El Programa COPOLAD III celebra su segunda reunión anual en La Paz, Bolivia, con la participación de 175 personas, incluyendo representantes de agencias de drogas, cuerpos judiciales, fuerzas policiales, instituciones académicas, sociedad civil y ministerios de salud y bienestar social.
La Paz, Bolivia
“El mundo ya no puede seguir con una política de drogas aislada o abordada de manera unilateral. Debemos promover iniciativas regionales para mejorar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico», expresó Carlos Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, durante la apertura de la reunión. Estas consignas fueron reiteradas en varias ocasiones, con el compromiso de los representantes de diversos países de América Latina, El Caribe y Europa de intercambiar experiencias, especialmente en lo que respecta a la realización de políticas de drogas más humanas y eficaces, tal como lo indicaba el título del encuentro.
En ese enfoque de las políticas de drogas hacia las personas, Nara Araujo, Directora de Prevención e Inclusión Social de la SENAD de Brasil, enfatizó que las acciones gubernamentales deben responder a las necesidades de las personas. “Necesitamos la participación de la sociedad civil, desde el diseño de políticas hasta el monitoreo. Las políticas de drogas tienen que estar basadas en la evidencia, amplificando las voces de las personas, con enfoque racial y perspectiva de género. Hay que generar un diálogo con las comunidades considerando sus realidades”.
La colaboración entre países y el intercambio de buenas prácticas son dos de los objetivos clave de COPOLAD III. Algunas de las iniciativas del programa se han enfocado en impulsar la reducción de daños en grupos vulnerables con consumos problemáticos de drogas. Además, se han puesto en marcha laboratorios de innovación, que buscan abordar soluciones innovadoras en el tema del consumo de estupefacientes e inclusión social. Gorka Espiau, Director del Centro de Estudios Sociales y Políticos Agirre Lehendakaria, explicó el papel de la innovación en la mejora del acceso a servicios integrales y de calidad para abordar el consumo de drogas en diferentes contextos y con distintas poblaciones. “Es importante tener capacidad de visualización en tiempo real. Cuando hablamos de combatir la estigmatización a lo que nos referimos es a intentar generar nuevas narrativas. Esto es lo más difícil en el proceso de innovación de políticas públicas, ya que los sistemas de trabajo son contrarios a los espacios de escucha e interpretación”.
Uno de los laboratorios de innovación en curso se lleva a cabo en Colombia, donde COPOLAD, el Aguirre Center, el Gobierno de Colombia y la sociedad civil colaboran en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas. Paula Aguirre, Directora para Colombia de Elementa DDHH, resaltó la importancia de que el Estado y las instituciones reconozcan a la sociedad civil como aliada en este proceso.
Continuando con los cambios en las políticas de drogas de Colombia, Camilo Umaña, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, destacó el trabajo realizado en la mejora de la proporcionalidad y alternatividad penal frente a los delitos menores de drogas. Subrayó que siempre se ha criminalizado a una serie de comunidades que no deberían ser tratadas por el derecho penal, que los consumos problemáticos deberían ser tratados por el sistema de salud. «Hemos hecho una modificación para que el consumo mínimo no sea considerado un crimen. El sistema penal normalmente castiga a las personas que trafican y eso lo hemos visto de forma muy explícita en las mujeres. De hecho, el 40% de las mujeres privadas de la libertad en nuestro país lo son por tráfico de drogas. Cerca del 90% son trabajadoras del hogar y más de la mitad han sufrido violencia de género, lo que ha hecho que muchas de ellas hayan tenido que recurrir al microtráfico al carecer de oportunidades. Desde el año pasado, para estos casos, implementamos una ley que sustituye la pena de privación de libertad por una medida de justicia restaurativa basada en el servicio comunitario».
Narcotráfico y trata de personas
El cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos también fue uno de los temas centrales de la reunión. Ana Linda Solano es experta principal de la iniciativa que COPOLAD III está llevando a cabo con la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Fiscales), centrada en la dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. “El crimen organizado genera formas de violencia en las que las propias víctimas pueden llegar a convertirse en parte de la estructura. ¿Cómo podemos superar la inercia de simplemente acusar y obtener resultados rápidos, en lugar de optar por aumentar el nivel de investigaciones y proteger a las personas?”. Linda es abogada penalista especializada en corrupción e investigación criminal y habla de la iniciativa como una necesidad de entender el crimen organizado entre esas manifestaciones de narcotráfico y trata de personas, superando los estereotipos de género. “Hemos pasado toda una vida entendiendo el tema de una manera, pero la realidad nos muestra que es mucho más complejo. La importancia de incluir la perspectiva de género radica en considerar a las mujeres que provienen de contextos de vulnerabilidad o violencia y que son reclutadas por organizaciones criminales, sometiéndolas a condiciones de trata para explotación sexual, laboral u otros fines. Estas personas a menudo son procesadas por delitos asociados al microtráfico, sin tener en cuenta estas otras realidades”.
Por eso, la abogada subraya la necesidad de nuevos enfoques y perspectivas para superar los estereotipos, basándose en el principio de no criminalización. «Debemos contribuir a un sistema de presunciones, donde se pueda partir de la presunción de que, probablemente, se está en un escenario de trata de personas. Es fundamental prever riesgos para evitar intervenciones que causen daño y evitar incentivos para la utilización de personas en situación de vulnerabilidad. Todo esto debe hacerse con un enfoque diferencial y de derechos humanos desde el principio, donde la perspectiva de género esté integrada”.
La importancia de los observatorios de drogas
Otro tema abordado en la reunión fue el fortalecimiento de la capacidad técnica de los observatorios de drogas. Borja Díaz, Director de COPOLAD III, destacó la importancia de este trabajo, afirmando que es clave para el desarrollo efectivo de políticas. “Sólo mediante políticas basadas en la evidencia podemos trabajar en la reducción de la demanda, atendiendo a las necesidades específicas de cada sector”, señaló. Graciela Ahumada, responsable de la coordinación del Fortalecimiento de Observatorios Nacionales de Drogas por parte del programa, subrayó la escasez de recursos humanos y financieros en estos observatorios. «No basta con conocer el número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas, es crucial saber quiénes son».
“En primer lugar, es necesario contar con la participación de personas usuarias, mujeres y diversidad”, destacó Juan Manuel Quijada, Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de México (Conasama). «La ciencia proporciona datos sobre los efectos en la salud, lo que ayuda a informar y tomar decisiones más acertadas. La investigación científica identifica estrategias de prevención y reducción de daños, por lo que los problemas de salud mental y consumo de sustancias no pueden abordarse por separado. La mayoría de personas consumidoras de sustancias las utilizan como autoterapia en situaciones de ansiedad o depresión. Debemos basarnos en la evidencia, promover la salud y el bienestar social». Quijada también resaltó la importancia de enfoques diferenciales e indicadores multidimensionales y multisectoriales que tengan en cuenta la migración forzada. «Es necesario estar más presentes en el territorio, incluyendo la salud mental en nuestras intervenciones. Nunca más el cuerpo sin el alma, nunca más el alma sin el cuerpo».
* COPOLAD III es un programa de cooperación delegada financiado por la Unión Europea y liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en consorcio con la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), y en coordinación con Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA).
