El azúcar, la carne procesada, las patatas de bolsa -es decir, concentrado de grasas hidrogenadas, sal y carbohidratos-, el alcohol y el tabaco, son sustancias legales que provocan más muerte y enfermedad en sus consumidores que sustancias ilegales como la cocaína. Mientras en nombre de la guerra contra las drogas, Donald Trump inicia operaciones militares millonarias contra carteles de la droga catalogados por Washington como organizaciones terroristas -y contra la soberanía de otras naciones-, organizaciones defensoras de los derechos humanos y gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia han propuesto regular la cocaína.
“La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina”, afirmaba el presidente del país que exporta el 80% de la cocaína mundial, en declaraciones públicas hace 6 meses. Desde su llegada a la presidencia ha mantenido un posicionamento claro en materia de política global de drogas: regular las drogas resolvería en buena parte la grave problemática en términos de vulneración de derechos humanos en la que está sumergido su país históricamente y que estos últimos meses se ha agravado con atentados bomba en distintas ciudades, reclutamiento de menores por parte de grupos narcotraficantes y asesinato de lideres sociales que defienden sus territorios de las dinámicas del narco.
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