La decisión del gobierno de Nueva Zelanda de aplicar un aumento del 40 por ciento en los impuestos al tabaco durante los próximos cuatro años (para 2016, el paquete de cigarrillos costará unos 15 dólares) tiene como razón poder cumplir, para 2025, el compromiso de que en el país se elimine por completo el hábito de fumar. Es decir, que Nueva Zelanda sea declarada «país libre de humo», para lo cual las autoridades no descartan seguir aumentando el precio del paquete hasta llegar a unos 76 dólares.
Por supuesto que ha habido todo tipo de reacciones ante esta medida, desde fumadores que creen que el gobierno no debería ocuparse de estos menesteres hasta representantes de algunas tabacaleras, que juzgan que medidas como ésta obligarán a los consumidores a recurrir al mercado negro. Sin embargo, los funcionarios recuerdan que, hasta ahora, se han registrado pocos casos de venta ilegal de cigarrillos, y, también que, desde 1986, ha habido una caída abrupta en las ventas, lo cual indica que aun aquellos fumadores que no han dejado el hábito están fumando mucho menos.
Las experiencias en todo el mundo, incluidas las hechas en la Argentina, demuestran palpablemente que cuando se empieza a hacer cumplir la ley, y se encaran acertadas políticas públicas de educación para combatir el cigarrillo, las comunidades responden bastante bien a lo largo del tiempo.
Pero hay un punto fundamental y es que el Estado debe controlar el cumplimiento de la ley sin ceder terreno. Por ejemplo, ahora se prorrogó por 120 días la resolución del Ministerio de Salud que obliga a las empresas de cigarrillos a cubrir las marquillas con imágenes y leyendas más directas sobre los daños que causa el tabaco. Se tomó la decisión porque se tuvo en cuenta que, debido al complejo proceso productivo y los tiempos requeridos para adoptar las nuevas exigencias regulatorias, las empresas no iban a poder cumplir a tiempo. Es de esperar entonces que desde mediados de octubre próximo se puedan observar ya los textos y las imágenes nuevos, que constituirán un avance en la normativa, según los expertos, basado en la evidencia científica y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Convenio Marco Antitabaco.
Debemos recordar que esta adicción implica una cuestión de salud pública de gran trascendencia sanitaria y social: el gasto por patologías relacionadas con el tabaco ronda el 16 por ciento del presupuesto nacional en salud. Por ello, además de las estrategias ya adoptadas, es también indispensable incrementar el precio de los productos elaborados con tabaco, una de las medidas más efectivas para combatir la adicción y evitar la iniciación de los jóvenes. Es necesaria la pronta reglamentación de la ley nacional, adeudada por el Poder Ejecutivo, y aumentar los controles a fin de garantizar un ambiente sano, según establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Significaría un gran logro, en este sentido, que el Congreso de la Nación ratifique finalmente el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), al que la Argentina adhirió en 2003, junto con 191 países.
