Uno recuerda con intensidad la década de los 70 cuando los problemas de las drogas empezaron a crear dificultades en las personas, las familias, los barrios… Pero también, la manipulación que existía sobre esta cuestión, que daba pie a la defensa de todo tipo de intereses ideológicos, políticos, etc. Por aquellas épocas no faltaban quienes defendían ante todo medidas represivas y los policías eran en no pocas ocasiones quienes iban a las escuelas a «prevenir». Mientras tanto muchas personas afectadas por diferentes sustancias quedaban abandonadas a su propia suerte. Es cuando aparecen movimientos y asociaciones de todo tipo, preocupados todos por atender las necesidades concretas de personas consumidoras, otras por hacer prevención.

En este caldo de cultivo surge el Plan Nacional sobre Drogas, previo debate animado desde las instituciones. El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) precisamente «es el resultado de un proceso de reflexión y debate de los partidos políticos, de profesionales, de las asociaciones de personas afectadas y del conjunto de la sociedad. Se pretendía dar respuesta a los nuevos modos de consumo generados a partir de los años 60 y, en especial, al consumo creciente de heroína, que había aumentado de forma importante en los años 70, con un impacto visible en miles de jóvenes y sus familias» ( PNSD, 2005)

Se pasó así de un modelo represivo que entonces era el dominante, a una modelo más social que asumía la complejidad del fenómeno de las drogas y entendía que su prevención y tratamiento correspondía a toda la sociedad y que el gobierno tenía que articular esta respuesta.

Muchos trabajos se han desarrollado, desde entonces, por parte de asociaciones, grupos profesionales e instituciones de todo tipo. Sin embargo, no parece que estemos en un momento de euforia. Al contrario, se habla del fracaso de la prevención, de la necesidad de cambios en las políticas, y no faltan quienes piden la legalización de las sustancias ilegales. Como no faltan quienes requieren medidas policiales, incluso en los centros educativos, para atajar el creciente consumo entre la población más joven.

Pero no es el momento de hacer valoraciones sobre el trabajo realizado, pues ya no falta literatura al respecto. Convendría, en cambio, ver el presente de las drogas y de su consumo, y analizar las respuestas que se dan, mirando al futuro.

Urge mirar hacia adelante con reflexiones y propuestas que, desde otra mirada, busquen un futuro mejor en la atención a las personas implicadas en el fenómeno de las drogas. No se puede dejar de lado el momento social en el que vivimos, dominado por la globalización que preocupa a Europa y a todo el mundo. Como tampoco se puede obviar que cada día es mayor el número de personas, profesionales o no, que piden una reflexión abierta sobre la cuestión de las drogas y su legislación. Se entiende que el denominado «problema de las drogas» está cargado no sólo de contradicciones, de tópicos y de intereses ocultos sino también de injusticias, exclusiones y sufrimientos de todo tipo.

La complejidad del fenómeno de las drogas difícilmente se deja atrapar entre las redes de cualquier teoría o explicación, dada la variedad de elementos personales y sociales implicados en esta cuestión. Por lo que tampoco existen respuestas fáciles a dar a este fenómeno social, donde más que las sustancias, han de preocuparnos las personas que, por circunstancias varias, recurren a las drogas. La denominada guerra contra las drogas no hace más que complicar los problemas, sobre todo, de aquellas personas que ya sufren la exclusión social.

No podemos volver a medidas represivas o simplemente informativas sobre los peligros de las drogas pues han mostrado no dar los resultados prometidos. Tenemos hoy mucha más información sobre todo lo relacionado con las sustancias, lo que permite ver el sentido y el alcance de los consumos de cada una de ellas. Hay muchos profesionales preparados para atender todo tipo de cuestiones relacionadas con este fenómeno. Existen abundantes servicios en marcha… Al contrario, habría que revisar los planes actuales, sobre todo, en su práctica, desde la conciencia de que no faltan carencias y limitaciones que cuestionan lo que estamos haciendo. Y no se trata de buscar culpables, sino de tomar conciencia de la realidad presente, reconocer que estamos ante un fenómeno complejo que cambia constantemente, revisar planteamientos que pueden ser erróneos, retomar confianza en las personas que por ley humana quieren vivir bien y recuperar también la fe en nuestra capacidad de encontrar respuesta a los problemas que hoy se plantean.

Como señala el Plan de Acción (PNSD, 2005), habrá que tener en cuenta los factores que «inciden en los modos de vida, en los comportamientos individuales y que condicionan la relación de la ciudadanía con las drogas» que son, entre otros:

– la intensidad y calidad del marketing y que la publicidad genera deseos y pulsiones de compra para satisfacer necesidades reales o artificiales,
– la menor tolerancia a la frustración,
– la sociedad de la competición,
– la presión para lograr éxito,
– el ritmo de vida acelerado, que pretende satisfacción inmediata.

Y, desde este conocimiento, recuperar la confianza en la educación, como el mismo Plan de Acción (PNSD, 2005: 22) señala:

La clave para disminuir el daño asociado al consumo de drogas, tanto para la persona como para la sociedad, es la educación, la formación de la persona para que sepa tomar decisiones inteligentes, que promuevan su desarrollo y su bienestar, y el del entorno en que vive.

