresiones físicas y el 11,9% agresiones sexuales.
Otro estudio mostró que el 42,3% de las mujeres en tratamiento por adicción presentan maltrato físico y/o sexual.
La violencia aparece también cómo un factor asociado a las mujeres que han muerto por intoxicación de sustancias.
A pesar de que la prevalencia es tan alta, existe una infradetección de la violencia en los recursos de drogas y salud mental. La falta de coordinación y formación específica limita las posibilidades de que se pregunte y asista a las mujeres que sufren violencia. Además, existen muy pocos servicios integrados que puedan intervenir ambas problemáticas a la vez.
El estigma es otra de las formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres consumidoras o con adicciones comportamentales. Este estigma, igual que ser víctima de violencia física y/o sexual, determina unos patrones específicos de consumo y actúa como una barrera de acceso a tratamiento.
Un estudio sobre las barreras de acceso a los servicios de reducción de daños de las mujeres que consumen drogas en Europa, halló que entre los principales obstáculos para acceder a servicios se encuentra el estigma, la violencia de género (y la falta de servicios integrados para abordar ambas problemáticas) y la falta de servicios centrados en las necesidades específicas de las mujeres, en particular los servicios de salud sexual y reproductiva y de cuidado de hijos e hijas.
Se hace pues imprescindible, quizás con más urgencia en el ámbito de las políticas de drogas, la aplicación real de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Desde los centros de atención a las drogodependencias hasta las prisiones, pasando por los servicios de reducción de daños, es preciso analizar las necesidades de las usuarias para poder diseñar servicios que contribuyan a eliminar las barreras de acceso y así reducir la violencia que soportan.