El gobierno argentino impulsa un proyecto con el apoyo de ONGs especializadas, para despenalizar el consumo personal de drogas y combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, que presentará antes de fin de año, dijo este miércoles el ministro del Justicia, Aníbal Fernández.

«No me gusta que se condene al que tiene una adicción como si fuera un criminal. Los que tienen que ser condenados son los que venden la sustancia», había dicho el martes la presidenta Cristina Kirchner al presentarse una encuesta nacional sobre consumo de estupefacientes, alcohol y tabaco.

En Argentina, la tenencia de drogas es considerada un delito, aún en cantidades escasas para consumo personal, y la mayoría de las causas judiciales recaen en consumidores, aunque la tendencia es el cierre de los expedientes o la derivación a tratamientos.

El ministro afirmó que el gobierno está «buscando una norma moderna, inteligente y que le dé la responsabilidad al magistrado de resolver la problemática conforme se vaya presentando» y estimó que el proyecto estará listo antes de fin de año.

La idea es aplicar «una política de tratamiento ante la presencia de consumo y una fuerte política de represión a todas las formas de colocación de productos o sustancias ilegales y al lavado de dinero del narcotráfico», dijo Fernández.

Un comité científico de expertos, coordinado por la fiscal Mónica Cuñarro, que investiga el narcotráfico en una villa de emergencia de Buenos Aires, trabaja en el proyecto desde hace tres años y asesora al gobierno.

«Es necesario abandonar el criterio criminalizador. Las políticas de drogas deben volver al campo de la salud de donde nunca tendrían que haber salido», estimó Ricardo Paveto, secretario de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), una organización no gubernamental especializada.

Según Paveto, «la criminalización del usuario se sustenta en un imaginario de peligrosidad social del consumidor de drogas, pese a que estadísticamente, de las 400.000 personas que fueron detenidas desde 1989 por tenencia para consumo personal, el 90% no tenía antecedentes penales y trabajaba o estudiaba».

De su lado, Graciela Touzé de la Asociación Civil Intercambios, consideró «auspicioso que se plantee una revisión de la política y la legislación en materia de drogas».

«Hay que reexaminar los resultados de la ley de drogas que desde hace 20 años penaliza la tenencia para consumo, sin que, como es evidente, haya conducido a una reducción del abuso de drogas», advirtió la especialista.

Según la encuesta nacional sobre consumo de sustancia psicoativas, que divide los datos por regiones, el mayor problema en Argentina es el alcohol, que es consumido por 76% de la población y está presente en delitos, accidentes de tránsito y muertes, mucho más que el uso de drogas ilegales.

La encuesta fue hecha en 2008 entre 51.162 personas de localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país, en una muestra que abarca el 96% de la población.

Entre los sondeados, un 9,9% de los hombres y 4,9% de la mujeres admitieron haber consumido marihuana alguna vez, índice que alcanza a 24,5% y 15,6%, respectivamente, en Buenos Aires, la capital, donde viven 2,7 millones de personas.

En cambio, 4,8% de los porteños admitieron consumir cocaína, mientras que el promedio del país es de 2%.

El «paco», un derivado barato de la cocaína, hace estragos, no obstante, en las villas de emergencia donde bandas de narcotraficantes imponen su propia ley.

Argentina es además un país de tránsito y tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos.