La serie “Traducir los compromisos de la ONU en acción”, de la campaña Support Don’t Punish, busca acercar normas y orientaciones internacionales a quienes trabajan en políticas públicas y sociedad civil, ofreciendo herramientas prácticas para transformar estándares globales en acciones locales.
Dentro de esta serie, se ha publicado una cartilla sobre el histórico informe 2024 de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Dra. Tlaleng Mofokeng, titulado Consumo de drogas, reducción de daños y el derecho a la salud. Este informe marca un punto de inflexión al situar la reducción de daños en el centro de un enfoque de drogas basado en los derechos humanos.
El documento denuncia los efectos devastadores del enfoque punitivo de control de drogas y subraya cómo impactan de manera desproporcionada en personas que enfrentan vulnerabilidades que se entrecruzan; incluyendo personas de ascendencia africana y otras personas racializadas, pueblos indígenas, migrantes, personas en situación de calle o viviendo en la pobreza, personas que se dedican al trabajo sexual, mujeres, menores, personas LGBTIQA+, personas privadas de su libertad, personas con discapacidades, personas que viven con el VIH, tuberculosis o hepatitis, y personas que viven en zonas rurales.
La Relatora propone un enfoque integral y expansivo de reducción de daños, que incluye no solo intervenciones sanitarias (salas de consumo seguro, chequeo de sustancias) sino también medidas sociales como acceso a vivienda, empleo, educación y protección social.
Algunas de las recomendaciones clave del informe son:
- Abandonar el sistema basado en el derecho penal y adoptar un enfoque a la reducción de daños y al consumo de drogas basado en derechos, evidencias y compasión.
- Ampliar y financiar adecuadamente un amplio espectro de servicios para la reducción de daños, especialmente intervenciones lideradas por pares, y cerciorarse de que éstas se adapten a las necesidades específicas de los grupos más vulnerables y marginalizados.
- Descriminalizar el consumo, posesión, compra y cultivo de drogas para consumo personal.
- Avanzar hacia marcos regulatorios responsables basados en evidencias, criterios de salud y derechos humanos, con salvaguardas contra riesgos — como la captura corporativa.
- Abordar el estigma y prácticas discriminatorias en la implementación de leyes y políticas referidas a drogas — incluyendo el acceso y provisión de servicios — y derogar o modificar leyes, políticas y prácticas policiales que socaven el derecho a la salud y perpetúen sistemas de opresión, como el racismo y el colonialismo.
- Modificar el régimen internacional para el control de drogas para alinearlo con los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, y con un enfoque para la reducción de daños.
El informe de la Relatora Especial es una herramienta clave para incidir por un enfoque hacia el consumo de drogas basado en derechos. Los mensajes de incidencia del informe incluyen los siguientes:
- La reducción de daños es un componente clave del derecho a la salud de las personas que consumen drogas, y debe implementarse en el terreno a través de un amplio espectro de intervenciones bien financiadas para personas que consumen drogas.
- La criminalización del consumo de drogas y actividades relacionadas es apenas una opción de políticas entre otras, y ha tenido un impacto devastador sobre el derecho a la salud de las personas que consumen drogas – la Relatora Especial está invocando la descriminalización del consumo y la posesión de drogas, así como de la compra y el cultivo de estas sustancias para consumo personal.
- La Relatora Especial es ahora la segunda instancia de la ONU, después de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en invocar la regulación responsable de las drogas, en un intento por alinear mejor con los derechos humanos las políticas referidas a drogas. Los Estados Miembros deben considerar encarecidamente marcos regulatorios alternativos, dado el fracaso de las actuales políticas punitivas referidas a drogas.
- El sistema de la ONU para el control de las drogas no corresponde al fin para el cual fue creado y requiere urgentes reformas para alinearse con los derechos humanos.
