El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ya advirtió que durante la cumbre no se tomarán decisiones ni se llegará a consensos, pues de lo que se trata es de echar a andar un debate largamente pospuesto.
Pero la discusión ha adquirido una especial relevancia porque por primera vez jefes de Estado en ejercicio se han declarado dispuestos a ir más allá de la visión eminentemente prohibicionista.
Aunque el debate a menudo ha sido planteado como una disyuntiva entre prohibición y legalización, en la práctica las opciones disponibles son mucho más complejas y variadas.
Pero, ¿cuáles son esas opciones?, ¿cómo podrían aplicarse?, ¿con qué consecuencias?
Explore las alternativas con BBC Mundo.
Descriminalización del consumo
Arrestos por posesión
En EE.UU., dos tercios de los más de 1,6 millones de arrestos vinculados a drogas son por posesión.
En su mayoría se trata de consumidores de color y/o de escasos recursos.
En América Latina ésta es la causa de arresto de entre el 5% y el 15% de la población carcelaria.
Fuente: Drug Policy Alliance
Una de las alternativas en la que se podría avanzar durante la próxima década es en la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo personal.
Esto es algo que ya han hecho países como Portugal y también empezado a hacer –o a considerar- varios países latinoamericanos.
Esta ruta le permitiría a las fuerzas de seguridad concentrarse en atrapar a los peces grandes, además de reducir significativamente la presión sobre el sistema carcelario.
Ethan Nadelmann, el director ejecutivo de la organización estadounidense Drug Policy Alliance, considera que al despenalizar la posesión de «dosis personales» se reducirían las posibilidades de corrupción policial a pequeña escala.
Señala además que «la gente empezaría a preguntarse: si la posesión no es un crimen, ¿no tendría sentido permitirles obtener sus drogas de manera legal?».
Eso es a su vez una ventaja, para quienes defienden la idea, y uno de los principales obstáculos para avanzar por esa ruta, para quienes se oponen.
El ejemplo Portugal
La medida genera el temor de que aumente dramáticamente el número de consumidores.
En el caso de Portugal, por ejemplo, donde la descriminalización empezó a aplicarse en 2001, el número de personas entre 15 y 64 años que dijeron haber probado alguna vez drogas pasó de 7,8% a 12% en 2007, según el último reporte del Centro Europeo para el Monitoreo de Drogas y Adicciones.
No obstante, el incremento en la experimentación no se ha traducido necesariamente en un consumo sostenido capaz de modificar significativamente el mercado.
Así, según el mismo informe, el número de personas que admitió haber consumido drogas «el año pasado», nada más pasó del 3,4% en 2001 a 3,7% en seis años.
Y, tal vez más importante, el número de jóvenes consumidores de droga en Portugal se ha reducido, mientras que el número de adictos en tratamiento ha aumentado.
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Legalización de drogas «domesticadas»
Y, para Nadelmann, hay un claro punto de partida: la marihuana.
«Basicamente se trataría de cobrar impuestos y regular la venta de marihuana como ya se hace con el alcohol», le explicó a BBC Mundo.
«Ahí está el modelo holandés. También ha habido progreso en países como Suiza y España y, en menor medida, Dinamarca. Pero también, remarcablemente, en EE.UU.: casi el 50% de los estadounidenses actualmente apoya la legalización de la marihuana».
Al eliminar al cannabis del sistema de justicia criminal también se estarían liberando recursos para ser utilizados en otras batallas.
Y es que, según el director de Drug Policy Alliance, en EE.UU. los arrestos vinculados a posesión de cannabis duplican a los arrestos por otras drogas ilegales.
La legalización de la marihuana, también privaría a los narcotraficantes de una importante fuente de ingresos.
Y los impuestos generados por su venta podrían reinvertirse en programas de prevención o tratamiento de adicciones.
¿Y la cocaína?
Como apunta Gaviria, sin embargo, para los países latinoamericanos es más relevante la posible legalización de la cocaína.
Pero Nadelmann parece considerar que esa opción es poco viable en las actuales circunstancias, a pesar de que un estudio reciente de dos economistas del Banco Mundial sugiere que el aumento del consumo de cocaína derivado de su posible legalización jamás alcanzaría niveles masivos o de epidemia.
«Si los precios de la cocaína en Estados Unidos se redujeran en un 80%… la prevalencia del consumo de cocaína en el país aumentaría en aproximadamente el 1,1% de la población (casi un 40% de su nivel actual)», estiman en su estudio Norman Loayza y Naotaka Sugawara.
Y el más pesimista de sus escenarios apunta a una prevalencia del 2% de la población estadounidense.
Aún así, Nadelmann considera mucho más viable la posible legalización de productos a base de coca, como ha pedido el presidente de Bolivia, Evo Morales, que la del «polvo blanco».
