Julia Ryland
Este texto está adaptado del discurso Julia Rylan, miembro de Law Enforcement Action Partnership (LEAP) en UK, en el evento paralelo ‘Mujeres Mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y políticas de drogas – es un tema feminista’, organizado por LEAP Europa, en la 66ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) el pasado marzo.
Traducción: Núria Calzada
Mi nombre es Julia Ryland y soy una ex policía del Metropolitan Police. Durante mi carrera, trabajé como Oficial de Policía de Barrio en Camden Town, una zona turística muy conocida del centro de Londres. A menudo, los turistas se refieren a esta zona como «el Ámsterdam de Londres», mientras que para la policía es conocida como un punto de drogas.
Es importante reconocer que mis experiencias se centran en el Reino Unido y que las leyes de drogas y los procedimientos policiales varían enormemente de un país a otro. Pero, al hablar con agentes en el ámbito internacional, me di cuenta que comparten los pensamientos y experiencias de las que voy a hablar hoy. Como agentes de policía, hemos estado luchando en primera línea en la guerra contra las drogas durante décadas y es hora de que reflexionemos con honestidad al respecto desde una perspectiva policial.
Decidí renunciar a mi trabajo en la policía con el fin de tener la libertad de expresarme. Como agente en servicio, me encontré con la restricción de no poder participar activamente en la política, lo que me resultó un problema en vista de las circunstancias actuales. Ingresé a la fuerza policial con la idea de proteger a la ciudadanía y crear un impacto positivo en la sociedad, pero me vi obligado a abandonar mi puesto debido a las políticas de drogas del Reino Unido. Actualmente, las políticas internacionales que prohíben las drogas son una barrera para incorporar las mejores prácticas basadas en la evidencia en los procedimientos policiales diarios.
Durante el resto de mi relato, abordaré mis experiencias como policía en Camden Town, específicamente el conflicto personal al que me enfrenté cuando prioricé las políticas policiales frente a la reducción de daños basada en evidencia. Como agente de policía comunitaria, mi enfoque consistió en llevar a cabo una labor preventiva proactiva, lo que implicaba conocer a la comunidad, comprender los problemas de relevancia para la policía y establecer relaciones positivas entre ambas partes. Las principales inquietudes de la comunidad eran la venta de drogas al descubierto, el consumo de sustancias y el comportamiento antisocial vinculado al uso de drogas.
Se me alentó a utilizar principalmente la estrategia de detención e investigación, conocida como «stop & search». En caso de encontrar drogas, se me requería arrestar a la persona y aplicar sanciones penales, con la única excepción del cannabis, para el cual se me permitía utilizar una Disposición Fuera de la Corte como advertencia para la primera ofensa. No obstante, en la mayoría de los casos, después de la primera advertencia, se procedía a una segunda detención, lo que resultaba en antecedentes penales para muchas personas.
A pesar de ello, sabía que detener, registrar, arrestar y criminalizar la posesión de drogas puede resultar sumamente perjudicial. La condena penal puede afectar las oportunidades de vida de una persona de manera mucho más negativa que el daño causado por el consumo de drogas. Además, las intervenciones policiales tienen un impacto mínimo en la disponibilidad y el suministro general de drogas. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas que consumen drogas de manera problemática han experimentado traumas y están lidiando con ellos. A pesar de tener este conocimiento, me encontraba en una posición en la que tenía incentivos para llevar a cabo detenciones, búsquedas y arrestos. Voy a explicarme…
La comunidad de personas sin hogar y los traficantes de drogas callejeros (generalmente jóvenes vendiendo cannabis) ocuparon casi todo mi tiempo (y el de mis colegas). El tráfico de drogas era sorprendentemente visible, sin apenas esfuerzo por encubrirlo: un grupo rotativo de las mismas personas, de pie frente a la misma tienda, prácticamente las 24 horas del día. Como policía, la comunidad tenía que verme como alguien que estaba haciendo algo para evitarlo. Elegí relacionarme con ellos de una manera amistosa, accesible y no combativa. E hice lo mismo con la comunidad de personas sin hogar. Con el tiempo, descubrí que los distribuidores jóvenes comenzaron a saludarme con la cabeza y se alejaban del área sin siquiera pedírselo. Las personas sin hogar que usaban sustancias comenzaron a deshacerse de su parafernalia de drogas de manera más segura, después de que escucharan y entendieran mis justificaciones. Cualquier hostilidad inicial surgió del miedo y la incertidumbre acerca de cómo ejercería mis poderes. Una vez que confiaron en que mi toma de decisiones sería justa, razonable y adecuada a las circunstancias, el miedo y la hostilidad se redujeron y la cooperación y el cumplimiento mejoraron. Era una relación bidireccional, que hacía que tanto mi trabajo como sus vidas fueran más fáciles, y es por eso que funciona la policía del vecindario.
