Las primeras salas de consumo de drogas surgieron por primera vez en Holanda y Suiza en los años 80 como innovación desde la perspectiva conocida como reducción de riesgos y daños; en los 90 se incorporó Alemania a esta corriente novedosa entre las políticas de drogas. Las salas de consumo pioneras surgieron de forma no oficial, a partir de iniciativas “militantes” de profesionales que vieron necesidades urgentes de intervención que, más adelante, acertarían a discernir los responsables de las políticas sanitarias y los representantes políticos. Con el tiempo que ha pasado, y la escasa presencia en literatura internacional –en inglés– de estos eventos, entrevemos hoy que en el ambiente progresista de la época, la implantación de estas estrategias de intervención sólo llegó a generar polémica en su tiempo en el marco local, aun estando bien integradas en un marco más amplio de intervenciones planificadas y coordinadas desde los organismos de salud pública. De Jong y Weber (1999) señalaron la importancia del marco de las políticas locales en la previsión de éxito o fracaso para las salas de consumo de drogas como servicios sanitarios.

Actualmente vivimos una “segunda ola” en otros países (ej.: Canadá y Australia), en los que se están implantando salas de consumo desde ópticas y en panoramas políticos, sanitarios y sociológicos diferentes de los que vieron nacer las salas pioneras. Convendría por ello analizar cuáles son los nuevos condicionantes para el éxito o fracaso de estas intervenciones, y para ello haremos una sucinta comparativa de los procesos de implantación y la situación sociopolítica de las salas de consumo en el Estado Español.

Salas de consumo en el Estado español

En las salas de consumo de reciente implantación en Sydney (MSIC), Ginebra (Quai 9) y Vancouver (Insite) hemos encontrado algunas de las características que habitualmente se consideran fundamentales para la sostenibilidad de servicios como las salas de consumo de drogas: son centros implantados tras procesos de negociación comunitaria, y en los que se tuvieron en cuenta tanto la misión de salud pública entre población consumidora de drogas como las cuestiones relacionadas con la preservación del orden público. Pero ante todo, la consolidación e integración de dichos centros deriva de un rasgo bien específico: se trató de procesos participativos, en los que muy diversos sectores y actores sociales (políticos, policiales, vecinales; comerciantes, profesionales y usuarios, e incluso religiosos) tuvieron ocasión de exponer y negociar las reglas de juego para que nadie se hallara agraviado por estas intervenciones. Lo que se entiende como trabajo «comunitario» en salud pública.

¿Cuál ha sido el caso para las salas de consumo en el Estado Español? Hasta hace poco, muy distinto. No se puede decir que nuestras primeras salas de consumo hayan surgido como resultado de procesos comunitarios, de participación ciudadana democrática. Este hecho es, por sí solo, demostrador de la escasa garantía de sostenibilidad de las que los medios de comunicación denominan (sin que todavía ninguna instancia oficial haya enmendado tal uso) “narcosalas” españolas.

Madrid: DAVE (poblado de Las Barranquillas)

La sala de consumo DAVE –Dispositivo Asistencial de Venopunción– se estableció en el poblado chabolista de Las Barranquillas en 1999, como iniciativa de la Agencia Antidroga de la C.A. de Madrid, y con el pleno apoyo y apuesta personal del entonces presidente autonómico, Ruiz Gallardón, ante la sociedad y los medios de comunicación, pero también frente a las numerosas voces discrepantes o abiertamente contrarias en su propio partido (destacando el alcalde de Madrid y el Presidente del Gobierno por aquellas fechas) y entre sus opositores políticos. Fue diseñada según criterios muy similares a los planteados para la sala de Sydney, puesto que se trata de un servicio estrictamente medicalizado, de supervisión sanitaria de las prácticas de inyección de diez usuarios simultáneamente. Sería del todo imposible cuestionar los procedimientos sanitarios ni la calidad de cuantas intervenciones se llevan a cabo en este servicio: toda su actividad es rigurosamente controlada y protocolizada, y correspondería a un tipo de sala de consumo cien por cien “formalizada”, o “especializada” según la sencilla clasificación de Wolf, Linssen & de Graaf (2003).

