Los comercios destinados a la venta de bebidas alcohólicas por la noche y a través del servicio a domicilio llevan cerrados desde hace una semana por la entrada en vigor de la ley que pretende acabar con el botellón y el abuso del alcohol por los más jóvenes. Pero los propietarios de estos establecimientos aseguran que dicha ley «es inútil».
La Ley sobre Drogodependencias y otros Transtornos Adictivos aprobada el 18 de junio de 2002 ha motivado el cierre de varios comercios de la ciudad dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Este es el caso de los negocios de distribución nocturna de alcohol en bodegas o de empresas dedicadas a la venta a domicilio.
Pablo Cartagena, propietario de dos locales en la ciudad de Valencia de venta a domicilio de bebidas alcohólicas, aseguró ayer a LAS PROVINCIAS que dicha ley, que entró en vigor el pasado 18 de agosto, «ha provocado que tengamos que bajar la persiana de nuestros negocios porque nos afecta en todos los sentidos».
Este empresario tuvo que cerrar sus tiendas hace ahora una semana porque la actividad comercial que ejercitaba está, en estos momentos, penada por ley. En uno de sus artículos viene redactada la prohibición de «venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos, desde las 22.00 horas a las 7.00 horas del día siguiente». «Queda incluída, en esta prohibición, la venta celebrada en establecimiento comercial o por teléfono seguida del reparto a domicilio de los productos comprados, cuando el reparto se realiza dentro de la franja horaria indicada», concluye este artículo.
De esta manera, el producto que ofertaba Pablo Cartagena reunía todas los condicionantes para ser ilegal. Su actividad comercial se desarrollaba entre las 21.30 horas y las 4.00 horas del día siguiente y se trataba de un «servicio urgente de bebidas a domicilio».
No obstante, el propietario de este establecimiento asegura que la ley «es inútil si lo que se pretende es acabar con el abuso del alcohol por parte de los más jóvenes». Según este empresario, «lo que se tendría que hacer es especializar la venta y no seguir permitiendo la venta masiva, libre y barata de los supermercados».
Según este empresario, «la ley actúa especialmente sobre los precios y la disponibilidad y el servicio a domicilio tenía precios un 40%, incluso un 100% en determinados productos, más caros, por lo que el consumidor era mayor de edad, sin ninguna duda. Además, con el servicio a domicilio se consume en una casa y los menores de 18 años no tienen esta disponibilidad».
Desde que se aprobó la ley de 1997, conocida como «Ley seca», los empleados de este servicio a domicilio tenían obligación de solicitar el DNI a cada cliente. «Si uno de los motoristas volvía con algún pedido porque el cliente era menor de edad se le pagaba doble y conseguía un sueldo extra», afirmó el propietario de este negocio.
Varios comercios más, que reúnen las mismas características que el de este empresario, han sufrido la misma suerte, por una ley que estos afectados consideran que responde a objetivos «políticos y no en beneficio de la salud pública» aunque fue aprobada por mayoría en las Cortes Valencianas.
Lo que se consigue con esta ley «es un efecto inverso de lo que se pretende porque los más jóvenes seguirán comprando la bebida en los supermercados, a un precio más barato y con una accesibilidad menos controlada al ser más los establecimientos», comentó Pablo Cartagena. Por estos motivos, considera que el problema se solucionaría con «más tiendas de venta especializada donde se encarezca el precio y el control sea más exhaustivo».
