Ayuntamiento y Junta comenzaron el peloteo, «tuya/mía», sin que ninguna de los dos administraciones solucionaran nada, achacándose que las competencias no iban con ellas. En realidad, todos buscaban el «santo grial» y lo tenían a mano. No hay que rasgarse las vestiduras: existe ya una norma a disposición de los ayuntamientos que quieran prohibir el botellón. El municipio que lo decida, sólo tiene que atreverse a aplicarla. Pero esta es otra historia y otros aconteceres.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó el 17 de diciembre de 2002 una ordenanza «reguladora del consumo de bebidas alcohólicas». No lo hizo a escondidas. En la elaboración del texto participaron técnicos de los ayuntamientos de Barcelona, Burgos, León, Madrid, Miranda de Ebro (Burgos), Portugalete (Vizcaya), Salamanca y Sevilla, además del sargento de la Policía Local de Madrid. La ordenanza está firmada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP).

El artículo 6 de la ordenanza establece expresamente: «No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores o en días de feria o fiestas».

Para hacer cumplir la ordenanza, la Policía Local puede imponer sanciones entre 300 y 12.000 euros a los que beban en la calle o a los que vendan alcohol saltándose las normas. Los menores podrán «canjear» las multas por trabajos de interés social, entre cuatro y quince fines de semana.

La ordenanza -38 páginas- fue aprobada por la comisión ejecutiva de la FEMP, donde están representados una veintena de municipios. Actualmente, la vicepresidenta segunda de este órgano es la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, una de las que se ha unido a José Torres Hurtado en su reclamación a la Junta para que elabore una ley que limite el consumo en la calle. Una norma, por otra parte, que ya existe.

Antecedente

Fue Torres Hurtado quién emplazó al gobierno andaluz y después envió una carta a todos los alcaldes de las capitales andaluzas para hacer un «frente» común contra el botellón. Esta semana habló el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que se mostró dispuesto a dialogar con la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) para establecer nuevas modificaciones legales para poner orden en la movida. También se posicionaron los hosteleros, que volvieron a reclamar que se prohíba el consumo en la vía pública.

Todos quieren hablar, negociar, debatir para llegar una conclusión que debe de parecerse mucho a la que redactó la FEMP hace más de dos años. Este texto regula en su sentido amplio el consumo de bebidas alcohólicas y también la prevención. Hace especial hincapié en la publicidad y fija una amplia lista de prohibiciones. Además de limitar el suministro de bebidas a menores de 18 años y en la calle, se impide la venta ambulante, las promociones y los tickets de descuento que se han puesto de moda entre los bares de copas. También se prohíbe el suministro de bebidas a través de máquinas automáticas, en gasolineras o en quioscos, puestos de helados y otros establecimientos de este tipo.

La ordenanza, que está publicada y lleva además el sello del Ministerio del Interior, se apoya en otras normas, como las leyes de espectáculos públicos o la de protección de la seguridad ciudadana. Un texto -que parecen desconocer los alcaldes- que desmenuza la movida palmo a palmo. Por destacar un detalle milimétrico: están prohibidas las fiestas con «barra libre».