Pero, ¿cómo conseguir que las personas consigan desarrollar esa capacidad de tomar decisiones saludables ante las drogas? La respuesta no es fácil, tanto por el conjunto de factores implicados en el consumo y en el abuso de las diferentes drogas como por las carencias actuales en relación con la acción educadora. Resulta evidente, de todas formas, que si el problema es social, no se puede resolver con respuestas centradas en el individuo, aunque éstas también sean necesarias.

Además, si la meta es «fortalecer la capacidad de toma de decisiones autónoma de la infancia y la juventud», (también de los adultos) habrá que aceptar la posibilidad de que las personas asuman riesgos, pues la educación nunca se puede equiparar a la manipulación y al control. Conseguir que niños, adolescentes, jóvenes y adultos tengan la capacidad de asumir decisiones saludables ante los retos de su vida, resulta una tarea compleja que exige recursos, dedicación y tiempo.

No se puede dejar de lado, por otra parte, que «la autoestima, la capacidad crítica y autocrítica, la tolerancia, la actitud positiva para resolver dificultades, la disposición a trabajar en grupo, la capacidad de soportar frustraciones, la actitud solidaria, la capacidad de asumir responsabilidades, etc, difícilmente se pueden conseguir en las personas con las actividades preventivas tradicionales, informativas o de control policial, cuando la sociedad actual camina por otros derroteros, donde el hombre adquiere su identidad a través del consumo, como recuerda Lipovetsky.

El Plan de Acción, sin embargo, aunque reconoce que el problema de las drogas es muy complejo, multifactorial, con implicaciones económicas, sociales, culturales y personales muy profundas, no explicita las exigencias de esa complejidad y multifactorialidad para la prevención y el tratamiento, cuando precisamente los factores económicos, sociales, culturales y políticos resultan determinantes básicos del fenómeno actual de las drogas. Es incoherente, pues, que la prevención se quiera resolver con medidas parciales y puntuales, por muy vistosas que sean, cuando el «problema» a resolver es complejo y multifactorial.

La respuesta a la cuestión de las drogas o es global o no sirve, como sostenía hace tiempo Del Olmo (2002). Esta intervención global implica ante todo redefinir qué se entiende por droga y, al mismo tiempo, iniciar la deconstrucción de las políticas actuales y la evaluación de los tratados internacionales vigentes. Incorporar además las diferentes dimensiones del fenómeno de las drogas, pero con su especificidad, e invertir los recursos en programas dirigidos al individuo y también en planes para el desarrollo social. Esta intervención global sobre drogas exige rescatar el concepto de seguridad humana frente al de seguridad nacional, donde el punto de referencia sea el individuo y sus comunidades, en lugar del territorio o los gobiernos y contemplar situaciones relacionadas con la gobernabilidad, la participación democrática, la pobreza, el bienestar y los problemas de salud y educación, todo vinculado al negocio de las drogas y a otros problemas de cada país.

Esta nueva perspectiva implica dotar a los individuos y grupos sociales de los recursos personales y comunitarios necesarios para afrontar tales situaciones. Asumir la importancia de la salud de todas las personas, exige disponer de recursos que faciliten no sólo la prevención del abuso de drogas sino también la inserción de los dependientes con dispositivos que permitan mantener o reconstruir los lazos sociales, lugares que posibiliten la autonomía de las personas y su capacidad de gestionar los problemas a los que tienen que enfrentarse en su relación con las drogas.

Habrá que poner en marcha, pues, ese conjunto de mecanismos que posibiliten desarrollar la capacidad de las personas para tomar decisiones saludables, para lo que no basta la formación y la educación, al menos, tal como ahora se desarrollan. Es la propia OMS quien nos lo recuerda cuando defiende la promoción de la salud. Son necesarias, como señala la Carta de Bangkok, políticas coherentes, inversiones y alianzas entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a fin de asumir cuatro compromisos fundamentales; a saber: que la promoción de la salud constituya una pieza clave de la agenda de desarrollo mundial, que sea una responsabilidad básica de todos los gobiernos, que forme parte de las buenas prácticas institucionales, y que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de la sociedad civil.

Mediante la promoción de la salud se pretende precisamente capacitar a la gente para que tenga un mayor control sobre su salud y sus determinantes, para lo cual se fomentan sus aptitudes personales, se aprovecha la acción de la comunidad y se potencian las políticas públicas idóneas, los servicios de salud y los entornos favorables.

Por esto, llama la atención que ante el preocupante consumo de drogas entre la población más joven, se recurra a la policía para evitar el consumo y el tráfico en el entorno de los centros educativos y no se movilicen todos los recursos del sistema educativo para proveer a los alumnos de la capacidad necesaria para tomar decisiones saludables no sólo antes las drogas sino frente a las dificultades de la propia vida.

Los planes políticos no tienen otra misión que organizar los esfuerzos de la sociedad para enfrentarse con los problemas sociales de la forma más eficaz y saludable para todos. En este sentido, la globalización y el movimiento de los derechos humanos constituyen nuevos retos para los planes de acción ante las drogas. No se puede confundir la política sobre drogas con la política de seguridad.

DEL OLMO, R. (2002), «La legislación en el contexto de las intervenciones globales sobre drogas».
VEGA, A. Y OTROS, «Drogas. Qué política para qué prevención. San Sebastián, Gakoa, pp. 267-292».
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (2005), Estrategia nacional sobre drogas 2000-2008. Madrid, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2005.

Amando Vega Fuente
Profesor de la Universidad del País Vasco