A grandes males, polémicas soluciones. La moda del botellón se ha impuesto con fuerza en la mayoría de las grandes ciudades españolas y, con especial intensidad, en aquellas en las que el clima propicia las reuniones en la calle.
Las principales ciudades andaluzas son un claro ejemplo de la extensión, y consecuencias, de estas grandes concentraciones de jóvenes que las administraciones llevan años intentando disolver, sin ningún éxito. La impotencia de los ayuntamientos, que aducen no tener competencias para combatir esta práctica, tuvo como respuesta por parte de la Junta de Andalucía el anuncio, hace apenas un mes, de una propuesta de ley que dejará en manos de los consistorios la decisión de regular el consumo de alcohol en la calle, y propiciará la creación de «botellódromos».
La ley que prepara el gobierno andaluz cuenta con precedentes en otras nueve comunidades autónomas de las que siete, entre ellas la de la Comunidad Valenciana, fueron redactadas casi igual por gobiernos del PP y prohíben beber en la calle como una medida dentro de la ley de drogodependencias. Las otras dos leyes antibotellón, promulgadas por los gobiernos socialistas de Aragón y Extremadura, coinciden en casi todo con las anteriores pero restringen el botellón a aquellos lugares que los ayuntamientos autoricen.
A pesar de que la ley autonómica no estará lista hasta dentro de dos años, los responsables locales se mostraron satisfechos y, sobre todo, dispuestos a acabar con un problema que provoca numerosas protestas vecinales. La solución: los «botellódromos». Bajo este nombre, o algún otro eufemismo como «punto de encuentro», como ya lo han rebautizado algunos alcaldes, los ayuntamientos crearán zonas específicas donde los jóvenes puedan practicar el botellón sin molestar a nadie, y que estén equipadas con aseos, vigilancia policial y asistencia sanitaria.
Pero esta ley ha desatado las discrepancias entre los responsables políticos. Mientras los alcaldes de las ciudades más importantes, tanto del PP como del PSPV o IU, recibieron con satisfacción la propuesta de ley -aunque la mayoría sólo lo manifestó una vez que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció que firmará convenios económicos para financiar los «botellódromos»-, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, mostró de inmediato su rechazo al anteproyecto del Gobierno andaluz.
«Ghettos para el consumo de alcohol»
En Valencia, donde el 13,4% de los jóvenes de entre 14 y 18 años practica el botellón, esta medida se ha descartado. Fuentes del ayuntamiento aseguraron a este diario que lo que hay que hacer es «tratar de erradicar el consumo de alcohol en los jóvenes, y no facilitarles lugares donde consumirlo». Según las mismas fuentes, la creación de «botellódromos» «supondría el establecimiento de ghettos para el consumo de alcohol, y no es la solución para este problema».
Hasta el momento, el consistorio valenciano ha hecho uso de medidas restrictivas como la imposición de las multas correspondientes por consumir alcohol en la vía pública, que no han tenido todo el éxito esperado. La concentración de jóvenes practicando el botellón en zonas como el barrio del Carmen o los alrededores de Mestalla siguen desatando las protestas vecinales ante los ruidos, la suciedad y los destrozos que se producen sobre todo durante los fines de semana.