«La evidencia indica que en dosis bajas esos productos –que podrían incluir mate de coca, sodas o goma de mascar- no son más adictivos e incluso hasta menos dañinos que productos cafeinados de la misma potencia. El mate de coca es suave comparado con el Red Bull».
Provisión regulada
Nadelmann también cree que los gobiernos deberían considerar la posibilidad de crear mecanismos de distribución regulados para los adictos y grandes consumidores.
«No se trataría de replicar el modelo de venta de alcohol o tabaco», explicó Nadelmann, quien considera que la sociedad aún no está preparada para legalización de drogas como la cocaína, la heroína o las metanfetaminas.
En su lugar, pone como ejemplo los mecanismos de atención para los adictos a la heroína que se empezaron a implementar en Suiza hace 20 años.
«Sería una medida importante porque la mayoría de las drogas, ya sea legales o ilegales, son consumidas por una minoría de los usuarios. Por ejemplo, el 10% de los bebedores consume aproximadamente el 70% del alcohol, y probablemente pasa lo mismo con las drogas ilegales», le dijo a BBC Mundo.
Y al sacar del mercado ilegal a una buena parte de los adictos y usuarios consuetudinarios, se reducirían significativamente la ganancia de los gangsters.
Además, la medida permitiría focalizar mejor iniciativas de rehabilitación y los programas dedicados a atender los problemas de salud pública vinculados, como el posible contagio de HIV por agujas infectadas.
Abolición total de la prohibición
Ésta es la ruta más extrema y, por el momento, la que parece menos viable.
«Basta ver con lo que ocurrió con la prohibición del alcohol en Estados Unidos entre las décadas de 1920 y 1930, porque la situación es muy parecida: hay un gran criminalidad vinculada al mercado negro que se beneficia de la prohibición», le dijo a BBC Mundo Schaler, quien ha escrito y dictado cursos sobre políticas antidroga y adicciones por más de 30 años.
«Los gánsters, los criminales son los que más se benefician de la prohibición, y lo peor para ellos, desde un punto de vista económico, sería su abolición», explicó.
Efectivamente, los economistas han calculado que la legalización de la cocaína, por ejemplo, reduciría su precio entre un 50% y un 80%.
Y para Alfonso Gaviria, decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, eso beneficiaría grandemente a países como Colombia, que han sido víctimas de la violencia financiada por el narcotráfico.
Impacto económico
A nivel macroeconómico, sin embargo, Gaviria no considera que la legalización de la cocaína tendría mayor impacto, ni siquiera para el principal exportador mundial de la droga.
«La importancia macroeconómica nunca superó el 4% del Producto Interno Bruto (de Colombia), y hoy en día es probablemente mucho menor, cercano a dos puntos del PIB», le dijo a BBC Mundo.
Y eso, advierte, es con los precios inflados por el prohibicionismo.
«Si el negocio se legaliza completamente los precios serian una fracción y entonces pasaría a ser una porción insignificante», dijo Gaviria.
«La demanda crecería un poco, sin duda, pero la caída en el precio seria sustancial y ese 2% se convertiría en menos de un 1%», explicó.
Por eso, Gaviria no cree que, de ser legalizada, la cocaína pase a convertirse en una «super commodity» que pueda igualar la importancia que en su momento tuvo el café o ahora tienen la minería y los hidrocarburos.
«Es que el mercado no es muy grande. En el fondo son 500 toneladas métricas las que exporta Colombia. Ahí no vamos a encontrar ni la solución ni un dolor de cabeza para la economía», afirmó el economista de Uniandes y co-editor del libro «Políticas antidroga e Colombia: éxitos, fracasos y extravíos».
Los otros «perdedores»
«Si uno mira los componentes del Plan Colombia va a encontrar gente que de alguna manera vive de esta guerra contra las drogas», le dijo a BBC Mundo el decano de economía de la universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, refiriéndose al programa antidrogas que ha costado más de US$7.000 millones desde su inicio en 1999.
La mayoría de esos recursos han sido canalizados como asistencia militar, lo que ha beneficiado a las fuerzas de seguridad así como a quienes fabrican y les suministran equipos y otros contratistas.
El experto también hace notar que medidas específicas como la erradicación aérea de las plantaciones de coca en Colombia, han sido defendidas a capa y espada por la transnacional Monsanto, una de las principales fabricantes de los herbicidas utilizados en el proceso.
«Y la guerra contra las drogas también ha sido útil de manera demagógica para ciertos políticos, tanto en América Latina como en EE.UU.», agregó el catedrático.
Schaler está de acuerdo. Y además destaca la utilidad de las políticas prohibicionistas de mano dura para los constructores de prisiones en EE.UU.
«Es un negocio billonario», le dijo a BBC Mundo.
