Uruguay ha propuesto crear un mercado regulado para la comercialización de la marihuana. Este anuncio ha despertado reacciones en un mundo apegado a la fracasada guerra contra las drogas. A pesar la ausencia de acuerdo entre los países latinoamericanos reunidos en la pasada Cumbre de las Américas, esta pequeña nación ha decidido avanzar individualmente. Sin embargo, es una normativa que podría tener el consumo adolescente como talón de Aquiles.

El disparo de reacciones en distintas partes del mundo estalló cuando el gobierno izquierdista del pequeño país sudamericano anunció que promovería regular y cobrar impuestos al consumo de esta planta. Entre otros, la revista estadounidense Time elogió la iniciativa, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) advirtió sobre los riesgos de adoptar políticas que denominó «decepcionantes».

La intención uruguaya se enfoca en mantener bajo control estatal el mercado de la marihuana, desde el cultivo local de cannabis hasta la venta a ciudadanos mayores de 18 años. Las razones fueron expuestas por el presidente José Mujica y por algunos de sus colaboradores. Asimismo, desarrollaron algunos detalles sin aún tener un proyecto de ley escrito al respecto.

La regulación incluiría un registro de usuarios con el que se busca establecer patrones individuales de compra y consumo y la fijación de una cantidad máxima, que no superaría los 30 gramos por mes, pues el acto de consumir más de un gramo diario constituye un «uso nocivo».

En virtud del registro, sería posible identificar a quienes se encuentren en esa situación y ofrecerles consejería y tratamiento como responsabilidad del estado.

TODOS JUNTOS POR CONSUMIDORES

En este país se encuentran penalizadas la producción y la comercialización de la marihuana, no su consumo. Esta norma no establece la cantidad límite aceptable para uso individual.

Este extremo queda a criterio del juez.

Como consecuencia, este vacío legal suele encarcelar a simples consumidores. Las estadísticas indican que entre 2006 y 2009 fueron encausadas judicialmente 651 personas por posesión de unos pocos gramos.

Las estimaciones oficiales indican que entre los 3,3 millones de habitantes que posee Uruguay, unas 150.000 personas consumen o han consumido esta planta. Sin embargo, estos usuarios deben tratar con organizaciones delictivas para obtener la hierba. El acto de compra está cementado al de la venta y deriva en un delito.

La nación uruguaya se encuentra en la búsqueda del abatimiento del consumo y el narcotráfico y de la reducción de las ganancias del negocio local. El cobro de un impuesto específico permitirá obtener recursos para ampliar los programas de rehabilitación.

Aún no existe claridad ante el rol del Estado en la ley. Se desconoce si la función que empleará será de productor y vendedor de cannabis o si, por lo contrario, emitirá licencias a terceros que deberán actuar bajo su regulación.

Luego del alcohol, el tabaco y los psicofármacos, la marihuana es la cuarta droga más consumida en Uruguay.

MUJICA VS. ESPECIALISTAS

La situación de países que han avanzado y retrocedido en la reforma de sus políticas ante el comercio de esta planta, ejemplifican lo complejo de la legalización.

Estados Unidos vive una ola de cambio en el ámbito estadual, tanto en despenalización como en el uso medicinal. Holanda, por su parte, luego de décadas de venta regulada de marihuana en los cafés, decidió este año prohibir que los extranjeros accedan a ella y obligar a sus ciudadanos a registrarse previamente.

La cantidad a permitirse en Uruguay implicaría un consumo cotidiano de un gramo. Sin embargo, los especialistas explican que el uso «pesado» de cannabis se traduce en el suministro diario o casi diario.

Si las cifras oficiales son correctas, más de la mitad de los nuevos consumidores tienen entre 15 y 17 años. La marihuana se vende en las cercanías de casi todas las escuelas secundarias de este país, y cada vez más adolescentes fuman porros libremente por la calle.

La iniciativa uruguaya pone interrogantes incontestables sobre la mesa. Si logra convertirse en ley, será el primer paso en un territorio casi inexplorado por las políticas internacionales.