El gobierno nacional incluyó la regulación del uso de cannabis para adultos y de los usos alternativos de la hoja de coca en la Política Nacional de Drogas publicada en octubre del año pasado. En paralelo, el pasado diciembre se hundió en el Congreso el proyecto de acto legislativo para la reforma constitucional al artículo 49, mediante el cual se proponía eliminar la prohibición constitucional de cannabis que existe hoy, y así habilitar la posibilidad de un mercado regulado de uso adulto del cannabis.
Los tratados internacionales de drogas son claros y admiten solamente usos médicos y científicos de las sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, varios países y jurisdicciones han avanzado en modelos regulatorios con diferentes argumentos jurídicos para fundamentar esta decisión. Pero los tratados internacionales son parte del ordenamiento multilateral. Entonces, los procesos para avanzar en caminos distintos deben buscar no menoscabar la legitimidad de ese sistema internacional, en tiempos donde vemos de manera creciente fracturas, pero también la importancia de estos escenarios.
En medio de las tensiones entre la necesidad de salir del fracaso de la prohibición y respetar el multilateralismo, está también el papel de Colombia, a medida que retoma el liderazgo en el debate mundial de drogas. Una pregunta que sin duda le harán al país es cómo fundamenta jurídicamente el giro a un mercado regulado de uso adulto de cannabis y hoja de coca.
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