Los numerosos casos de presuntos pinchazos registrados durante julio y agosto de 2022 en recintos festivos y espacios de ocio nocturno de toda Euskadi, así como de otras comunidades autónomas, hicieron saltar todas las alarmas hace doce meses. Hubo un tsunami de denuncias por sumisión química que activó un amplio paquete de protocolos y actuaciones para combatir el problema.
La Ertzaintza investigaba el nuevo peligro que acechaba a las jóvenes vascas en fiestas y discotecas y esta oleada de denuncias, con una posible inoculación de sustancias para drogarlas con el fin abusar sexualmente de ellas. La Policía vasca mantuvo abiertos docenas de casos ocurridos en fiestas desde Santurtzi, a Etxebarri, Zierbena, Zarautz y también durante las semanas grandes de las tres capitales vascas. Las noticias sobre agresiones sexuales con sumisión química se multiplicaban, los relatos de muchas mujeres, el eco mediático y en redes, y la alarma social provocaron que el fenómeno pisase fuerte en la agenda diaria y que la preocupación por la indefensión fuera en aumento.
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