La Corte Penal Internacional (CPI) decidió aplazar la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, que debía celebrarse el 23 de septiembre de 2025. La razón es médica: con 80 años cumplidos, el tribunal quiere asegurarse de que el exmandatario esté en condiciones de seguir un proceso de esta magnitud. Los informes sobre su estado de salud permanecen bajo reserva, aunque la corte ha insistido en que la suspensión será temporal, solo el tiempo necesario para completar la evaluación.

Duterte fue arrestado en marzo de este año y trasladado a La Haya, tras la orden emitida por la CPI. La acusación: crímenes contra la humanidad por su estrategia de ‘guerra contra las drogas’, una política que convirtió en emblema de su presidencia (2016-2022) y que ya había aplicado en su etapa como alcalde de Dávao.

Según la Fiscalía, el dirigente no solo alentó, sino que promovió una campaña sistemática de asesinatos extrajudiciales contra personas sospechosas de consumir o traficar drogas. En ese contexto, la policía recibió carta blanca para disparar, y en muchos casos también civiles armados fueron instigados a “eliminar” a quienes estuvieran vinculados con el mercado de sustancias. De ser hallado culpable, Duterte podría enfrentar cadena perpetua, la máxima pena que contempla la CPI.

Al llegar al poder en 2016, Duterte convirtió la lucha contra el narcotráfico en el eje central de su gobierno. Bajo la llamada ‘Operación Double Barrel’, se organizaron redadas masivas en barrios empobrecidos y zonas urbanas. Las cifras oficiales hablan de unas 6.000 muertes en operaciones policiales, pero los datos recopilados por organizaciones defensoras de derechos humanos —como Karapatan, Human Rights Watch y Amnistía Internacional— elevan el número a más de 30.000 personas asesinadas.

Muchas ejecuciones se produjeron en circunstancias sospechosas, con manipulación de pruebas, encubrimientos policiales y testigos silenciados. La gran mayoría de las víctimas fueron personas de comunidades empobrecidas, lo que dejó al descubierto el carácter desigual y discriminatorio de esta estrategia.

El proceso contra Duterte plantea un debate global sobre el uso de la fuerza y la violencia en las políticas de drogas: mientras algunos países mantienen estrategias militarizadas, organismos de Naciones Unidas insisten en que deben abordarse desde la salud pública y el respeto a los derechos humanos.