Barcelona: EVA en Can Tunis y SAPS-Creu Roja en el Raval

Algunos de los miembros del programa Can Tunis de Barcelona conocieron en mayo de 2001 la experiencia del DAVE de Madrid y, empujados sobre todo por el entusiasmo del equipo y el empeño personal de su médico, Dr. Manel Anoro, decidieron impulsar la creación de un espacio de consumo, aun a sabiendas de que no dispondrían de ningún apoyo presupuestario por parte de la administración que subvencionaba el programa. Empezó a funcionar bajo una simple «carpa» de unos 9 m2, en condiciones precarias y multiplicando las ocupaciones de los miembros del equipo sanitario; cuando, con el tiempo, pudieron utilizar su antiguo furgón como sala de consumo, mejoraron sensiblemente los problemas y conflictos hasta entonces habituales en un espacio tan poco adecuado como una tienda de campaña. Con todo, EVA –Espacio de Venopunción higiénica Asistida, que podía albergar a cinco usuarios simultáneos– funcionó desde septiembre de 2001 con más pena que gloria, con enormes dificultades desde el propio programa y desde la administración pública… hasta malograrse en 2003, en paralelo al proceso de desmantelamiento del barrio de Can Tunis. La historia poco ejemplar del EVA de Can Tunis ya ha sido publicada y descrita con más detalle (Anoro et al., 2003). Desde noviembre de 2003, funciona en el barrio del Raval una nueva sala de consumo gestionada conjuntamente por el Ayuntamiento y Cruz Roja, con capacidad para un solo usuario, y que de momento se perfila como único dispositivo destinado a acoger la demanda de un espacio de inyección higiénica en Barcelona por parte de inyectores de drogas, tras la desaparición del de Can Tunis. Ambas salas barcelonesas, a diferencia de las de Madrid, Bilbao y el resto de ciudades del mundo que disponen de estos servicios, son perfectamente desconocidas para los medios de comunicación y el público general, aun a pesar de figurar en todos los “elencos” de salas de consumo conocidos entre la comunidad internacional de profesionales de drogodependencias.

Bilbao: Centro de Consumo de Menor Riesgo

Gestionado por Munduko Medikuak, y patrocinado por la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, este centro, que acoge una sala de inyección con capacidad para seis usuarios simultáneamente y próximamente acogerá la primera sala de consumo inhalado/fumado del Estado, es sin duda un ejemplo a seguir sobre implantación según los principios establecidos internacionalmente. El CCMR bilbaíno empezó a funcionar en noviembre de 2003, y cuenta con la asesoría de expertos suizos. Los procesos de implicación con el vecindario, de la clase política de la C.A. Vasca, la coordinación con los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones del campo de drogodependencias de su entorno, y las estrategias de planificación y evaluación diseñadas, asientan las bases para un futuro prometedor. Así y todo, el centro atraviesa por problemas de funcionamiento relacionados con la fórmula de gestión privada elegida. Otro rasgo propio es que se ubica en pleno centro de la ciudad –a diferencia de Can Tunis y Las Barranquillas–, en ubicación accesible y normalmente visible para la mayoría de ciudadanos de Bilbao; conocida por el público a través de los medios de comunicación y con el pleno respaldo público de las administraciones (a diferencia de las salas barcelonesas). El equipo hizo público a principios de año un informe de funcionamiento de sus dos primeros meses, con excelentes resultados.

En las primeras salas de consumo estatales, de Madrid y Barcelona, se advierten algunos problemas fundamentales que pueden afectar a su sostenibilidad. El primero es la ubicación de estas salas en reductos de marginalidad que tienden a cronificar las situaciones de marginación, de forma que acaban formando parte del entramado de alejamiento y exclusión de la vida social normalizada que en definitiva genera la mayor parte de los problemas que afectan a los drogodependientes. Esta no es una situación buscada, dado que el enfoque desde la reducción de daños que aconseja “salir a buscar al consumidor activo de drogas allí donde esté” hace que toda intervención de acercamiento tenga que implantarse en zonas de exclusión, donde el status quo ha inducido un conveniente “vacío de control” que mantenga bien apartados a los toxicómanos de los espacios del ciudadano “normal”.

Otro problema, derivado en buena medida de esta adaptación al estado de cosas, es que no ha mediado concertación social; no ha habido necesidad de negociar con vecindarios –partiendo de que los de los barrios donde se venden drogas no son interlocutores políticos aceptables–, y junto a la “imposible” participación del usuario de drogas más marginal –en función de sus circunstancias y sus modos de vida–, principal destinatario de elección de estos servicios, deja la responsabilidad (planificación, ejecución, evaluación) y la valoración de estas intervenciones únicamente en manos de técnicos y cargos de las administraciones, siendo sólo su interpretación de resultados tenida en cuenta. Con lo cual, todo el proceso de actividad y evaluación viene a convertirse en algo así como un ejercicio de solipsismo.

