La Conselleria de Sanidad ha reclamado al Gobierno central que aporte los alrededor de 22 millones de euros al año para la asistencia de drogodependientes que le corresponden dentro del sistema de financiación sanitaria. El Ministerio sólo aporta 2,2 millones para programas en juzgados, comisarías y cárceles.

El gesto de la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, la valenciana Carmen Moya, de negar una subvención de 25.709 euros al Ayuntamiento de Valencia ha sumado una nueva reivindicación del Consell al Gobierno central.

La Conselleria Sanidad también exigirá a partir de ahora los 22 millones de euros que el Gobierno debería aportar, dentro del plan de financiación sanitaria, para el tratamiento de drogodependientes.

Hasta ahora, la Generalitat ha venido asumiendo el coste de la asistencia en ámbitos que corresponden a la Administración central como juzgados, comisarías y cárceles. “Además, en la parte de asistencia sanitaria no financia nada”, subrayó ayer el director general de Atención a la Dependencia de la Generalitat, Bartolomé Pérez.

Todo esto supone un coste de unos 24 millones, de los que el Gobierno sólo ha venido aportando 2,2.

Esfuerzo municipal

La subvención de 25.709 euros del Ayuntamiento iba destinada a la prevención de las drogodependencias mediante un torneo de fútbol infantil y cadete llamado Juego Limpio en el que participan más de 2.000 adolescentes. La delegada del Plan Nacional sobre Drogas, integrado ahora en el Ministerio de Sanidad y anteriormente en Interior, sí que ha accedido, sin embargo, a financiar otros 38 proyectos municipales con los bienes descomisados a narcotraficantes.

“Lo que han hecho con el Ayuntamiento de Valencia es una auténtica barbaridad, porque se trata de uno de los ayuntamientos de España que mayor esfuerzo dedica a la prevención de las drogodependencias”, lamentó Bartolomé Pérez.

La supuesta razón de la retirada de la ayuda al Ayuntamiento de Valencia es la falta de fondos. En este punto, el director general recordó que el Gobierno “pagó una campaña de prevención del consumo de cannabis que después no salió”.

“No puede ser que el Gobierno no ponga lo que le corresponde y que haga pagar a los ayuntamientos”, apostilló.

Recortes a la investigación

Además, Bartolomé Pérez censuró ayer que una de las primeras decisiones de los nuevos responsables del Gobierno en materia de drogas fuera “hacer prácticamente desaparecer” las subvenciones para investigación.

Ahora, según argumentó, apenas hay 300.000 euros y han quedado sin financiación importantes proyectos de investigación iniciados en la Comunidad Valenciana y otros puntos de España, pero que tenían proyección internacional.

“La delegada del Gobierno ni siquiera ha recibido a las sociedades científicas”, reprochó Pérez.