Críos, jovencitos, muchachos, adolescentes… Así retrata el tópico popular al personaje tipo al que la Policía suele pedir el carné y multar los festivos y fines de semana por beber alcohol en la calle. Pero los últimos datos de Agencia Antidroga se ha encargado de hacer saltar por los aires. El 95% de los 5.279 expedientes sancionadores resueltos el pasado año recayeron en mayores de edad. Muchos de ellos, concretamente el 60%, eludieron el pago de la sanción económica, que asciende a 313.101euros, por la participación en una jornada formativa-preventiva de cinco horas. Esta es una de las alternativas que ofrece la denominada «Ley Antibotellón» que la Asamblea de Madrid aprobó en julio de 2002 para poner coto al consumo de bebidas alcohólicas en la calle.
En total, según los datos facilitados por la Agencia Antidroga, los expedientes sancionadores iniciados el pasado año se redujo un 37,5% con respecto a 2004 y el número de multas cayó un 3,8%. El botellón dejó en las arcas regionales 621.000 euros en concepto de multas. Un tercio de los que pagaron lo hicieron en el periodo voluntario, y el resto por vía ejecutiva.
De entre 18 y 25 años. En total el pasado año se iniciaron 4.723 expedientes frente a los 7.561 de 2004. En 2005 se resolvieron 5.695 frente a los 5.669 del año anterior. El motivo de la divergencia entre el número de expedientes abiertos y el de sanciones se debe a que muchos de ellos se abren un año y hay que esperar al siguiente pra que se resuelvan.
Los cursos que conmutan la sanción económica se celebran en las instalaciones de la Agencia Antidroga y tienen como objetivo evitar que los multados vuelvan a reincidir. «No hay un perfil fijo de las personas que acuden aquí. Suelen ser jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años», asegura José Julián Díaz, subdirector general de Asistencia de la Agencia Antidroga y ex jefe de la Inspección. Los cursos se celebran los lunes y los jueves y se prolongan por espacio de cinco horas. Basta asistir a una sola de estas sesiones para anular la sanción económica. «Por un lado, un médico y un psicólogo se encargan de explicar los efecto perniciosos que tienen el consumo de alcohol y drogas. Postteriormente, un abogado les explica las consecuencias jurídicas derivadas del consumo de alcohol en la vida ordinaria, cuando conducen, en el trabajo…», asegura.
En principio, la gente que acude a los cursos no dan problemas, incluso, asegura Díaz, «tienen buena disposición y son muy participativos».
Las fechas estivales, Navidad, Semana Santa y Verano están reservadas para los menores, ya que la Agencia no quiere ocupar su horario escolar. Para que el chaval asista a esta reunión necesita que su padre o tutor dé su consentimiento. Además de la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, en los cursos se les enseña también los efectos perniciosos del abuso de drogas.
Profundizar en la prevención. El objetivo de la Agencia para este año es ahondar aún más en la prevención dando cabida en los cursos a organizaciones que luchan contra el alcoholismo y la drogadicción. Al margen del botellón, el pasado año se ejecutaron otros 416 expedientes sancionadores por vulnerar la ley que supusieron unos ingresos a la Comunidad de 1.271.917 euros por vender alcohol fuera de hora, tabaco a menores o publicidad.
El botellón se asocia a la celebración de un acto social por lo que no es difícil encontrar a jóvenes que hayan sido multados más de una ocasión por beber alcohol en la calle. La Agencia Antidroga estima que aproximadamente el 15% de los sancionados ya lo han sido en alguna otra ocasión. Los jóvenes tienen la percepción de que la jornada de prevención no sirve para mucho, más allá de eludir el pago de los 300 euros de sanción económica. Lo cierto es que la «Ley Antibotellón» no ha conseguido erradicar el consumo de alcohol en la calle. No hace falta más que elegir al azar un parque de cualquiera de las ciudades de la región un festivo o una tarde noche de un fin de semana para comprobar como hordas de jóvenes acarrean bolsas con bebida y hielo para dar luego buena cuenta de ello. La norma ha venido acompañada, en algunas ocasiones, de un incremento de la presión policial que ha conseguido desplazar el lugar del botellón, pero no erradicarlo.