Como policía de calle, mi desempeño se evaluaba en función del número de paradas y registros legales realizados, así como del número de arrestos realizados por posesión de drogas. Este sistema de evaluación recompensaba directamente la realización de arrestos por posesión de drogas, un procedimiento sencillo y rutinario que mejoraba mi desempeño personal. Desafortunadamente, este enfoque incentiva a buscar fácilmente los arrestos por posesión de drogas, en lugar de enfocarse en otras medidas más efectivas para prevenir el delito. Como resultado, la policía está más enfocada en detener, registrar y arrestar, en lugar de abordar el problema de manera más integral.
Como policía, mis interacciones siempre fueron personales. Sin embargo, cuando tuve que aplicar las leyes contra el tráfico de drogas a la ciudadanía, no solo miné la relación que había construido con la comunidad, sino que también afectó la percepción general de la autoridad y la confianza en la policía. Al decidir no registrar a alguien, tuve que sopesar las expectativas de mi trabajo y el impacto positivo que podría tener en mi desempeño, con el conocimiento de que mi acción podría causar daño y socavar los objetivos más amplios de la policía, que debían ser mi prioridad. Me sentía incómoda porque la «discreción» que se me permitía nominalmente no podía ser ejercida de una manera que se alineara con mi conocimiento de las políticas de reducción de daños basadas en la evidencia.
Para ser más clara, si me encontraba con una mujer joven vulnerable sin hogar y en posesión de drogas de clase A, la única opción que tenía era detenerla. Sin embargo, este proceso era extremadamente deshumanizante. La mujer era esposada y metida en la parte trasera de la furgoneta de policía, donde se le hacía un registro completo, incluso teniendo que desnudarse. Esta experiencia era completamente degradante, y lo que era peor, después de unos días la veía nuevamente en la calle sin ningún tipo de ayuda o apoyo. Todo esto me parecía sin sentido. Además, después venía una investigación costosa que requería mucho tiempo, la creación de un archivo del caso y una audiencia en el tribunal. Estos procedimientos no abordaban las causas subyacentes de sus problemas, pero consumían una gran cantidad de tiempo y recursos policiales que podrían haber sido mejor utilizados en otras áreas.
La prohibición actualmente vigente impide la priorización de estrategias basadas en evidencia para reducir los daños relacionados con las drogas, mientras que la criminalización genera perjuicios en comunidades ya vulnerables y desfavorecidas, estigmatizando el consumo de drogas sin dar prioridad a la salud pública. Como agentes de policía, nuestra labor es garantizar la seguridad ciudadana, pero la ley de drogas no solo nos limita en ese sentido, sino que también propicia el uso de tácticas que pueden agravar el daño que las personas experimentan. De manera urgente, se requiere una reforma radical en las políticas para que agentes de policía puedan cumplir su función de proteger a la ciudadanía de daños, en lugar de contribuir a ellos.
Traducción: Núria Calzada
Más información sobre el evento en CND: https://cndblog.org/2023/03/side-event-women-in-law-enforcement-and-drug-policy-its-a-feminist-issue/
Publicado originalmente en anyoneschild.org
