El plan antidroga fue anunciado por el ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra, como presidente del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), compuesto además por los titulares de Gobierno, Defensa, Agricultura, Hacienda y Salud.Saavedra, que presentó antes el programa durante la reunión ministerial del 46 período de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada la semana pasada en Viena, explicó que el programa se centra en «la formulación de políticas integrales y el fortalecimiento institucional».
Asimismo, considera esencial la consolidación del Observatorio Boliviano de Drogas y la realización de un estudio sobre el consumo y usos tradicionales de la hoja de coca.

Este último aspecto es uno de los principales puntos de desacuerdo entre las autoridades bolivianas y los líderes de los productores de coca de la región del Chapare, en el centro del país, donde la producción de la planta de la que se extrae la cocaína es considerada ilegal.
El Ejecutivo dice estar dispuesto a revisar la Ley de la Coca y de Sustancias Controladas, que prohíbe la existencia de cultivos de coca en esa zona, siempre y cuando un análisis del uso tradicional del producto demuestre que es necesario ampliar el número de hectáreas permitidas por la ley.

Por su parte, los cocaleros exigen al Gobierno que permita a las 30.000 familias campesinas del Chapare poseer media hectárea de plantación, lo cual conllevaría, según ellos, la inmediata suspensión de las medidas de erradicación que actualmente ejecutan la Policía y el Ejército y que generan conflictos constantes.

Otro de los aspectos en los que hace hincapié la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas para los próximos cinco años, es el desarrollo alternativo, que debe ser «integral, participativo y sostenible», según el documento.

Para lograr esta meta, las autoridades proponen «diversificar las actividades económicas, ampliar las acciones hacia las zonas expulsoras de población, invertir en zonas potenciales de producción de coca e incorporar variables de desarrollo humano», en materia generacional, de género, de salud, de educación y de migraciones.

La propuesta pone también énfasis en la erradicación de las plantaciones de coca, la prevención del uso de las drogas y en el combate al narcotráfico.

Por último, demanda a la comunidad internacional que aplique el principio de «responsabilidad compartida» a través de la ampliación de los programas de desarrollo alternativo, la vinculación del narcotráfico con la pobreza y la incorporación de programas sociales transversales.

Le solicita también que provea a Bolivia de un mejor trato arancelario, un apoyo a las inversiones en las zonas afectadas por el cultivo de coca y asistencia técnica para la competitividad de los productos alternativos en los mercados.