Un control estricto del consumo de alcohol por parte de los menores. La reunión celebrada en la mañana de ayer entre representantes de distintas administraciones asturianas en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sirvió para acordar una serie de actuaciones para controlar de una manera rigurosa la situación de los menores en la movida. Una de las principales novedades será la posibilidad de que la Fiscalía de Menores llame a declarar a los padres de los chicos encontrados en estado de embriaguez, o consumiendo alcohol en la vía o en cualquier establecimiento público.
A la reunión, convocada por el fiscal de Menores, José Alba, asistieron el fiscal jefe del TSJA, Gerardo Herrero; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento, Isabel Pérez-Espinosa; el defensor del Menor, Ignacio Vázquez; la directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Gloria Fernández; y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las policías locales de Mieres, Avilés , Gijón y Oviedo. Los agentes ovetenses estuvieron representados por el oficial Lorenzo.
El modo de actuación consensuado por los asistentes a la reunión parte de un mayor control policial del consumo de alcohol entre los menores en las zonas de marcha. Cuando los agentes encuentren un menor borracho o bebiendo alcohol, bien en la calle bien en un lugar público, recogerán sus datos personales y familiares con el objeto de elaborar un acta de intervención del suceso. Los datos serán comprobados, para evitar que puedan ser falsos.
Tras identificar al menor, y si fuese necesario por la precariedad de su estado físico, la policía trasladará al menor a un centro sanitario. En el caso de que esté en condiciones óptimas, le llevarán a su domicilio. Posteriormente, los agentes remitirán el acta de intervención a la Fiscalía de Menores. Al recibir el acta, el fiscal llamará a los padres para tomarles declaración en el juzgado.
La idea es implicar a los padres e investigar si existe algún tipo de dejación en sus funciones como tutores. El ministerio fiscal está amparado por la legislación vigente para tomar estas medidas de protección. «En Cantabria, los padres pueden ser multados económicamente, una posibilidad que no existe en Asturias», comentó Gerardo Herrero.
Los servicios sociales del Ayuntamiento podrían intervenir de oficio «cuando detectemos casos reiterados en algún menor», comentó Isabel Pérez-Espinosa. La edil popular dijo que las decisiones tomadas en la reunión suponen «dar un paso más en la protección de los menores» y recalcó la necesidad de implicar a los padres.
Este tema lo llevará directamente la Fiscalía de Menores, aunque el resto de los conflictos de la movida serán competencia del fiscal jefe del TSJA. «Voy a controlar personalmente» todo lo relacionado con precintos de bares y equipos de música. «Me voy a convertir en el fiscal de la movida», dijo Gerardo Herrero, haciendo gala así de su buen humor.
