El actual gobierno encabezado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en los últimos años en combatir el problema del narcotráfico a través de la imposición de políticas prohibicionistas. Prueba de ello ha sido la reforma de la Constitución impuesta de forma clientelista para penalizar el consumo de la dosis personal. Y aunque en varias ocasiones esta iniciativa se hundió en el Congreso, incluso con el apoyo de sectores que pertenecen a la coalición del gobierno, finalmente en las últimas semanas se ha logrado aprobar en el Congreso un acto legislativo que no contribuirá en absoluto en la lucha contra el narcotráfico.
La lucha contra la producción, el tráfico y consumo de sustancias ilegales en Colombia, ha sido un completo fracaso. Mientras se pretenda enfrentar el tema del consumo como un problema de narcotráfico y delincuencia y no como una enfermedad crónica y un problema de salud pública, tal como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría; no habrá avance alguno en estos temas.
Pero ¿Por qué la penalización no es la solución al problema del narcotráfico?
No solo la penalización para los consumidores no es la mejor herramienta para disminuir el consumo, sino que la política de lucha contra las drogas durante las últimas décadas ha sido una completa “hecatombe”. En el aspecto social, político, económico y ambiental no se ha logrado progreso alguno. Se observa que mientras más aumenta el número de hectáreas fumigadas, igualmente lo hace la cantidad de hectáreas cultivadas. A pesar de las intensas campañas de fumigación y erradicación manual adelantada por el gobierno durante el último año, el número de hectáreas de coca, es superior al que había cuando comenzaron los programas de erradicación hace más de 15 años.
En el tema económico las cifras tampoco son muy alentadoras. Sin contar los recursos subordinados que recibe Colombia de los Estados Unidos, el rubro que destina el actual gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo supera en la actualidad más del 6% del PIB, cifra que está por encima del presupuesto en defensa que utilizan países como EE.UU con el 4% del PIB donde ya se incluye las guerras contra Iraq y Afganistán; o en países de Europa donde su carga en defensa no supera el 2% del PIB. Tal es el gasto en la lucha contra el narcotráfico, que incluso, EE.UU el país que más ha invertido en políticas antidrogas con más de 15 mil millones de dólares durante las últimas décadas, ya empezó a darse cuenta de los resultados ineficaces y ha creado una comisión examinadora de los efectos de la política antidrogas en cuanto a consumo, producción y cultivos de cocaína.
Las consecuencias ambientales de la actual política contra las drogas tampoco resultan benéficas para nuestro país. Como la producción de la droga cada vez es más obstaculizada , a propósito, esto hace que sea un negocio, más lucrativo (Se estima que esta actividad canaliza más de 40 mil millones de dólares al año en el bajo mundo), lo cual genera un mayor interés de participar en él, por parte de grupos ilegales, campesinos e indígenas con pocos recursos para otra clase de cultivos, entre otros. Esto ha significado miles de hectáreas de bosques desaparecidos para ser sustituidos por la siembra de coca y amapola. También ha significado la erosión de tierras, la contaminación de ríos y cuencas hidrográficas. Y lo más grave: la fumigación con glifosato ha dejado tierras estériles para sustitución por otros cultivos y consecuencias sanitarias bastante graves como enfermedades respiratorias y dérmicas a los habitantes de estas zonas, que por lo general son campesinos y comunidades indígenas y nunca los narcotraficantes o los grupos armados ilegales.
Pero los actuales intereses prohibicionistas del presente gobierno, que sometido al imperio Norteamericano, no solo despilfarran el erario público en una lucha que lleva varias décadas sin resultados positivos, que dejen ver una pronta solución para que Colombia deje de ser el mayor productor de cocaína en el mundo con más del 80%, sino que en su lucha se atenta contra otros elementos inherentes a cualquier Estado. Con el argumento de ayuda contra el narcotráfico y el terrorismo en los últimos años, la soberanía de Colombia ha sido entregada a los intereses neocoloniales e imperialistas de los Estados Unidos a través de planes de sometimiento y condicionamiento como El Plan Colombia, los tratados de extradición que solo generan impunidad, y últimamente la instalación de siete bases norteamericanas en nuestro territorio, que como diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Más que un atentado contra la Soberanía son una ofensa contra la inteligencia y dignidad de América Latina”. Se está justificando con la lucha antidrogas la entrega de nuestra soberanía.
Mientras ocurre todo esto, el gobierno y sus peones del Congreso, entre los que se encuentra el Representante Nicolás Uribe, insisten erróneamente con esta nueva reforma, en que Colombia sea el único país del mundo que tenga un delito derivado no del ordenamiento legal, sino de la misma Constitución. Nuevamente empleando políticas de carácter prohibicionista con destino al consumidor se pretende disminuir el porte y consumo a través del endurecimiento de leyes que priven la libertad. El acto legislativo que reforma el artículo 49 de la Constitución emplea esta vez el mecanismo de medidas de protección coactiva, las cuales para el gobierno se consideran legítimas, aun en contra de la voluntad del individuo. Sin embargo la esencia de este Acto sigue siendo la misma de los anteriores proyectos no aprobados por utilizar políticas represivas. En esta ocasión prefiriendo la lucha contra el narcotráfico sobre las libertades de los ciudadanos.
El gobierno podrá utilizar todos los argumentos para emplear sus políticas antidrogas, incluso actuar por la salud de los consumidores, quienes aún no han solicitado la intervención autoritaria del Estado; pero la verdad es que esta reforma pretende perseguir al consumidor de la misma forma que al que suministra y de la misma forma que al que trafica. Y si en verdad se pretende proteger la salud de las personas, que se comience por penalizar el consumo de cigarrillo y alcohol, que también generan adicción y que ocasionan anualmente más muertes que la droga. Seguramente esto nunca se hará, porque los mayores perjudicados serían las industrias tabacaleras y licoreras de los Estados Unidos. Y el fisco colombiano.
Está comprobado que en los países donde se han incrementado las políticas represivas y prohibicionistas en normatividad legal, en cuanto al consumo de drogas, de la misma forma han aumentado los consumidores. En un informe generado por la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia se establece que en Estados Unidos, el país con leyes más duras en cuanto al consumo, hay cuatro veces más drogadictos que en toda Europa y más personas privadas de su libertad por delitos asociados con drogas. Se ha concluido por parte de algunos gobiernos europeos como Holanda y Portugal donde se ha despenalizado el consumo de algunas sustancias psicoactivas, que la disminución del consumo no depende de la normatividad legal, sino de las campañas de educación y prevención.
Dada la importancia y trascendencia que tiene este tema en la actualidad colombiana, es obligación de la Corte Constitucional garantizar el cumplimiento de todos los derechos y principios que soportan un Estado Social de Derecho a través de una posición democrática que tenga en cuenta la dignidad, la autonomía y la libertad de todas las personas al momento de declarar la exequibilidad o inexequibilidad de la norma que aprobó el Congreso.
