La semana pasada la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, de las Naciones Unidas, dio a conocer su tan esperado informe sobre el comportamiento del tráfico de drogas en el mundo. Desde luego, a los venezolanos nos interesa muchísimo este documento técnico e imparcial avalado por funcionarios y expertos de larga experiencia profesional, porque nos da una imagen real de lo que sucede con este flagelo que, casi siempre, se traslada por debajo de la sociedad y que pocas veces sale a flote, cuando el mal ya está hecho.

Los ejemplos de Colombia y México son específicamente demostrativos de esta clandestinidad que el narcotráfico maneja para infiltrarse en las instituciones y en las diferentes capas de la sociedad. A menudo se tiende a circunscribir el problema del tráfico de drogas a los estratos pobres o marginales, y se le da así un carácter clasista a un fenómeno que ya no distingue institución alguna o clase social.

Se trata de un problema general de la sociedad porque no sólo va vinculado al uso adictivo de la sustancia, sino que genera innumerables actividades comerciales y mercantiles, de transporte y distribución, de recepción y lavado de inmensas cantidades de dinero, de violencia por el control de los mercados y de eliminación de la competencia.

En esta gran espiral de violencia se desarrolla, por parte de los narcos, una enérgica estrategia de control de las instituciones destinadas a combatirlos. La penetración del aparato judicial y policial va precedida de una investigación de cada uno de los funcionarios y de sus carencias o debilidades. A partir de allí comienzan a llegar los ceremoniosos emisarios, y si no hay respuesta, llegarán nuevos mensajeros más duros y duchos en el arte de quebrar la decencia policial, fiscal o judicial.

Es en este momento cuando no sólo el Gobierno sino el Estado, y la sociedad en general, deben establecer un acuerdo para que el cuerpo social pueda combatir la intrusión del narcotráfico.

Varias veces hemos repetido en este espacio editorial que cuando una nación percibe el narcotráfico ya es demasiado tarde. Creemos firmemente que Venezuela está en medio de una penetración intensa y general del comercio de la droga.

Cerrar los ojos ante esta realidad no es más que un acto infantil que en nada nos llevará a resolver este problema tan grave y peligroso para la estabilidad de las instituciones.

No se trata de que el Gobierno esté enredado, por su solidaridad internacional con las FARC, en cuestiones relacionadas con el narcotráfico. De lo que se trata es de que el régimen y la sociedad en general rotundamente se ocupen en una cruzada que nos pueda salvar del «efecto México».

En las cárceles nacionales, de los 3.000 presos por narcotráficos apenas 300 son extranjeros. Ya los venezolanos manejan mayoritariamente las redes.