Este artículo de Talking Drugs pone de manifiesto el intento de reforma legislativa en Brasil que busca criminalizar la posesión de drogas. Esto ocurre unos meses después de que el Tribunal Supremo Federal reanudara una audiencia sobre la despenalización de la posesión de drogas para uso personal.
La medida, conocida como PEC 45/2023, ha sido impulsada por senadores conservadores y ha generado gran preocupación a organizaciones de la sociedad civil y activistas, que argumentan que dicha medida contradice las tendencias mundiales hacia políticas de drogas basadas en los derechos humanos. La propuesta fue aprobada por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado el 13 de marzo de este año, y se esperaba que fuera discutida durante cinco sesiones del Senado antes de ser sometida a votación. Sin embargo, durante la cuarta sesión, los senadores aprobaron una solicitud urgente para un debate temático sobre la PEC, posponiendo la sesión de votación para más adelante, con expectativas de que sea a finales de abril.
En contraposición a la medida, un grupo de organizaciones de la sociedad civil brasileña y activistas están coordinando una campaña pública y política contra esta medida. «La PEC 45/2023 va en contra de lo que el mundo está adoptando en términos de políticas de drogas, especialmente aquellas que siguen la reducción de daños, el apoyo social, la integración comunitaria y el respeto a los derechos humanos. Los estudios internacionales demuestran que la criminalización de las drogas no conduce a una reducción en el consumo y tiende a aumentar la violencia», afirma su declaración abierta.
Si se aprobara esta medida, dichas organizaciones advierten que habrá un aumento en la criminalización y estigmatización de las personas usuarias de drogas, así como un impacto desproporcionado en las comunidades ya vulnerabilizadas. «La PEC reforzaría el racismo estructural en el país, ya que impactará a los brasileños de manera dispar. Más personas serán arrestadas, tendremos más estigmatización y peores condiciones para cuidar la salud de las personas que consumen drogas», dijo Fran Silva, coordinadora nacional de la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas (RENFA).
“Al abstenerse de adoptar una postura audaz y progresista en la formación y aplicación de políticas de drogas, Lula corre el riesgo de permitir que el Congreso sitúe a Brasil en la vanguardia de la represión. En una nación con tanto potencial para revolucionar la forma en que abordamos las drogas, Brasil debería estar impulsando una reforma de la política de drogas modelada por las experiencias del Sur Global. Esto incluye apoyar el llamado audaz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para alejarse de la prohibición y la militarización hacia un enfoque que coloque la justicia social, económica y ambiental como principios centrales de la política de drogas. En cambio, la PEC puede llevarnos corriendo en la dirección equivocada”.
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