El Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo, que recibió ayer lunes el visto bueno del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), contará con una financiación inicial de 13,6 millones de pesetas para el presente año, según detalló en rueda de prensa el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, quien, no obstante, criticó la escasez de los fondos aportados por el Gobierno central para las actuaciones incluidas en el plan.

En este sentido, destacó que de los fondos citados, 10 millones corresponden a las comunidades autónomas, que aportarán 25 céntimos por habitante y año, mientras que la Administración central sólo aportará por el momento una financiación directa de 1,2 millones de euros y 2,4 millones más en concepto de fondos para impulsar programas de prevención.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, destacó que el acuerdo del pleno del CISNS fue adoptado por unanimidad y expresó su confianza en que el Plan, vigente para el período 2003-2007, sea un instrumento «útil y satisfactorio para todos» en la lucha contra un hábito responsable directamente con más de 50.000 muertes al año en España.

«Es un plan que defiende la salud por encima de todas las cosas. Respeta a quienes fuman sin invadir el derecho de los que no fuman; reconoce la enorme capacidad adictiva de la nicotina y facilita la ayuda a los que desean dejar de fumar; establece las bases para una convivencia saludable; identifica los factores que influyen en el consumo del tabaco y las acciones para su prevención», dijo Pastor.

Asimismo, la ministra, que no ofreció cifras concretas sobre la financiación del plan, un aspecto del que, según indicó, se ocupará la recién creada Comisión Delegada del CISNS, anunció que la Agencia Española de Tecnologías Sanitarias va a evaluar «todas las alternativas terapéuticas» para la deshabituación de los fumadores, incluyendo un análisis de costes de cara a su posible financiación.

Además, Pastor detalló en la rueda de prensa posterior a la reunión del CISNS, las actuaciones incluidas en el Plan que recibió el visto bueno del Consejo. Entre las medidas anunció que antes de que acabe 2003 el 95% de los centros de trabajo de la Administración «serán espacios sin humo».

Por su parte, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, criticó que al Plan no vaya acompañado de una memoria económica y censuró que, mientras se conoce lo que van a aportar las comunidades en función de sus habitantes (25 céntimos por habitante), sigue sin despejarse la incógnita de la aportación del Estado vía impuestos. Así, y por tratarse de un Plan «sin financiación», Vallejo señaló que lo que se ha aprobado realmente es «medio plan».

El Plan incluye entre sus principales medidas para prevenir y controlar el tabaquismo el establecimiento de «lugares de trabajo especiales (centros docentes, sanitarios, públicos y de ocio) como espacios libres de humo», y «la supresión de máquinas expendedoras de tabaco (que no distinguen la edad del comprador), contemplando la venta personalizada como forma principal de adquisición de estos productos».

En virtud del proyecto de Sanidad las autoridades tendrán que velar por el cumplimiento de la normativa sobre «espacios sin humo», además de en los lugares mencionados, en el ámbito de las administraciones públicas y de los centros sociales y de atención al público.

Se trata, según las previsiones del Plan, de que para 2003 al menos el 95% de los centros sanitarios, docentes y de la Administración sean espacios sin humo, y que en 2005 ocurra lo mismo con el 70% de las empresas.

Entre las medidas de carácter legislativo que contempla figuran, entre otras, excluir de la confección del Índice de Precios al Consumo (IPC) los productos del tabaco, unificar en el ámbito nacional la prohibición de la venta de tabaco a menores de 18 años, prohibir la venta de cigarrillos sueltos estableciendo como única unidad las cajetillas de 20 unidades, implantar en todo el país la prohibición de la publicidad directa e indirecta y del patrocinio de los productos del tabaco y establecer medidas fiscales de aumento de precios.

Asimismo, cabe citar el establecimiento de una «política gradual» de espacios sin humo mediante la puesta en marcha en principio de salas para los fumadores «hasta conseguir la totalidad de los espacios libre de humo de tabaco», y la puesta en marcha de un sistema de acreditación de las unidades de tratamiento de dependencia tabáquica.

En lo que se refiere al tabaquismo pasivo, y teniendo en cuenta que «no hay evidencia de existir un nivel seguro de exposición al humo ambiental del tabaco», el proyecto establece que «no se aceptarán las estrategias de regulación de ventilación, diseño del espacio, etcétera, que se alegan para evitar el tabaquismo involuntario».

Para el sector de la hostelería, el Plan prevé «cambios legislativos» para que haya «zonas diferenciadas» y se limite el número de plazas para fumadores. Además, los espacios habilitados para fumar tendrán que tener unos requisitos mínimos para que no se perjudique la salud de los no fumadores.

Entre los principales objetivos del Plan figuran que en 2007 la edad de inicio en el hábito tabáquico se haya reducido hasta los 14 años; que la proporción de ex fumadores aumente al menos en 6 puntos, hasta alcanzar el 21%, y que los fumadores en el grupo de edad de 16 a 25 años se sitúe por debajo del 34%.

Asimismo, los autores del documento esperan que en 2004 ya se hayan desarrollado normativas que regulen el consumo de tabaco en todos los ámbitos públicos, y que el 75% de la población considere que el tabaco es menos aceptado en su entorno social.