Ha sido para mi una noticia refrescante en este seco y caluroso verano, encontrarme, gracias a la wed de Ieanet, con el informe sobre las drogas en Andalucía elaborado por Defensor del Pueblo Andaluz. Es un informe transparente como el agua en los datos aportados, pues permite ver aspectos muchas veces ocultos, pero que resultan de gran interés pedagógico, si lo que se pretende es mejorar la acción educativa ante las drogas, cuestión siempre pendiente.
Desde esta perspectiva pedagógica, se puede destacar todo lo referente al ámbito escolar, cuyos contenidos dan pie a reflexionar, una vez más, sobre los retos que la educación sobre las drogas plantea en el ámbito educativo. Frente a tanta retórica, acumulación de actividades y programas, abundancia de datos, evaluaciones “científicas” de programas concretos y otras manifestaciones cargadas de suficiencia, existe una realidad de la que no se suele hablar ni escribir, al menos por parte de altos cargos de la administración. En este sentido, el informe plantea un reto, no sólo para Andalucía sino también para otras comunidades autónomas, donde posiblemente suceden cosas parecidas. Y ahí están las críticas y sugerencias que, de forma directa e indirecta, lanza el defensor del Pueblo Andaluz para la mejora de la educación preventiva.
Llama la atención, de entrada, su forma de entender la acción educadora con los objetivos a conseguir. “Desde la prevención de drogas en el ámbito educativo, se plantea conseguir una serie de objetivos, entre los que se encuentran aquéllos que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones ante el consumo para en el caso de existir éste, se realice de modo responsable y lo menos dañino. Para ello, es necesario plantearse la existencia de una serie de valores acorde con la salud, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo de la autoestima y el manejo de ciertas habilidades necesarias para mantener unas relaciones interpersonales adecuadas. Se deben promover cauces de participación en la sociedad, así como fomentar el espíritu crítico necesario. Valores todos ellos recogidos en los objetivos de la Educación”.
La educación, en este sentido, nada tiene que ver con la represión ni planteamientos prohibicionistas tan en uso en nuestro entorno. Hay que reconocer que el “no” a las drogas constituye todavía hoy el contenido explícíto o implícito de la mayoría de los programas educativos. Por supuesto, se trata de prevenir el consumo de drogas prohibidas por la ley vigente. El caso de las otras drogas, las ya integradas en nuestra cultura y protegidas por la ley como objetos de consumo, constituye otra historia que conjuga la prevención de sus perjuicios, sin mucha convinción, y la promoción descarada de su consumo socializador.
Reconoce el informe que se han quedado fuera de la definición de prevención, “las estrategias de reducción del daño puestas en marcha en estos años o aquéllas otras políticas de reducción de la demanda que incorporan la opción libre, tanto por el no consumo, como por un consumo controlado y responsable”. Lo que no quita que “se deben apoyar de forma prioritaria aquellas estrategias que vienen a potenciar estilos de vida incompatibles con el consumo y que opten por un modelo de vida saludable”.
Se indica, al mismo tiempo, que “se debe huir de dilemas éticos y conceptuales que están implicados en la prevención de drogas y que pueden llevar a un desmesurado control social sobre las drogas y sus consecuencias, dejando de lado opciones que supongan un modelo educativo de prevención”.
¿Cuál sería el modelo educativo de prevención? Según el informe, este modelo tendría como meta «realizar acciones que eviten la aparición de problemas relacionados con el uso de drogas». Estamos aquí ante un planteamiento más flexible y acorde con la realidad de los consumos de drogas que, al mismo tiempo, “se convierte en un nuevo marco en el que se manejan las distintas alternativas a las drogas en nuestra sociedad”.
Este planteamiento resulta más exigente de lo que a simple vista pueda parecer. No se trata de contemporanizar con la cultura de drogas vigente ni de aceptar el “fracaso” de la prevención y el tratamiento ante el fenómeno de la drogas. El término prevención quiere decir, resalta el informe, “educar en sentido amplio”, lo que significa, “educar en perfecta comunicación con los demás, en la convivencia y en los valores que definen al ser humano, para así responder a las exigencias sociales, y evitar la frustración”. Al mismo tiempo, continúa el texto, “se pretende diferenciar las necesidades reales de aquellas que podemos considerar superfluas, y que vienen a generar en los jóvenes y en los adolescentes cierto sentido de frustración e incapacidad de mejora ante un mundo complejo que induce a necesidades artificiales”.
Lo que, en definitiva, se intenta, y es aquí donde prevención y educación se dan la mano, es “reactivar los espacios de comunicación que permitan a los individuos convertirse en auténticos protagonistas de su futuro y de su historia, de forma libre, consciente y responsable”.
