Los discursos tempranos del gobierno Petro generaron muchas expectativas de que Colombia finalmente empezaría a superar una de las políticas de drogas más punitivas y costosas de la región y el mundo. Una política prohibicionista que, durante décadas, no ha logrado ninguno de sus objetivos y nos mantiene postrados ante la violencia, el miedo y la corrupción.
La intromisión de Estados Unidos pronto obligó al gobierno a mantener, parcialmente, el flagelo de la erradicación forzada y relegar el tema de la regulación de la cocaína. Pero, comenzando el 2023, la expectativa de cambios de fondo sigue en pie, tras la reciente convención cocalera en el Catatumbo donde se renovó el compromiso con un enfoque de participación local, desarrollo rural y gradualidad en la sustitución de cultivos.
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