Que un producto se muestre como un aliado de la salud, cuando en realidad es un serio peligro, es lo peor que le podría pasar a los consumidores. Especialmente en un momento en el que no solo el confinamiento, sino también la incertidumbre sobre el futuro durante la pandemia, han metido el bar en más de uno y dos hogares.
La industria de las bebidas alcohólicas, conocida en el argot internacional como la #BigAlcohol, es uno de los mejores ejemplos de lo que se entiende como un lobo con piel de cordero. Esta es la realidad de esta industria en todo el mundo, y España; lejos de ser una excepción, es uno de los modelos más claros y lamentables.
La ley antialcohol que nunca llega
La industria de las bebidas alcohólicas ha conseguido hacer recular a cuatro ejecutivos; dos del PP y dos del PSOE, y echar para atrás sendas propuestas de ley cuyo propósito era regular el sector en relación -principalmente, pero no de forma exclusiva-, con la publicidad y el acceso de los menores a esta clase de bebidas. Empezó en 2002 con el impulso del entonces ministro del Interior Mariano Rajoy; en 2006 de la mano de la ministra de Sanidad Elena Salgado; en 2013 fue la ministra de Sanidad Ana Mato la que se dio contra el muro y, en 2018, fue también la ministra de Sanidad, en este caso Dolors Montserrat, la última en saborear la derrota.
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