El porte y el uso de una dosis personal de drogas ha sido prohibido en Colombia, tras la votación de un proyecto de reforma constitucional en el Senado, por 60 votos a favor y 14 en contra.

La medida fue frustrada en seis oportunidades y ya comenzó a generar polémica en algunos sectores de la sociedad, que consideran que no ataca el problema de fondo, no es clara y no controla la venta.

Según el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, el proyecto no busca penalizar o recluir en las cárceles a las personas que porten la dosis mínima sino que a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), se le garantice una completa atención medica.

Sin embargo, precisó, la medida proporciona al gobierno las herramientas para intensificar la persecución y castigar a los distribuidores de droga en las calles. «Es un paso histórico el que hemos dado y nos permite contrarrestar el consumo y producción de narcóticos», dijo Valencia Cossio

El ministro culpó al ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, por el incremento del consumo de drogas en el país. «No sabe el mal que le hizo a Colombia cuando, en una sentencia, autorizó el porte y consumo de la droga. A partir de allí se disparó su consumo», afirmó el ministro.

«Solo se permitirá la dosis mínima en casos de prescripción médica. La reforma compromete al Estado a definir y asumir el pago de los tratamientos pedagógicos, profilácticos y terapéuticos, siempre y cuando el consumidor acepte el tratamiento», explicó el senador Juan Carlos Vélez, el coordinador del proyecto.

Para el vicepresidente Francisco Santos, aunque la ley no condenará al consumidor, sí aplicará algún correctivo jurídico. “Vamos atacar unos elementos más nocivos de la seguridad pública como es el micro narcotráfico que era aprovechado por la falta de legislación en el país. Por esto, pasamos de ser una Colombia de consumo bajo a una de medio. Con la ley se atacará a los ‘jíbaros’ de manera efectiva”.

La reforma deberá pasar aún por la mesa del presidente Álvaro Uribe Vélez y contar con la aprobación de la Corte Constitucional. En Colombia existen de 300 mil y 500 mil consumidores de alucinógenos. Atenderlos, dice el ministerio de Protección Social vale $120 mil millones de pesos.