Cuando en 1985 se creó el Plan Nacional sobre Drogas, el mapa de la atención a los drogodependientes en nuestro país era prácticamente un erial. Casi dos décadas después, podemos hablar de una red asistencial tupida y dinámica en la que, con las asimetrías que cabe imaginar, la mayor parte de las personas con problemas derivados del abuso de drogas encuentran una respuesta adecuada a sus necesidades. Las personas drogodependientes tienen en común su dependencia de determinadas sustancias psicoactivas, pero difieren en todo lo demás. Su biografía, su familia, su personalidad y, en definitiva, todos aquellos factores personales y sociales relacionados con su dependencia, son por completo singulares. De ahí que, en el proceso de revertir su dependencia, el itinerario terapéutico a seguir haya de ser particular. En respuesta a esta evidencia, disponemos actualmente de una panoplia de recursos asistenciales amplia y diversa, que ofrece a cada persona los servicios que su situación precisa, tanto desde el punto de vista psicológico como farmacológico y social.

En este proceso de ajuste de las intervenciones a la realidad plural del abuso de drogas, en los años noventa comenzaron a generalizarse en toda Europa iniciativas conocidas genéricamente como «reducción de riesgos y daños». Estrategias de actuación orientadas a minimizar los principales efectos adversos derivados del abuso de drogas en aquellas personas que no se plantean abandonar su consumo, o que, tras diversos intentos infructuosos, no se sienten motivados para hacerlo de nuevo. Prescripción de metadona, intercambio de jeringuillas, salas de consumo higiénico, etcétera, son algunas de estas propuestas que han ido haciéndose un hueco en la batería de intervenciones ante el abuso de drogas. Unas y otras medidas configuran una respuesta asistencial susceptible de propiciar el abandono de las drogas entre quienes así lo deseen, y formas menos arriesgadas de consumo entre los demás.

Actualmente, en España reciben atención por sus problemas con las drogas ilícitas alrededor de 50.000 personas. Si bien la heroína continúa siendo la sustancia que motiva el mayor número de demandas de tratamiento, ha ido perdiendo peso frente a la cocaína y el cannabis, sustancias que, a pesar de gozar de mejor reputación, explican el 34% y el 17%, respectivamente, de los nuevos tratamientos, con incrementos sostenidos en los últimos años. Incrementos que, en el caso de la cocaína, se reflejan también en las urgencias médicas asociadas al abuso de drogas. Se dibuja así una situación que, en relación al cannabis, sigue un curso similar en la Unión Europea. Las nuevas demandas asistenciales (personas que no habían solicitado tratamiento antes) motivadas en la UE por el consumo de cannabis han pasado de algo menos del 10% del total en 1996 al 24,7% en 2001. Una evolución que requerirá considerables dosis de investigación y creatividad en los próximos años.

No puede sino reconocerse la evolución positiva de la asistencia terapéutica en nuestro país, y el considerable sufrimiento humano que está ayudando a reducir. Pero la consolidación de esta red asistencial pone de manifiesto la necesidad de una apuesta más decidida por la prevención. Frente a la ignorancia de hace algunas décadas, hoy en día existe una considerable evidencia acerca de la eficacia de la prevención en su objetivo de reducir el número de personas que se inician en el consumo de drogas o, cuando menos, de atrasar la edad de inicio en tales consumos. Disponemos también de estudios económicos que muestran la eficiencia de las inversiones económicas en políticas preventivas. Unas políticas públicas que fortalecieran la prevención evitarían considerables dosis de malestar individual y social, y permitirían un ahorro de recursos que, en estos tiempos de amenazas al Estado del Bienestar, podrían ser utilizados de un modo más eficiente. Un compromiso preventivo más resuelto por parte de las instituciones ayudaría a reducir el número de personas que se adentran en consumos problemáticos de drogas. El incremento del consumo habitual de cannabis entre adolescentes de 14-18 años, superior a diez puntos en diez años hasta situarse en el 22% actual, y el aumento algo menor del consumo de cocaína (3,1% de consumidores habituales en la edad mencionada), no son precisamente buenas noticias. Hablan de carencias en las políticas preventivas que quizás acaben teniendo consecuencias en los próximos años.
Ahora que Naciones Unidas nos recuerda con el lema elegido para celebrar el Día Internacional contra el Abuso de Drogas que el tratamiento funciona, es buena ocasión para seguir insistiendo en la relevancia de la prevención como apuesta de futuro. Una relevancia que, si bien pocas instituciones discuten, no siempre va acompañada de políticas estables y suficientemente rigurosas.

Firmado: Juan Carlos Melero

Director de prevención de EDEX

Publicado en EL CORREO ESPAÑOL el 26/06/2004