Además, y como es el caso en Barcelona, el ejercicio del secretismo hasta hoy mismo habitual escamotea al público no sólo la existencia efectiva de las salas de consumo, sino también los argumentos que justifican su necesidad, y el conocimiento de sus beneficios para la salud del drogodependiente –que siempre es un ciudadano, y familiar, amigo, etc., de otros ciudadanos que pueden tener interés en su supervivencia–, y para la salud pública y la seguridad, en general. Ocultar conscientemente estas intervenciones equivale a cometer la inconsciencia de negar oportunidades para la salud tanto al drogodependiente como al resto de la sociedad. Y también supone un déficit democrático. En la mente de algunos profesionales de drogodependencias barceloneses permanece aún la perla de pensamiento que proporcionó el gerente de los servicios sociales de la ciudad al manifestar ante la prensa: “Cuando desaparezca Can Tunis, desaparecerán los yonquis” (El Periódico de Catalunya, marzo de 2002). Un desideratum impensable en cualquier gestor serio de políticas sociales, que habla por sí solo.

Por una «nueva transición» en la atención al drogodependiente

Las salas de consumo de drogas ilegales, además de intervenciones novedosas desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, e independientemente de sus logros o fracasos en el plano técnico, constituyen per se escenarios en los que se ponen a prueba tanto la política general como las políticas específicas, referidas al “problema de la droga” y a la asistencia a colectivos vulnerables. Escenarios generalmente de conflicto que contribuyen a clarificar los verdaderos contenidos tras los discursos «bienhablantes» de la corrección técnica y, sobre todo, de la corrección política; que obligan también a resituar en un sentido de realidad cruda la sostenibilidad de intervenciones que surgen entre polémicas, y a justificarlas en público ante sectores de opinión vehementes tanto a favor como en contra.

Nuestras salas de consumo, según lo visto hasta aquí, pueden ser clasificadas específicamente desde la perspectiva de su integración sociopolítica. Podremos calificar el DAVE madrileño como una iniciativa “tecnocrática”, muy en consonancia con el signo y la actitud política de la administración que lo sustentó. La sala EVA barcelonesa procede de una acción “militante” de un puñado de profesionales que tuvieron que hacer, por imperativos del entorno en que trabajaban, y de conciencia, lo que ninguna administración ha estado dispuesta a apoyar oficialmente. La también anónima sala del SAPS responde quizá algo más a un impulso “tecnocrático”, si bien no ha seguido ningún criterio científico de los establecidos y publicados hasta fecha, e igualmente carente de la valentía de un respaldo público, efectivo y decidido por parte de la administración. Finalmente, la sala de Bilbao, pese a sus problemas actuales, se constituye como un esfuerzo “democrático” por generar una iniciativa de salud pública con una razonable y necesaria raigambre en la sociedad.

No bastaría simplemente con generar nuevas “políticas”: falta también un elemento básico de sostenibilidad para las estrategias de reducción de riesgos y daños, que consiste en emprender reformas legales. Reformas que puedan incidir no sólo en el desempeño de intervenciones, sino también en la gestión de políticas de drogas con exigencia y control político y técnico de los resultados… e incluso, si no es mucho pedir, reformas que acaben cuando menos con la persecución legal al usuario de drogas, como generadora básica de muchos de sus problemas sociales que, inevitablemente, acabarán siendo también sanitarios. Aún hoy es el día en que muchas de las intervenciones más avanzadas en el sector de drogodependencias se sostienen únicamente sobre la existencia de lagunas legales y de una difusa tolerancia, por desinterés, de las autoridades que hacen “vista gorda” hacia actividades con poco encaje en la legalidad pero que se permiten como mal menor. Y la “gran” política sigue siendo bipolar: en el sentido de que por una parte persigue al drogodependiente, mientras que por otra (la de las “pequeñas” políticas) le proporciona estrategias preventivas y medios asistenciales… todavía muy insuficientes. Ya es tiempo de que se examine con lupa, y se convierta en foco de interés y escrutinio social y político, todo lo que se hace en drogodependencias.

Las salas de consumo de drogas ilegales, y en general las estrategias de reducción de riesgos y daños, acaban resultando micro-representaciones de los panoramas políticos, sociológicos y asistenciales en que nacen. Ahora, nos corresponde decidir cómo esos entornos e instituciones sociales y políticos quedan retratados a través de la atención al drogodependiente, y qué enmiendas cabría aplicar en las políticas de drogas y en política general. Diríase que éste es un buen momento para ello… pero todo está por ver.

Firmado: Grup Igia, Barcelona.