Era la una de la tarde de un día cualquiera de mediados de 2006 cuando Francisco Castellanos, corresponsal de la revista Proce- so en Michoacán, México, salía de la Procuraduría del Estado. Sintió en su espalda el cañón de una pistola y escuchó la orden de que se montara en un auto que no conocía. Sus captores le informaron que pertenecían a la Empresa Michoacana, uno de los carteles de la droga más violentos del país azteca.

La incertidumbre se apoderó de Castellanos. No sabía si estaba secuestrado o «levantado». La diferencia no es sólo semántica. En el primer caso se pide un rescate por la persona. Si se trata de la segunda modalidad tiene dos finales posibles: la extorsión y la amenaza, o la muerte. En su caso se trató de la primera alternativa. A los integrantes del referido grupo no les gustó un reportaje que hizo donde narraba las actividades de los carteles y reflejaba la violencia y muertes que producían. Le pidieron que «le bajara a mis notas. Que no nombrara a los carteles.

Que dijera que las muertes eran simples ejecuciones, no atribuibles a ellos».

Le pidieron sus números telefónicos y le anunciaron que lo llamarían para que entrevistara a uno de sus jefes.

Castellanos y quien suscribe, junto a otro grupo de periodistas de varios países asistimos al Taller sobre Libertad de expresión en las Américas, realizado en San Diego, California, Estados Unidos, y promovido por el Instituto para las Américas.

Para el momento de su encuentro con este cartel, la autodenominada Empresa Michoacana tenía una nómina, según palabras de uno de sus integrantes, de 15 mil personas, con un presupuesto de cinco millones de dólares mensuales. «Quienes morían por culpa de ellos eran ladrones, extorsionadores, violadores. Que moría pura gente mala, como ellos». Eso le dijeron a Castellanos, quien entrevistó a uno de sus integrantes. Su caso refleja el de muchos periodistas en México, pero ha tenido más suerte, que 61 colegas, asesinados desde 2000 en el país azteca. En el presente año han muerto a manos del crimen organizado tres comunicadores.

No tiene dudas cuando dice que su país es el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Las acciones del crimen organizado han fomentado la autocensura. Son numerosos los medios que decidieron no informar sobre asuntos «policíacos». Otros no permiten que sus periodistas suscriban lo que escriben. Los reportajes son firmados por el «equipo de investigación o por la redacción. Es una manera de protegerse», aunque reconoce que no es totalmente segura. Dice que es normal que los periodistas se encuentran a las salidas de sus trabajos con hombres muy bien armados que tripulan camionetas en actitud amenazante. Reciben mensajes en sus celulares o les dejan notas en los parabrisas de sus autos.

OFICIO DE DESAMPARADOS

Lo peor de todo es que no hay muchos sitios a los que puedan recurrir.

«Funcionarios gubernamentales colaboran con el crimen organizado, son parte de esta maraña. No se conoce a todos los que están involucrados. Podemos conocer las cabezas visibles pero detrás de ellas hay muchas personas. Buena parte de la policía y los funcionarios judiciales están involucrados en el trafico. Hasta el director de combate contra las drogas estaba en el negocio», explica Castellanos con un dejo de resignación.

Poderoso caballero es don dinero, dijo alguien alguna vez y el que manejan los carteles de las drogas es cuantioso. Según datos del gobierno de Estados Unidos en 2008, «el narcotráfico obtuvo ganancias de 900 mil millones de dólares, monto que es más grande que la deuda de América Latina», dice Castellanos, quien llama la atención sobre un detalle: ningún banquero o funcionario de entidad financiera, tanto en México como en los Estados Unidos está en la cárcel. Cree que mientras no se ataque este aspecto del negocio de la droga, el mismo se mantendrá próspero. Asegura que los carteles mexicanos operan en 52 países, siendo Venezuela uno de ellos a través del cartel de Sinaloa.

¿LEGALIZAR EL CONSUMO?

Sergio Sarmiento, periodista de radio y TV y articulista en muchos medios impresos de México, comparte el análisis de Castellanos. Asegura que la censura a la prensa no proviene del gobierno, sino del crimen organizado.

«No hay negociación ni diálogo. Es pena de muerte». No ve una estrategia clara en la lucha que viene adelantando el gobierno de Calderón contra los traficantes de droga. «Son golpes a los panales que alborotan el avispero». Sabe que su opinión genera polémica pero la única salida que ve es la legalización del consumo de las drogas, a lo que asegura que se oponen, no solo buena parte de la sociedad, sino los policías, agencias gubernamentales y los narcos. Señala que el consumo en Estados Unidos se ha estabilizado pero en su país se incrementa.

Raúl Ramírez Baena, ex ombudsman de Baja California, México, y presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, señalaba en el referido encuentro que «hasta hoy, ninguno de los crímenes y desapariciones de periodistas ha sido esclarecido por las autoridades mexicanas, lo que refleja el alto índice de impunidad que hay en el país».

Reportaba que 2009 fue el año más peligroso para los periodistas en México ya que 13 comunicadores fueron asesinados. Para la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, la creación de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra periodistas creada por la Procuraduría General de la República «de nada ha servido».

Otra amenaza a la libertad de expresión en su país es el retiro de la pauta publicitaria de entes gubernamentales de medios que consideran críticos. Aplican la consigna esgrimida por José López Portillo cuando fue presidente, quien dijo que «no pago para que me peguen».

A Castellanos lo volvieron a «levantar» en noviembre de 2007. A los narcos no les gustó como elaboró la entrevista que le exigieron en el primer encuentro.

Le dijeron que el «jefe» quería hablar con él. «Estaba sentado en una mesa rodeado de gente armada, tomando tequila.

Me dijo que no le gustaba la entrevista, que se sentía traicionado. Le dije que mandara una carta de aclaración. Me respondió que él era ilegal, que no podía mandar carta de aclaración. Me soltaron a las tres de la mañana».

A pesar de las amenazas Castellanos no tiene entre sus planes cambiar de oficio. Le gusta mucho el periodismo, «lo llevo en la sangre. Trato de ser lo mas objetivo posible. Las notas sobre el tema no las suscribimos. Se firma redacción o equipo de investigación». Toma medidas de precaución.

Cambia su rutina constantemente, lo mismo que de camino para el trabajo.

Observa si lo están siguiendo. «Se vive con temor y la verdad que no es como en una guerra que tu sabes quien es tu enemigo. Aquí no sabes a quién te enfrentas. Le tienes miedo a las policías, a los agentes del ministerio publico. El gobierno es parte del narcotráfico», sentencia resignado.