Los clubes de usuarios de cannabis de Barcelona, la ciudad española con más asociaciones de este tipo, están preparando una gran batalla legal contra el ayuntamiento, gobernado en minoría por el PSC, que ha acordado el cese de su actividad tras tumbar el Tribunal Supremo el plan municipal que obligó a esas entidades a hacer costosas obras de adecuación.
La batalla puede ser cruenta, porque son muchos los afectados por el cambio de las tornas respecto a un modelo de consumo compartido y responsable del cannabis que nació en España y se ha exportado a otros países, hasta el punto de que Alemania lo ha tomado como base para afrontar la regulación de la marihuana en unos meses.
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