A primera vista son buenas noticias. Afganistán ha reducido este año su producción de opio, rompiendo la tendencia al alza que se venía produciendo desde el derribo del régimen talibán en 2001. Según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie cultivada con adormideras ha disminuido un 19% (de 193.000 a 157.000 hectáreas) en el último año. Sin embargo, el volumen total de opio sólo ha bajado de 8.200 a 7.700 toneladas (un 6%), debido a la mayor productividad de las tierras cultivadas.
«La marea del opio en Afganistán ha empezado a bajar», dice el director de la UNODC, Antonio María Costa, durante una visita a Kabul. Fuentes europeas se muestran más cautas. Ese ligero descenso no es tanto fruto del millonario esfuerzo de erradicación financiado por la comunidad internacional como de factores coyunturales, como la sequía que ha afectado a parte del país, el descenso del precio de la droga en unos mercados saturados y el aumento del coste de los alimentos.
El zar antidroga de la ONU reconoce que la erradicación manual de los cultivos ha sido un fracaso y defiende el rociado aéreo con herbicidas para acabar con las amapolas del opio de las que sale el 90% de la heroína que se consume en el mundo.
Pregunta. El descenso en la producción parece más relacionado con la sequía y el mercado. ¿No es un signo del fracaso de los esfuerzos internacionales?
Respuesta. Discrepo de esa interpretación auque es una pregunta legítima. En el informe explicamos esa reducción por dos factores. Uno, la actitud de los gobernadores, 18 de ellos mantienen una postura muy firme contra el cultivo (de opio). Han convencido, presionado e incluso intimidado a los agricultores, utilizando las shuras (consejos locales), los clérigos, para dejarles claro -igual que a ellos se lo dejó claro el presidente del Gobierno— que se les pedirán responsabilidades y se les castigará. También les han prometido recursos, infraestructuras y otras ayudas. Esa es la parte del león que explica lo sucedido. Es cierto que cuando se han dado malas condiciones climáticas, en algunas provincias, los agricultores han abandonado los campos, pero eso se ha sumado a una decisión tomada por muchos de ellos a principios de año de no plantar opio.
P. En cualquier caso, esa reducción de cultivos se ha limitado al norte, mientras que en el sur incluso aumenta la producción. ¿No agranda eso la división del país entre una zona libre de droga y otra cada vez más vinculada a su cultivo?
R. El año pasado el Gobierno me criticó por hablar de un «país dividido». Así que aunque reconozco que en los mapas se ve una clara línea divisoria entre el norte y el sur, o más precisamente entre el noreste y el suroeste, debemos precisar que el problema del opio se concentra en siete provincias. El resto o están libres de ese cultivo, o diez de ellas cultivan cantidades muy limitadas de droga.
P. Se asocia el cultivo del opio con la extrema pobreza de los agricultores, pero la producción se concentra en la zona más fértil. ¿Cómo se explica eso?
R. Es un error. Es la pobreza junto a la ausencia de control del territorio. Si el Gobierno controla el territorio, incluso cuando los países son pobres, no se dan ese tipo de actividades ilegales. La mayoría de África es pobre y no cultiva drogas. Lo que cuenta es el control del territorio y el Gobierno (afgano) tiene un control razonable de la mayor parte del país, pero su presencia en el sur es muy débil, de hecho está bajo control talibán.
P. ¿Por qué se produce entonces esa asociación?
R. Es tanto una excusa como fruto del clima de impunidad. Soy pobre, luego violo la ley y si no tiene consecuencias, vuelvo a hacerlo. Y la impunidad nos lleva de nuevo a la falta de control del territorio. Pero tiene razón, hay algunas estadísticas en el informe y si se mira al sur, donde se cultiva la mayoría del opio, el ingreso per cápita es el doble que en el norte, porque el sur es el granero del país, tiene una red de canales y una agricultura de regadío que no depende de la lluvia como en el norte.
P. El dinero de la droga se ha vinculado al ascenso de los talibán, pero también financia a muchos simpatizantes del presidente. ¿Coopera el Gobierno de Karzai lo suficiente?
R. Ha trabajado mucho, pero queda mucho por hacer. Si se refiere a la corrupción, se trata de un problema grave en el que están implicados altos funcionarios y hombres de negocios. Así que a la vez que hablamos de erradicar el cultivo, también tenemos que hacer comprender al Gobierno que la corrupción actúa de lubricante para la expansión del comercio del opio.
P. ¿Constituiría una diferencia significativa si pudieran hacer erradicación aérea, algo a lo que se opone Karzai?
R. La erradicación manual ha sido un gran fracaso. No me sorprende que apenas se hayan destruido 5.000 hectáreas de opio. Sé que es una afirmación que puede traerme problemas, pero cuanto más se concentre el cultivo en unas pocas provincias, y cuanto más intenso sea el cultivo en esas provincias, más efectiva será la erradicación aérea. Basta disponer de un avión para rociar cientos y cientos de hectáreas de un tirón. Sin embargo, Naciones Unidas tiene una política de atenerse a los deseos de los Gobiernos y el afgano, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, se opone a la erradicación aérea.
P. No es sólo el Gobierno, también algunos países como el Reino Unido o los militares estadounidenses…
R. He simplificado. Hay puntos de vista distintos dentro de cada país. El presidente de este país está en contra, pero hay ministros y gobernadores que están a favor. También algunos gobernadores. Igual en otros países. Habitualmente los ministerios de Exteriores están a favor, y las agencias de ayuda al desarrollo y los ministerios de Defensa, en contra porque no les gusta tener cosas volando sobre su zona. Incluso en la ONU, las opiniones están divididas.
P. ¿Está Afganistán al borde de convertirse en un narcoestado?
R. Depende. Si por narcoestado entendemos una economía dominada por las drogas, Afganistán está muy cerca de serlo. Si entendemos un país cuyos gobernantes están implicados en su promoción y tráfico, entonces no creo que sea el caso. Y cuando se mira al mapa y se ve que el cultivo, el refino y procesado se concentran en seis o siete provincias, lo que supone un tercio del país, el argumento pierde fuerza.
P.Entonces ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para ayudar a evitar ese riesgo?
R. Yo lo resumo en una g, una d y una s. G de buena gobernanza, que sólo puede venir del propio Gobierno; D de desarrollo, que tiene que ser financiado por los donantes extranjeros y S, de seguridad, que depende de la coalición.
