Tres años después de que entrara en vigor la ley antitabaco, los resultados de la misma revelan un cierto fracaso: ha aumentado el consumo. Aragón es una de las comunidades autónomas que en este tiempo ha registrado un repunte de la venta de cajetillas, pero también una de las que apuesta con más firmeza por endurecer la normativa. El Departamento de Salud y Consumo está trabajando para conseguir que todos los espacios de la hostelería se libren de humo de los fumadores.
En el objetivo de avanzar en las medidas sanitarias frente al tabaquismo en la comunidad, el Ejecutivo autonómico pretende dar un paso adelante hacia una regulación más restrictiva y coherente con los propósitos de salud pública para acabar con la actual permisividad del consumo de tabaco en bares, restaurantes y lugares de ocio.
Este intento de endurecer la ley antitabaco no es nuevo. Desde hace más de un año expertos en tabaquismo que asesoran al Gobierno aragonés insisten en la necesidad de modificar la legislación vigente –que entró en vigor en enero del 2006– para paliar las lagunas que presenta. Además, esta propuesta estaría en la línea de la Organización Mundial de la Salud y del Parlamento Europeo, que ha pedido a todos los países de la UE que, en el plazo máximo de dos años (el 2010), se prohíba fumar en todos los lugares de trabajo cerrados, incluidos los locales de restauración, así como en los parques infantiles públicos.
En los últimos meses, el Ejecutivo aragonés viene manteniendo contactos con el Ministerio de Sanidad y otras comunidades para desarrollar este endurecimiento de la ley antitabaco a nivel nacional.
A juicio del Departamento de Salud, la reducción del número de fumadores redundaría también en un descenso de las patologías asociadas al tabaco, entre ellas el cáncer, enfermedad que es diagnosticada a 5.000 aragoneses cada año. Un tercio de estos casos podrían ser evitables gracias a hábitos saludables.
GRUPO DE TRABAJO
La DGA recordó ayer en un comunicado que la Dirección General de Salud Pública creó un grupo de trabajo que señaló cuatro motivos fundamentales para que no se fume en los locales de la hostelería aragonesa: garantizar la salud laboral de sus trabajadores, que los ciudadanos dispongan de ambientes libres de humo en lugares de ocio, evitar la discriminación que se plantea entre los distintos empresarios al fijar diferentes requisitos en función de la superficie del establecimiento, su ubicación o actividad; y, finalmente, que disminuya la aceptación social del tabaco.
Este grupo de trabajo estuvo integrado por representantes de la administración, de empresarios de la hostelería, de los consumidores, de los trabajadores y de diferentes entidades, con el objetivo de alcanzar el mayor grado posible de consenso en la sociedad. Sus conclusiones están recogidas en un documento al que se han adherido más de 64 entidades de Aragón y del resto de España.
En cuanto a la actividad inspectora en la comunidad, en el 2007 fueron 2.809 las inspecciones realizadas, de las que 2.607 se desarrollaron en establecimientos hosteleros. Un total de 1.382 se realizaron en Zaragoza, frente a las 1.026 llevadas a cabo en Huesca y a las 401 efectuadas en Teruel. Los servicios de inspección impusieron 200 sanciones en Aragón cuyos importes van de los 600 a los 5.000 euros.