Pero, ¿cómo desarrollar estos planteamientos en la práctica? Si se asume “la prevención como un proceso activo, global y continuado”, ¿en qué medida estos principios llegan a estar presentes, se cumplen o vienen a incidir en la propia realidad de los programas”. A nadie escapan, señala el informe, las dificultades de la acción preventiva, lo que “no debe ser un impedimento para asumir un compromiso claro desde las Administraciones Públicas, mas allá de las declaraciones pomposas y vacías de contenido que se producen en esta materia”. Afirmación que el informe aclara con unos comentarios que conviene recoger por la riqueza de su contenido:
“En este sentido, hace unos años se inició un modelo de intervención que venía a regular los programas preventivos en el ámbito comunitario, a través de criterios objetivos y técnicos. En estos momentos, este modelo de intervención ha dado paso a propuestas que responden a intereses institucionales poco comprometidas con un modelo técnico y comunitario. Así, el modelo de subvenciones viene a aglutinar los programas, independiente del control y calidad de los mismos. El panorama resulta desconcertante ya que no existen ni propuestas claras, ni armónicas que nos permitan augurar el futuro de esta materia. Pero lo que preocupa es la ausencia de recursos definidos en materia de prevención, el desconcierto de los técnicos que trabajan en ello y la falta de definición de un modelo de programa en los distintos ámbitos de actuación”.
Este informe, después de recordar los aspectos normativos que sustentan la prevención de drogas en el medio educativo, presenta la “situación actual de los programas preventivos”, haciendo un poco historia de los pequeños y grandes desbarajustes llevados acabo, que no se contemplan aquí por falta de espacio. Reconoce, por otra parte, no pocas limitaciones en el desarrollo de programas asumidos, por el escaso número de centros que participan, lo que resulta, cuando menos, poco significativo sobre el conjunto de alumnos en ese nivel educativo. Sin olvidar que “en muchos casos, los alumnos y alumnas se convierten en meros receptores pasivos de los programas preventivos”.
¿Qué propuestas oferta el Defensor del Pueblo Andaluz? A partir del reconocimiento de que durante años ha dominado “un discurso más bien especulativo en detrimento de propuestas prácticas”, se sostiene la necesidad de contar con un programa de educación sobre drogas a nivel de la Comunidad Autónoma que englobe los distintos materiales creados para esta finalidad. Y lanza las siguientes estrategias:
1.- La sensibilización a la comunidad educativa.
2.- La formación y el asesoramiento al profesorado.
3.- La experimentación con elementos innovadores, donde se intervenga desde la investigación-acción de los propios profesionales.
4.- La coordinación institucional, donde colaboren además las organizaciones no gubernamentales (O..N.G.s.).
5.- Introducción de nuevos componentes referidos a actividades de ocio, que permitiera a los adolescentes valorar de forma distinta los espacios y tiempos de ocio.
6.- Y, por último, la elaboración, recopilación y difusión de materiales curriculares que permitiera al profesorado el desarrollo de su papel de educador en materia de drogas, ayudándoles de esta forma a mejorar e incentivar la práctica profesional.
Este informe comenta también las actuaciones con el profesorado con unas afirmaciones duras. Las actuaciones dirigidas a la formación del profesorado, tanto en prevención de drogas como en Educación para la Salud, mantienen aún hoy unos niveles muy bajos de desarrollo. De todas formas, se supone la existencia de una fuerte motivación en el profesorado de implicarse en la prevención de las drogodependencias en el ámbito educativo, aunque son conscientes de las dificultades para su aplicación. Por parte del profesorado, existe un claro convencimiento de que la acción preventiva debe ser realizada por los propios profesores, con el apoyo de los especialistas en esta materia y una mayor implicación de las Administraciones competentes en esta materia. No se le puede exigir al profesorado un mayor grado de implicación cuando no se les crean las condiciones ni los medios para asumir su rol de agente preventivo.
En la situación actual, continúa el informe, faltan acuerdos estables entre Administraciones que fijen la voluntad de intervenir en esta materia, así como un sistema de coordinación que garantice su papel en este campo. En este sentido, habría que realizar un esfuerzo importante para coordinar este ámbito, donde cada una de las instituciones competentes asuma su papel poniendo en marcha una política de prevención de drogas en la que se contemple la formación del profesorado de forma continuada, así como la dotación de equipos y personas cualificadas que asesoren, dinamicen y apoyen los procesos formativos de los docentes. Todavía existen muchos profesores que demandan formación, se quejan de no tener información sobre la misma o denuncian dificultades estructurales para acceder a los beneficios de la capacitación que el programa requiere.
¿Qué más se puede decir?. Hoy se reconoce el papel básico de los centros escolares en la educación sobre las drogas, de forma que los educadores están llamados a ser los motores de la acción preventiva en la infancia y adolescencia. Pero, ¿qué pueden hacer en esta sociedad llena de contradicciones en relación con las drogas, sino existe una política educativa adecuada a las necesidades, si el profesorado no dispone de la formación adecuada ni encuentra el apoyo necesario, en una sociedad que no sólo promociona el consumo de todo tipo de drogas sino que es incapaz de responder a las necesidades más elementales de las personas y de respetar sus derechos fundamentales?
Firmado: Amando Vega
Universidad del País Vasco
«Informe sobre las drogas en Andalucía elaborado por Defensor del Pueblo Andaluz»
