El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles con el único apoyo del PSOE-A la denominada ley del botellón, que permitirá a los ayuntamientos regular y fijar espacios para este fenómeno, una norma que entrará en vigor dentro de un mes y sobre la que IU hizo un llamamiento a la «desobediencia civil».

Aprobada con la abstención del Partido Popular y el rechazo de Izquierda Unida y el Partido Andalucista, que la tildaron de «represiva», la ley permitirá a los alcaldes inhabilitar a los empresarios que la incumplan y a los ayuntamientos determinar los espacios abiertos o «botellódromos».

La denominada ley de potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos ha sido respaldada por la mayoría de la sociedad andaluza y el 52% de los participantes en el «botellón», y los afectados coinciden en señalar que es la solución a los problemas que genera, afirmó la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo.

La norma da cobertura jurídica a los ayuntamientos para regular las concentraciones al aire libre, lo que permitirá a las policías locales intervenir las bebidas del «botellón», clausurar temporalmente los establecimientos infractores y precintar vehículos de venta ambulante.

Según la consejera, responde a las demandas planteadas por las entidades locales, los ciudadanos y las organizaciones empresariales, y prohibirá la concentración de personas que consuman bebidas en la vía pública, salvo en aquellos lugares que determinen los ayuntamientos, con la intención de conciliar los derechos a la diversión y al descanso.

Reestricciones a los empresarios

Las restricciones alcanzan a los empresarios, ya que los comercios no podrán vender ni entregar bebidas alcohólicas después de las 22.00 horas, aun cuando la venta se haya producido con anterioridad. Tampoco los establecimientos de hostelería y ocio nocturno podrán servir copas para su consumo fuera del recinto del local y del espacio autorizado correspondiente a terrazas.

Los alcaldes tendrán potestad sancionadora, mediante multas que oscilan desde los 600 euros para las faltas leves a los 60.000 en caso de falta muy grave, y podrán decretar la suspensión de las licencias de apertura, la clausura de establecimientos por periodos de entre uno y cinco años, y la inhabilitación de empresarios.

Arancha Martín (PP-A) denunció que la norma se resumen en «sanciones infracciones o criminalización», y recordó al Gobierno que lo que han pedido los alcaldes son soluciones «no los problemas que provocará» la ley.

José Manuel Mariscal (IU) acusó a la Junta de «dejar la pelota en el tejado» de los ayuntamientos en vísperas de las elecciones, lo que atribuyó a la «incapacidad» de la Junta para negociar y consensuar una ley de la que dijo que «nace muerta por ineficaz, al basarse en la prohibición y la sanción», por lo que su formación llamará a la desobediencia civil de una norma «inútil».

Pilar González, portavoz del PA, expresó las «serias» discrepancias con una ley que «concibe» la concentración de jóvenes como un problema de orden publico, algo que calificó de «simplista y reduccionista», que «no dará» -dijo- solución al problema.